JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
El perito especialista en seguridad laboral que elaboró el informe de las causas del accidente en el que perdió la vida un obrero de 58 años de edad en 2002 en la bodega jerezana J.P.M. aseguró hoy, en la segunda vista del juicio, que el andamio desde el que cayó la víctima era "de los más baratos y más inseguros" y hubiera necesitado "barandillas de seguridad", ya que "había más riesgos".
En sus declaraciones ante el tribunal, subrayó que el fallecido cayó desde una altura de "cuatro metros", así como el "déficit" de las medidas de seguridad para realizar su trabajo al carecer del equipo de protección reglamentario --casco, cinturón de seguridad, botas, etcétera--.
En este sentido, indicó que la carencia de estos medios de prevención de seguridad eran constitutivos de una infracción "grave" al tratarse, en este caso, de la "causa de un fallecimiento". No obstante, aseguró que la bodega tenía contrato en materia de prevención de riesgos laborales.
En la segunda vista del juicio, que quedó visto para sentencia, también testificaron E.P.M. y A.P.M., administradores de la bodega y hermanos de uno de los imputados, J.P.M, que manifestaron que fue el propio trabajador fallecido quien les pidió que les facturara "como siempre" en su condición de autónomo, pero que la bodega diera de alta al peón de su confianza que le iba a ayudar en las obras "porque no quería jaleo de papeles".
Asimismo, la administradora de la bodega también manifestó que no le preguntó "en ningún momento" al obrero fallecido si estaba al día con los pagos a la Seguridad Social "porque me bastó su palabra", mientras que la defensa del empresario J.P.M. resaltó que la víctima "estaba dado de alta como autónomo desde el año 79", pero se encontraba al "descubierto" desde el año 96, fecha en la que "dejó de cotizar".
De igual manera, los dos administradores advirtieron ante el juez que el trabajador no mantuvo ninguna relación laboral con la empresa "desde el año 1992 al 2002", fecha en la que volvió a ser contratado "como autónomo" para realizar obras menores de remodelación en unas instalaciones de La Cartuja.
INFORMES FINALES
En el informe final, el Ministerio Público consideró "probado" los delitos de homicidio por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores presentados en su escrito de calificaciones que se le imputan al empresario y al apoderado de la bodega, F.L.R., al que se inculpa además de un delito de falsedad documental.
En este sentido, también consideró "probado" que hubo una "falsificación" del contrato de trabajo de la víctima "a posteriori" de su muerte "para eludir responsabilidades por incurrir en irregularidades laborales" y mostró su "conformidad" con el informe pericial presentado por la Policía Nacional, que concluía en que la firma que presentaba el contrato firmado con la víctima en su condición de autónomo para realizar esta última obra "era falso". Asimismo, el fiscal también concluyó en que existía un desempeño de la actividad laboral "de forma continuada" por parte del obrero fallecido "como un trabajador más de la empresa".
Por su parte, la acusación particular, ejercida por el letrado Alberto Pérez Miranda, que representa a la esposa y los nueve hijos del fallecido, destacó la "relación laboral ordinaria" que mantenía con la bodega jerezana, así como la vinculación "casi feudal" y "sentimental" que mantenía con la empresa.
La defensa, ejercida por el despacho de Juan Pedro Cosano, que pide la libre absolución para los dos imputados, calificó como "inhábil" el informe pericial policial que concluía con que la firma del último contrato de trabajo de la víctima era falsa y advirtió que la responsabilidad civil y subsidiaria del accidente del trabajador se debe a la "desidia" del fallecido al ser un "desastre" en su actividad "como autónomo" y no estar al día con los pagos.
Asimismo, resaltó que en el momento en el que se produjeron los hechos el empresario J.P.M. "no pintaba nada" en la empresa, puesto que su vinculación con la firma bodeguera había concluido en el año 2000 para montar otro negocio, pero mantuvo sus poderes notariales como consejero hasta el 2003, cuando se desvinculó legalmente de la empresa.
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