La Consejería de Justicia dice que está ultimando la redacción de un protocolo de depósitos judiciales

Actualizado: viernes, 28 agosto 2009 17:30

CÁDIZ, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Justicia y Administración Pública aseguró hoy que es "consciente del problema generado por los depósitos de vehículos y efectos intervenidos por la autoridad judicial". Por ello, dijo que está ultimando un Protocolo de Depósitos Judiciales para establecer los criterios de colaboración y coordinación que permitan mejorar su gestión.

En un comunicado, la Junta dijo que está elaborando dicho protocolo junto con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la Fiscalía Superior y la Secretaría de Gobierno. El objetivo, explicó, es fijar los criterios de colaboración que permitan mejorar la gestión de los depósitos judiciales y "optimizar" los recursos presupuestarios disponibles para tal fin.

Según indicó, la situación de los depósitos judiciales de bienes muebles se caracteriza por el "elevado tiempo de permanencia" de los bienes depositados --circunstancia que es "ajena a la Consejería de Justicia"--, que conlleva a una "saturación del espacio" destinado a tal fin, la "depreciación del valor de los objetos" y, sobre todo, el "cuantioso coste que supone para la Administración el pago por los servicios de depósitos prestados por los depositarios por periodos de tiempo tan prolongados".

Por ello, consideró "necesario" articular un sistema que consiga dar el destino legal de "forma eficaz y rápida" al mayor número de efectos judiciales posibles, pero también determinar con los depositarios el "alcance real" de la deuda reclamada.

La Consejería recordó que pertenece al ámbito jurisdiccional, es decir, a los Jueces y Magistrados, acordar el destino que deba darse a los efectos intervenidos en el transcurso de los procedimientos judiciales, si bien las propias normas penales y procesales contienen la previsión de la realización anticipada en determinados supuestos.

En este sentido, añadió que no en todo los supuestos corresponde a la Consejería de Justicia afrontar el abono de los costes derivados del depósito, como sucede cuando hay una condena en costas al acusado o demandado y posibilidad de hacerla efectiva.

De este modo, y dado el "elevado coste" que supone para los presupuestos públicos destinados a la Administración de Justicia el depósito en lugares apropiados de vehículos, aeronaves, embarcaciones y otras piezas intervenidas de carácter similar, es necesario "un esfuerzo conjunto" por arbitrar mecanismos.

Según dijo, estos mecanismos se establecerán bajo "el más escrupuloso respeto a la independencia judicial", para que en aquéllos casos en los que el bien depositado ya no resulte necesario a efectos del procedimiento judicial, o carezca de valor económico, se proceda con "carácter inmediato" a darle el destino legal que corresponda.

Finalmente, significó que esta medida conllevaría un ahorro de costes que permitiría destinar dichos fondos a "mayores necesidades" de la propia Administración de la Justicia.