El guardia civil acusado de utilizar su cargo para contribuir a desmantelar empresas lo niega

JAÉN 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El guardia civil acusado de utilizar su cargo para facilitar a terceros la compra a precios simbólicos de empresas que atravesaban dificultades económicas para luego desmantelarlas sin hacer frente a las obligaciones contraídas por dichas empresas, lo ha negado todo ante el tribunal que le juzga en la Audiencia de Jaén.

V.S.S., de 40 años y destinado al puesto de Bailén (Jaén), ha rechazado haber participado en nada que tuviera que ver con los hechos que se están enjuiciando y ha señalado que las consultas que hacía desde una de las bases de datos de la Guardia Civil formaban parte de la actividad policial que desarrolla en el día a día.

El guardia civil está acusado por el Ministerio Fiscal de aprovechar su condición de agente para acceder a las bases de datos de la Guardia Civil con el fin de conocer toda la información existente en los archivos policiales sobre las personas a las que se iban a comprar las empresas. Además se le acusa de usar dichas bases para conocer si determinadas personas estaban siendo objetos de investigación policial.

Asimismo, ha negado haber participado en conversaciones relacionadas con la compra-venta de empresas en dificultades. Lo que sí ha reconocido es que otro de los acusados en esta causa le prestó 25.000 euros en dos operaciones distintas porque necesitaba dinero cuando se estaba separando, dinero que supuestamente ya ha devuelto aunque no consta recibo alguno porque "había confianza".

También ha señalado que él avaló personalmente a este otro acusado en dos ocasiones. El Ministerio Fiscal ha apuntado hasta 72.330 euros en ingresos injustificados en la cuenta del guardia civil, de los que 21.000 ha atribuido el propio acusado a un patrocinio de un equipo de motos. El agente, actualmente en servicio, ha señalado que "nunca" ha tenido otro tipo de ingresos que no tengan que ver con su actividad en el Cuerpo.

En el banquillo, le han acompañado J.G.A., de 45 años, y M.A.A.M., como el supuesto intermediario y empresario, respectivamente, que se encargaban de ejecutar las operaciones de compra de las empresas.

J.G.A., el supuesto intermediario y la persona que ha asegurado haberle prestado dinero al Guardia Civil, ha indicado que él se limitaba a poner en contacto a empresas que pasaban por dificultades con posibles compradores, pero ha insistido en que él desconoce de los términos de las operaciones porque "yo no negociaba nada".

Ha admitido haber prestado dinero al guardia civil acusado en esta causa porque tenían una relación "personal" y que él le devolvió el favor avalándole dos préstamos, pero ha insistido en que las cantidades entregadas eran de carácter personal y también para el patrocinio de un equipo de motos.

"No soborno a nadie ni gratifico a nadie por información porque no lo necesito", ha dicho el acusado, que se dedica a la compra-venta de maquinaria usada y de chatarra.

Por su parte, el tercer acusado, el empresario acusado de comprar las empresas a precios simbólicos y no cumplir después con las obligaciones contraídas, ha apuntando que es él el "estafado" porque las dos empresas que compró tenían deudas y embargos que le fueron ocultados. También, ha declarado que no ha tenido relación alguna con el guardia civil encausado.

"Me acusan de estafa y yo soy el estafado", ha dicho M.A.A.M., al tiempo que ha señalado que está esperando a que haya sentencia para entonces demandar a las empresas que compró.

Según recoge el escrito del Ministerio Fiscal, los tres acusados tenían "un plan preconcebido" para "alcanzar la finalidad de ilícito enriquecimiento a costa del patrimonio ajeno". En su punto de mira estaban empresas que contaban con "un importante" inmovilizado material y que pasaban por dificultades económicas para hacer frente a las deudas contraídas, de las que en algunos casos eran avalistas o garantes los propios socios.

Fiscalía sostiene que uno de los acusados, J.G.A., se presentaba como intermediario de un grupo inversor que se dedicaba a la adquisición de empresas en situación de crisis y ofreciendo hacerse cargo tanto de las deudas de la sociedad como de los socios.

Añade el Ministerio Público que no se presentaba solo, le acompañaba V.S.S., que se presentaba ante los empresarios "haciéndoles conocer su condición de guardia civil, dando con su presencia en las negociaciones apariencia de credibilidad y solvencia a las afirmaciones" que realizaba el otro acusado.

Así, según señala el Ministerio Público, lograban que "los socios de las empresas en crisis económica confiaran en la realidad y legalidad de las intenciones de la sociedad interesada en adquirir" y que estaba representada por el tercer acusado M.A.A.M.

Los tres acusados han rechazado en sus declaraciones la versión del Ministerio Fiscal. El juicio está previsto que dure otros tres días más. El martes y el miércoles será el turno de la treintena de testigos citados a declarar y luego habrá otro día más, aún sin fijar, para las conclusiones.

Las tres personas que se han sentado en el banquillo están acusadas por Fiscalía de desmantelar dos empresas que adquirieron por el módico precio de un euro cada una.

La primera empresa comprada en 2014 para su posterior desmantelamiento tenía domicilio social en Jaén y se dedicaba a la explotación de canteras de grava y arcilla. Contaba con un inmovilizado en material y maquinaria superior al millón de euros.

La segunda de las empresas adquirida para su desmantelamiento con posterioridad a agosto de 2014 tenía sede en Mancha Real (Jaén) y su objeto era la producción, distribución y venta de energía generada por procesos de combustión de biomasa, así como a la comercialización de los subproductos generados en la actividad. En este caso, la empresa, según Fiscalía, tenía un inmovilizado en material e instalaciones superior al 1,7 millones de euros.

El Ministerio Público ha calificado los hechos como constitutivos de un delito continuado de estafa, un delito de alzamiento de bienes, dos delitos de cohecho y otro de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos.

Para V.S.M., el Ministerio Público reclama que se le impongan 12 años de cárcel por los delitos de estafa continuada, alzamiento de bienes y cohecho. Además, le pide 2.400 euros de multa por un delito de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos. A ello se le suma la petición de inhabilitación especial para empleo de guardia civil.

En el caso de J.G.A. le reclama doce años de prisión por los mismos delitos que el anterior. Para el último acusado M.A.A.M., la Fiscalía pide ocho años de cárcel por estafa continuada y alzamiento de bienes.

En lo que respecta a la responsabilidad civil se les reclama que indemnicen conjunta y solidariamente a los dos empresas con 1,7 millones para la que tiene razón social en Jaén y en un millón de euros para la de Mancha Real. Asimismo, se solicita que el tribunal declare la nulidad de las escrituras de venta de las participaciones de ambas sociedades.