SEVILLA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
Durante la segunda sesión del juicio que celebra la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla por las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), --pieza separada de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos y las ayudas supuestamente arbitrarias y sin publicidad--, las defensas del ex director general de Trabajo Juan Márquez y del ex director general del antiguo IFA Miguel Ángel Serrano han solicitado, al igual que el resto de acusados en su misma condición, su exclusión del procedimiento.
En esta pieza separada de las subvenciones autonómicas a Acyco están acusadas 12 personas, entre ellas varios exaltos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, como son el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá; los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera y el ex director general del antiguo IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano.
Además, están acusados Encarnación Poto como presidenta del consejo de administración de Acyco; el director de Recursos Humanos de la empresa, Gabriel Barrero; el abogado José Miguel Caballero; los directivos de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo, y Andrés Carrasco Muñoz, amigo de Francisco Javier Guerrero y prejubilado con cargo al ERE promovido en esta empresa pese a no formar parte de su plantilla.
Sobre el asunto pesa la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que condena a 19 de los 21 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, --entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán--, juzgados por dicha instancia a cuenta del procedimiento específico a través del cual eran canalizadas las subvenciones autonómicas con las que fueron financiadas los ERE presuntamente fraudulentos y las ayudas directas y supuestamente arbitrarias a empresas.
Y es que salvo Daniel Alberto Rivera, todos los ex altos cargos de la Junta afectados por esta causa correspondiente al ERE de Acyco fueron juzgados y además condenados por la Sección Primera de la Audiencia en la sentencia ya descrita, recurrida ante el Tribunal Supremo por las diferentes partes.
EL CRITERIO DE LA SECCIÓN SÉPTIMA
Pesa además el principio 'non bis in ídem', por el que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos, un principio señalado por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla con relación a las personas afectadas por el juicio celebrado por la Sección Primera de la Audiencia y saldado con la mencionada sentencia condenatoria para 19 de los 21 ex altos cargos de la Administración andaluza juzgados entonces; entre ellos, como ha sido indicado, Antonio Fernández, Agustín Barberá, Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Miguel Ángel Serrano.
En ese contexto, esta segunda sesión del juicio correspondiente a las ayudas autonómicas concedidas a la empresa Acyco ha estado también centrada en las cuestiones previas alegadas por cada una de las partes personadas en el procedimiento.
Así, las defensas de Juan Márquez y Miguel Ángel Serrano, como ya hicieran los abogados de Antonio Fernández, Agustín Barberá y Francisco Javier Guerrero, han invocado la decisión "firme, ejecutiva y de obligado cumplimiento" de la Sección Séptima de la Audiencia, insistiendo en la idea de que el juicio celebrado por la Sección Primera "englobaba a todas las ayudas" concedidas merced al mecanismo juzgado, con lo que media una "identidad de hechos" y el principio de que "no se puede juzgar a una persona varias veces por los mismos hechos".
Dado el caso, mientras los abogados de varios de los acusados no afectados por la sentencia de la Sección Primera respecto al denominado como "procedimiento específico" han solicitado el aplazamiento del juicio hasta que medie una resolución firme sobre dicho caso, invocando el principio de "seguridad jurídica" y la idea de que sería contradictorio juzgar a partícipes de unos hechos sin ser juzgados los autores de los mismos, la letrada de Márquez avisaba del "galimatías procesal" que constituye este juicio.
En cualquier caso, los abogados defensores de ambos exaltos cargos socialistas de la Administración andaluza han solicitado el sobreseimiento de la causa respecto a los mismos o su exclusión de la misma, con los argumentos ya descritos.
