El alcalde de Huércal de Almería niega que bloqueara un expediente por casas ilegales y alega que hubo "dudas"

Archivo - Audiencia Provincial de Almería.

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ALMERÍA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Huércal de Almería (Almería), Ismael Torres (PP), ha rechazado este martes que paralizara deliberadamente la incoación de un expediente sancionador en materia de urbanismo por la edificación de viviendas sin licencia de obras al aplazar su firma bajo el motivo "voy a ver el expediente" al asegurar que procedió de tal modo ante las "dudas" que le suscitó el caso y sus sospechas de que la parcela en cuestión estaba ocupada bajo autorización municipal.

Así lo ha trasladado en la Audiencia Provincial durante el juicio que se sigue contra él por un presunto delito de prevaricación en el que la Fiscalía pide finalmente una pena de un año y tres meses de prisión, siete años de inhabilitación para cargo público y una multa de diez meses a razón de doce euros diarios al introducir una atenuante de dilaciones indebidas por una paralización injustificada de la causa ante unos hechos que se remontan a 2017.

En el juicio también se juzga al promotor de las viviendas que se construyeron de forma ilegal, quien ha reconocido los hechos y se ha conformado con la pena de nueve meses de prisión y multa de seis meses a razón de tres euros diarios pedida por el Ministerio Público por un delito contra la ordenación del territorio en sus conclusiones definitivas. Su defensa ha solicitado la suspensión de la pena privativa de libertad.

Torres, quien ha contestado únicamente a las preguntas de su defensa ejercida por el letrado Joaquín Monterreal, ha explicado que puso especial celo a la hora de supervisar la providencia que le hicieron llegar los funcionarios para avanzar en el expediente sancionador por una construcción ilegal en la parcela al tratarse de un asunto de disciplina urbanística, de modo que no firmó el trámite bajo la idea de reunirse con los trabajadores municipales para estudiar el asunto.

"Llamé a --el funcionario-- y le dije que había rechazado la firma porque me sonaba que la parcela estaba autorizada por el Ayuntamiento" en cuanto a su ocupación, ha explicado el primer edil huercalense, quien ha apuntado que durante todo el tiempo en el que el expediente quedó en suspenso se habría tratado de recopilar información adicional sin que se llegara a archivar el asunto.

Con ello, ha manifestado que el funcionario encargado de la tramitación del expediente se dedicó durante once meses, entre otras tareas, a indagar en la situación de la parcela, sobre la que constaba un acuerdo de la junta de gobierno de 2005 que autorizaba su uso residencia mediante una vivienda prefabricada, aunque el secretario municipal ha manifestado al respecto que este extremo se supo "muchísmo más tarde".

Asimismo, ha explicado que surgieron otras dudas para no avanzar en el expediente sancionador, como la situación social en la que se hallaba el afectado al tratarse de "un señor dependiente con hasta seis menores" a su cargo, así como la categoría del suelo, al desconocerse si era zona de dominio público o patrimonial, entre otras.

"Antes de dar un paso que pudiera comprometer al Ayuntamiento, decidí retirar la firma y preguntar primero", ha aseverado Torres, quien ha especificado que la providencia que se le entregó para la firma carecía de informes previstos conforme a la LOUA.

La actuación del regidor se ha visto respaldada por el testimonio del funcionario que se encargó de tramitar el expediente, quien ha explicado que después de que el alcalde de rehusara la firma de la providencia, se solicitó al archivo municipal las actuaciones previas y licencias que se habían hechos sobre el suelo, si bien ello constituyó una labor "ardua" dado que la búsqueda era en "formato papel".

El funcionario ha insistido en que se trataba de un asunto "complejo" al tiempo que ha manifestado que el expediente "no estuvo parado" sino "pendiente de tramitación", de modo que la documentación correspondiente a los permisos otorgados en 2005 "tardó en encontrarse".

"Cuando recibo ese rechazo --a la firma--, la pelota está en mi tejado, es parte de mi trabajo", ha añadido el funcionario a preguntas de la Fiscalía, que sostiene que la firma exigida a la providencia era necesaria para recopilar los informes preceptivos con los que iniciar y avanzar en el expediente sancionador.

EL ASUNTO "SE DEJÓ EN EL AIRE"

La Fiscalía ha mantenido que el asunto tenía "poco que estudiar" y que el alcalde de Huércal "dejó en el aire" la incoación del expediente al rehusar firmar el documento brindado por el funcionario a partir del acta de denuncia interpuesta por la Policía Local de Huércal de Almería.

"El acusado decía que sabía que había cuestiones previas y es eso lo que se le pedía, que se hiciera ese informe. Empezar es lo que se le pide con la firma", ha insistido en su informe final en el que ha señalado la investigación realizada por la Guardia Civil, para la que el documento se dejó de firmar "sin justificación" y por "voluntad" de Torres, ya que sus alegaciones no constituían "una verdadera justificación".

Para la Guardia Civil, "todo se basaba en la denuncia y en la providencia en la que se informaba lo que había que hacer", por lo que han interpretado que la paralización a la que se sometió el asunto durante 13 meses hasta la firma de la posterior alcaldesa Ángeles Castill (PSOE) "no fue una cosa efímera".

"Estuvo guardado en el cajón sin visos de reactivar", ha apuntado el agente quien, posteriormente, ha trasladado el sentido figurado de sus palabras en cuanto a la paralización de los trámites.

Para el fiscal, el alcalde actuó "a sabiendas" de que su acción era "contraria a la legalidad" solo con el fin de "evitar y paralizar la tramitación del expediente de inspección", el cual quedó en suspenso hasta que la nueva primera edil --que accedió al cargo mediante moción de censura-- "impulsó de nuevo el procedimiento firmando la referida providencia".

En cuanto al segundo acusado, ha reconocido que comenzó a edificar entre 2016 y noviembre de 2017 dos viviendas "sin licencia municipal" y en suelo "no urbanizable de especial protección", las cuales que se fueron ampliando sucesivamente hasta noviembre de 2017.

En un primer momento, el acusado realizó un vallado perimetral en una parcela ubicada en el Camino del Potro, donde una de las viviendas quedó dividida en cinco bloques cuadrados de 134 metros cuadrados en total, de los cuales los dos últimos datan de 2016. La segunda de las viviendas se corresponde con una edificación de 63 metros cuadrados junto a un almacén de nueve metros cuadrados.

Ambas, tras las sucesivas ampliaciones, quedaron sin finalizar, toda vez que tampoco podrían ser autorizables al asentarse en suelo no urbanizable de especial protección por planificación territorial o urbanística, posteriormente clasificado como suelo rústico con categoría de preservado.

El precio estimado de la demolición, según tasación pericial ascendería, a 15.528,84 euros. El expediente aún sigue sin resolver, según han explicado los testigos durante el juicio, que ha quedado visto para sentencia.