El Gobierno asegura que el deslinde en Doñana es "uno de los objetivos" para "blindar la preservación del territorio"

ALMONTE (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha asegurado que el deslinde de las marismas, correspondiente a los municipios de Almonte, Hinojos (Huelva) y Aznalcázar (Sevilla) es "uno de los objetivos y una de las obligaciones" de los marcos de actuaciones de Doñana para "blindar la preservación del territorio".

En atención a los medios antes de iniciar el Pleno Extraordinario del Consejo de Participación de Doñana, cuyo único punto del día es el informe sobre el deslinde, Morán ha señalado que la "perspectiva de Doñana es radicalmente distinta" en la actualidad.

"Sobre Doñana se cernían amenazas de distintas características que apuntaban a una degradación del espacio, pero mediante un proceso de diálogo y de amplio acuerdo conseguimos entre todos diseñar un plan de intervención que permite, primero, rescatar en Doñana algunos de los valores que habían sido deteriorados a lo largo de los últimos años. Por otro lado, garantizar de cara al futuro la pervivencia de un espacio por el que España, además, es conocida a nivel internacional", ha explicado.

Por ello, para "alcanzar esos objetivos", según ha detallado el secretario de Estado, se diseñó un plan de actuaciones entre la Junta de Andalucía y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

"Un marco de intervención que implica, por un lado, una estrategia de carácter normativo, de planificación de intervenciones en el territorio, pero también con su acompañamiento presupuestario. Y dentro de los dos marcos de actuaciones, uno de los elementos que aparecen recogidos por parte en este caso de la Administración General del Estado es desarrollar el deslinde del dominio público marítimo terrestre. Era uno de los objetivos y una de las obligaciones que incorporamos en ese proceso", ha asegurado.

En este sentido, ha explicado que un deslinde del dominio público marítimo-terrestre "determina cuáles son las condiciones administrativas en las cuales una determinada porción de terreno pasa a tener un marco de blindaje en la preservación de ese territorio". "No es el primer parque nacional en nuestro país en el cual se deslinda el dominio público marítimo terrestre", ha apostillado.

No obstante, ha reconocido que, como cualquier otro deslinde, "genera en el territorio distintas formas de entender cuál debe ser el alcance y los términos en los cuales se establece". "Es una figura que viene a reforzar las condiciones de restricción de aprovechamiento del territorio que establece la propia figura del Parque Nacional, y lo único que establece es la restricción de que no puede haber usos privativos que lesionen las características del bien público. Es decir, se garantiza la titularidad de un bien público que pasa a ser del conjunto de los ciudadanos", ha detallado.

Al respecto, ha indicado que la determinación de los límites del dominio público marítimo-terrestre "no modifica en ningún caso ni las condiciones ecológicas del espacio ni las actuaciones que se desarrollan dentro de ese mismo espacio".

"Teniendo en cuenta que es obligación legal de la administración deslindar la totalidad del litoral, lo que tendremos es una figura que blinda las condiciones públicas y ambientales del espacio que queda incluido dentro", ha reafirmado.

Además, ha asegurado que se ha seguido "toda una tramitación que está perfectamente regulada" y además "con la experiencia de que prácticamente la totalidad suele generar controversias en el territorio", pero "si se resuelve en términos de gestión administrativa, se acaba consolidando las características del deslinde", pero "cuando las discrepancias exceden de la capacidad de resolución en términos administrativos, son los tribunales los que acaban decidiendo".

"Cerca del cien por cien de los deslindes que han llegado a controversia judicial han sido confirmados por la Audiencia Nacional, lo cual creo que refleja el rigor con el que se desarrollan los procedimientos de deslinde por parte de la Dirección General de Costas", ha subrayado.

De este modo, Morán ha remarcado que el Consejo de Participación "harán su valoración", aunque ha señalado que "prácticamente todos los miembros han participado del proceso de información pública y han presentado sus alegaciones o observaciones".

"Hay quienes consideran que los límites fijados son excesivos y hay quienes consideran que los límites fijados deberían de ser más amplios que los que finalmente se han establecido. Pero eso es la condición de que cada quien tiene su propia visión", ha agregado.

No obstante, aunque la propuesta ya ha sido publicada en el BOE, se abre un plazo para la presentación de recursos por parte de "quien considere lesionados sus intereses o considere que es erróneo el planteamiento hecho, con lo cual cualquier interesado puede presentar un recurso frente a la resolución".

"La voluntad del Ministerio, como lo es en todos estos procedimientos, es recibir los recursos que se puedan presentar e intentar agotar en ese trámite último la posibilidad de conseguir el mayor consenso posible", ha finalizado.