HUELVA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Huelva ha solicitado dos años de prisión para los siete acusados por delitos de prevaricación medioambiental y daños contra el patrimonio histórico por las obras que se llevaron a cabo en el Palacio de Doñana en 2015 "sin tener en cuenta la condición y protección del inmueble", según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press.
Esta solicitud viene derivada de la denuncia presentada por la Fiscalía de Huelva en 2016 por posibles delito de daños en el patrimonio histórico y de prevaricación en relación a las obras iniciadas en octubre de 2014 de remodelación acometidas en el Palacio de Doñana, sede de la Reserva Biológica de Doñana y ubicado en pleno corazón de la reserva natural homónima sobre suelo no urbanizable de especial protección.
En ese año el órgano de contratación de la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, publicitó un procedimiento abierto para promover estas obras y la instalación de Infraestructura Científico Técnica Singular (ICTS), cofinanciado con fondos Feder y con un presupuesto de 1,5 millones de euros, adjudicándolas finalmente a una empresa por algo más de un millón.
El escrito de acusación se dirige contra el secretario general del CSIC, A.S., el jefe de la oficina de supervisión de proyectos de la Subsecretaría del que fuera Ministerio de Industria, Energía y Turismo; el director de obra de la empresa que ejecutó los trabajos, el arquitecto proyectista, así como contra el entonces concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Almonte (PSOE) y la arquitecta y asesora municipales.
Así, a los cuatro primeros acusados el Fiscal les imputa un delito de daños al patrimonio histórico, por el que pide dos años de prisión; además como responsables civiles directos y junto con el CSIC, la empresa constructora y la de arquitectura, como responsables civiles subsidiarios.
De este modo, entiende la Fiscalía que "han de reparar el daño causado en el inmueble, reponiendo el mismo a la situación anterior a la obra ilícita, salvo aquello que resulte legalizable y, en caso de que no fuera posible, que se indemnice al titular del inmueble en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia".
Por otra parte, a los otros tres acusados los responsabiliza de un delito de prevaricación medioambiental por el que solicita dos años de cárcel, además del pago de una multa de 3.250 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez años así como el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por igual tiempo.
De este modo, el escrito de acusación recoge que las obras proyectadas por la empresa 'Novarquia Proyect and Management SLP, en concreto por el acusado JV, como arquitecto proyectista, y ejecutadas por la empresa Condisa SAU "pretendían una transformación integral de la parte del Palacio propiedad de la Administración Estatal y sede de la Reserva Biológica de Doñana".
Así, continúa, "se proyectó desde el primer momento y con la justificación del mal estado de conservación del edificio, un vaciado integral de las plantas baja y primera con una remodelación total de espacios y en concreto; demoliciones generales, sustitución de carpinterías de madera originales y tradicionales por otras de PVC, supresión de muros y construcción de nuevos tabiques".
Además, del cierre de puertas y sustitución de ventanas exteriores "por puertas de nuevo acceso a las habitaciones de los investigadores en el ala sur, nuevos baños individuales y armarios en las habitaciones de los investigadores, nuevas instalaciones de aire acondicionado, entre otras intervenciones".
Entiende la Fiscalía en este escrito que los acusados "obraron con una absoluto desprecio por la condición y protección de la que gozaba el inmueble, que data del siglo XVI-XVII y había sufrido reformas en los años 1972 y 1988".
Además, tenía protección específica en el PGOU municipal aprobado el 27 de Diciembre 2006; en concreto protección de grado 1 estructural como edificación dispersa en el territorio incluido en la ficha PA07 del catalogo Municipal de Bienes y Espacios protegidos, sin estar inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como BIC y siendo por ello su protección, competencia y responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento.
En base a dicha protección, el escrito recoge que "las únicas obras posibles y autorizables eran y son las de conservación y mantenimiento del edificio sin alterar sus acabados ni materiales, previo informe favorable de la oficina técnica municipal, y sin ser preceptivos informes previos de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para autorizar dichas obras".
Para finalizar, en el escrito se recoge que las obras se encontraban prácticamente concluidas a fecha 18 de enero de 2017, a falta de recolocación del mobiliario, "tal y como consta en informe de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía de fecha 3 de febrero de 2017".
