SAN FERNANDO (CÁDIZ), 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de San Fernando (Cádiz) ha acordado la imputación del interventor y la tesorera del Ayuntamiento isleño en el marco del caso por el supuesto robo de 7,8 millones de euros cometido en la caja municipal entre 2002 y 2009.
En un comunicado, el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez (PSOE), ha expresado el "absoluto respeto" del gobierno municipal --PSOE-PA-- a las decisiones judiciales, en este caso reflejadas en el auto que imputa a dos funcionarios municipales.
Rodríguez explica que, nada más tenerse conocimiento del auto, fechado el 20 de julio, el gobierno local ha solicitado un informe jurídico con el objetivo de conocer las posibles repercusiones en el ámbito administrativo que puedan derivarse del auto judicial, así como las medidas que se puedan llevar a cabo.
El informe emitido desde la Secretaría General "especifica claramente que la competencia para la incoación, en su caso, de un expediente disciplinario contra los funcionarios reseñados corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, pues se trataría de una falta tipificada en la normativa básica estatal".
"No puede, por tanto, ser de otra manera, ya que la legislación determina con claridad a qué administración corresponde cualquier actuación disciplinaria sobre el personal funcionario municipal con habilitación de carácter nacional, no siendo en este caso el Ayuntamiento", concluye.
Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción número 2 de San Fernando se encarga de la instrucción penal por el supuesto robo de 7,8 millones de euros en la caja municipal entre junio de 2002 y abril de 2009.
Los principales imputados hasta ahora eran Clemente Ruiz y María José Lebrero por ser ambos los responsables de la caja en esas fechas. A lo largo de la instrucción, también han sido imputadas por un delito de blanqueo de capitales tanto la esposa como la suegra de Ruiz.
El Ministerio Público también interesó en su día la imputación de ocho miembros de una familia de origen marroquí con la que Clemente tuvo negocios comunes, por lo que entiende que pudo participar en los hechos.
DELITO DE ALCANCE EN LOS FONDOS PÚBLICOS
Como se recordará, el juicio contable por el robo en la caja de San Fernando se celebró a mediados de octubre de 2013, considerando el Tribunal de Cuentas que los hechos eran constitutivos de un delito de alcance en los fondos públicos cuyo principal cuantificaba en 7.665.733,92 euros --la diferencia de la cantidad inicial de 7,8 millones se derivaba de la prescripción de algunas de las responsabilidades--.
En su sentencia, el Tribunal de Cuentas estimó parcialmente la demanda interpuesta por el Ayuntamiento isleño y declaró responsables directos a Ruiz y Lebrero, a quienes condenaba a pagar al Consistorio los 7,6 millones de euros más intereses legales.
Asimismo, el tribunal declaraba la responsabilidad contable subsidiaria de los exalcaldes andalucistas Antonio Moreno y Manuel María de Bernardo, condenando a cada uno de ellos al pago de 29.350 euros más intereses.
