Tribunales.- Condenan a 24 personas acusadas de tráfico de drogas y blanqueo de capitales

MÁLAGA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Málaga ha condenado a 24 personas que fueron acusadas de formar parte de un grupo dedicado a traficar con drogas y al blanqueo de capitales. Así, se considera probado que algunos de los procesados se dedicaban a la venta de sustancias estupefacientes, tras lo que se servían de familiares para ocultar las ganancias del negocio ilícito.

En la primera sesión del juicio, que comenzó a finales de septiembre, los principales acusados en este procedimiento ya se mostraron de acuerdo con los hechos por los que se les acusaba y con las penas solicitadas por la Fiscalía tras modificar sus conclusiones iniciales para rebajar algunas condenas. El juicio continuó para 14 procesados que no expresaron su conformidad.

Así, en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se señala que los investigadores detectaron la presencia en Málaga de un grupo de personas dedicadas al tráfico de drogas, entre las que estaba el principal procesado y su compañera sentimental; relatando una operación para vender cuatro kilos de cocaína, en la que intervienen otros procesados, también condenados.

Este matrimonio, dice la resolución, se valió de sus familiares próximos y de otras personas de confianza para ocultar y colaborar en esa ocultación del origen ilícito de los beneficios obtenidos por esta actividad de venta de estupefacientes. De hecho, uno de los hijos del matrimonio colaboraba en el tráfico de drogas y también se lucraba con los beneficios del negocio.

Así, la pareja se mostró conforme con la condena a dos años de prisión por un delito contra la salud pública y a otro año y medio de cárcel por el de blanqueo, más multa de 160.000 euros; mientras que al hijo de los anteriores se le impone tres años en total y multa de 130.000 euros por los dos mismos delitos. El resto de penas es de uno o dos años de prisión.

En ocasiones, esas terceras personas que ocultaban los beneficios utilizaban a su vez testaferros, también con vínculos familiares. La mayoría de los acusados, pese a no dedicarse a ninguna actividad laboral, no tener ingresos o, incluso, ser usuarios de programas sociales, aparecían como titulares de viviendas, fincas o vehículos, y, hasta, en algunos casos, de fondos de inversión.