El presidente de la Diputación de Almería, entre los detenidos en la segunda fase del 'caso Mascarillas'

Archivo - El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y el diputado provincial de Turismo, Fernando Giménez - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, es uno de los detenidos este martes por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de una nueva pieza del caso 'Mascarillas' declarada secreta por el que el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, que trata de esclarecer supuestos contratos irregulares que habrían facilitado el cobro de comisiones.

Durante la jornada también han sido detenidos el vicepresidente segundo de la institución, Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), quienes ya estaban investigados judicialmente en la primera fase de este caso. En sentido figuran también como investigados o detenidos un hijo del alcalde de Fines, un técnico de Obras Públicas y dos empresarios.

La jornada de registros, que se ha extendido durante más de diez horas, ha finalizado tras el examen de las dependencias de la Diputación de Almería en compañía del presidente y el vicepresidente, quienes pasarán la noche bajo arresto en dependencias policiales hasta que sean puestos a disposición judicial.

El máximo representante de la institución, al que el PP ha suspendido cautelarmente de militancia a raíz de su arresto al igual que el resto de detenidos, pasará a disposición del órgano instructor previsiblemente en la mañana del día 20. El juzgado investiga los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.

La investigación llevada a cabo muestra indicios de que los investigados "hubieran colaborado o, cuanto menos facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podrían haber si destinatarios, entre otros".

El origen de esta segunda fase se remonta a las actuaciones practicadas en junio de 2021, cuando el entonces vicepresidente tercero y diputado provincial de Fomento Óscar Liria fue arrestado por la compra supuestamente fraudulenta en plena pandemia de mascarillas, guantes y equipos de protección individual (EPI) a través de un contrato de urgencia valorado en 2.036.186,24 euros, cuyo coste hecho efectivo al proveedor no alcanzó el millón de euros.

Los indicios de posibles 'mordidas' a través de aquel contrato dieron lugar a nuevas investigaciones que han llevado a la autoridad judicial a extender sus pesquisas para determinar si también podría darse el cobro de comisiones a través de otros contratos públicos de obras y servicios, algunos de ellos con el Ayuntamiento de Fines.

En este sentido, cabe señalar que tanto el vicepresidente segundo como el alcalde de Fines, ambos hasta ahora en sus cargos, ya se encontraban investigados en la causa principal en la que destaca el papel de Liria, sobrino del alcalde de Fines, quien fue apartado de la Diputación a raíz de este caso.

REGISTROS EN LA INSTITUCIÓN 

La segunda fase de la investigación se ha explotado desde las 8,00 horas de este martes con una totalidad de diez registros, entre ellos los de los despachos de Presidencia de la Diputación de Almería, donde se han solicitado expedientes y se ha procedido al precinto de ordenadores para su análisis.

El registro del Palacio Provincial se ha extendido durante prácticamente toda la jornada hasta pasadas de las 18,00 horas, cuando los agentes han dado por concluida esa fase y han acudido al edificio de la calle Hermanos Machado, sede del Área de Fomento, encabezados por el teniente coronel Antonio Balas, jefe de la Unidad de Delincuencia Económica de la UCO.

Además, se han registrado los domicilios particulares de varios de los sospechosos y las sedes mercantiles de sociedades que habrían participado en las actividades presuntamente delictivas. Dichas sociedades mantendrían relación con el resto de investigados en esta segunda fase.

CANALIZACIÓN DE FONDOS "ILEGALES"

Algunos de los implicados ahora detenidos no habrían tenido participación en la adjudicación presuntamente fraudulenta de los contratos, pero sí "en la posterior canalización de los fondos ilegales en el tráfico legal del dinero, lo que podría ser constitutivo de un delito de blanqueo de capitales".

El Juzgado de Instrucción también ha autorizado a los miembros de la UCO para llevar a cabo el volcado, visionado y copiado de comunicaciones privadas relacionadas con los hechos investigados, ha requerido documentación a la Diputación de Almería, al Ayuntamiento de Fines y a las mercantiles cuya actuación está siendo investigada.

Asimismo, ha ordenado medidas de aseguramiento patrimonial de los investigados a entidades bancarias, cajas de ahorro, cajas de seguridad y ha prohibido enajenar o vender propiedades inmuebles y vehículos a motor.

PRIMERA FASE DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación contó con una primera fase el 15 de junio de 2021 cuando la UCO realizó un registro en la sede del Área de Fomento de la Diputación y se detuvo a su entonces responsable, el que era vicepresidente tercero de la institución Óscar Liria, cuya vivienda también fue objeto de registro. El sospechoso, sobrino del alcalde de Fines, fue puesto en libertad tras un corto periodo de prisión preventiva.

El caso, que hasta ahora mantiene a 14 personas y a siete empresas bajo investigación judicial, parte de la adjudicación por parte de la Diputación de Almería de un contrato al empresario Kilian L.S., responsable de Azor Corporate Ibérica, para la adquisición de material sanitario a cambio de supuestas comisiones a un cargo público.

En este sentido, las investigaciones señalaban a Liria como la persona que habría propuesto el nombre de dicho empresario a la hora de realizar la contratación, que fue comentada a través de un grupo de WhatsApp que integraba junto con Giménez y el presidente de la Diputación y que obra en las actuaciones.

Durante aquel registro se hizo entrega del expediente de contratación del material sanitario con Azor Corporate Ibérica así como de otros 16 expedientes de obras adjudicados a la empresa Pulconar, cuyo administrador también es Kilian L.S.

El contrato investigado originalmente preveía la adquisición de 500.000 mascarillas así como monos de protección y guantes de nitrilo mediante el decreto firmado el 8 de abril de 2020 por un importe superior a los dos millones de euros a través de un expediente que se instruyó a través de Presidencia.

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