SEVILLA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha defendido este miércoles ante el Pleno del Parlamento la aprobación "justificada" y por "razones de interés general", en mayo de 2015, del Plan de Protección del Corredor Litoral y ha señalado que se está estudiando la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de anular dicho plan por estar en funciones el Gobierno andaluz cuando fue aprobado.
José Fiscal ha comparecido ante el Pleno del Parlamento para informar sobre la posición de la Junta ante la decisión de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA de anular el Plan de Protección del Corredor Litoral aprobado por el Consejo de Gobierno andaluz en mayo de 2015 a causa de un motivo formal, debido a la falta de competencia del Gobierno en funciones para la aprobación de este instrumento de planificación territorial.
En esta sentencia, dictada a instancias de una demanda del Ayuntamiento de Barbate (Cádiz), el TSJA recuerda que el Gobierno en funciones debe limitar su gestión a "la administrativa ordinaria ausente de valoraciones y decisiones en las que entren criterios políticos, salvo que se motive debidamente la urgencia o las razones de interés general que justifiquen la adopción de medidas de otra naturaleza".
El consejero ha querido dejar claro el "respeto absoluto hacia las resoluciones de los tribunales", pero dicho acatamiento no es en absoluto incompatible con las utilización legítima de las vía del recursos. Ha señalado que al no ser una sentencia firme, el gabinete jurídico de la Junta está estudiando la posibilidad de plantear un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, ante el desacuerdo con la decisión judicial. Asimismo, pediría que la suspensión de la ejecución de la sentencia del TSJA para que la aplicación del plan no se vea afectada.
Fiscal ha defendido los pasos que dio la Junta para la aprobación del citado plan, cuyo objetivo es un modelo en la franja litoral donde la edificación no amenace los valores naturales. Ha agregado que dicho plan fue fruto de un largo procedimiento de participación de colectivos públicos y privados, durante dos años, y en modo alguno, fue fruto de una decisión puntual o precipitada. "Estaba justificada tanto la urgencia, aprobación antes del 27 de mayo de 2015, como el interés general", ha indicado el consejero.
Ha señalado que la no aprobación del plan en la fecha prevista hubiera obstaculizado protección de la franja costera por parte de la administración autonómica y ha querido dejar claro que la aprobación se llevó a cabo "sin mala fe alguna" y carecía de "toda orientación política".
El plan afecta a los 62 municipios litorales incluyendo en su ámbito los terrenos comprendidos en la franja de los 500 metros desde el dominio público marítimo-terrestre y aquellos otros exteriores que se consideran necesarios para garantizar los objetivos de protección, normalmente por tratarse de terrenos colindantes con suelos ya protegidos por la planificación ambiental o territorial. Esta franja tiene una extensión aproximada de 50.000 hectáreas y una longitud de costa de 859 kilómetros, excluyendo del ámbito a los suelos urbanos.
Según el consejero, el plan parte del principio de considerar el corredor litoral como un recurso territorial de interés regional, cuya protección y preservación aportará valor añadido a una oferta turística de mayor calidad. Protege el 55 por ciento de la superficie del ámbito, lo que supone un incremento de la superficie protegida del 50 por ciento, pasando de 18.000 a 27.000 hectáreas. El suelo protegido se concentra en las provincias de Almería, Huelva y sobre todo, Cádiz, que son también las de mayor longitud de litoral y las de mayor proporción de espacios de protección ambiental.
PP-A: "UN DESPROPÓSITO DESDE EL PRINCIPIO"
Por su parte, la diputada del PP-A Arancha Martín ha dado por hecho que la Junta acabará presentando recurso de casación ante el TS y ha indicado que la aprobación del plan de protección del corredor del litoral fue un "despropósito desde el principio", porque se impuso una norma vía decreto a pesar de que hubo suficiente tiempo para remitir un proyecto de ley al Parlamento.
Ha lamentado además que el consejero acuse permanentemente a los ayuntamientos de llevar a cabo un "urbanismo salvaje". Ha querido dejar claro que los "desmanes urbanísticos" que ha habido en esta comunidad tienen "nombres y apellidos, Junta de Andalucía", que es la que tiene la competencia final para aprobar la planificación urbanística. Ha mostrado su preocupación por que Andalucía esté dando una imagen "de inseguridad jurídica y de falta de estabilidad normativa".
La diputada de Podemos Mercedes Barranco ha señalado que, como consecuencia de la sentencia del TSJA, se ha creado una situación de inseguridad jurídica que puede tener "efectos perversos sobre la salvaguarda del patrimonio costero". Ha señalado que el litoral andaluz debe estar blindado ante los "ataques especulativos de empresarios que, de la mano del PP, no dudan en cometer barbaries en nuestro litoral". En su opinión, el plan aprobado por la Junta, aunque podía haber sido más valiente, sí era un buen instrumento para la protección y puesta en valor de nuestra costa y "una vacuna contra la corrupción urbanística".
El parlamentario de Ciudadanos Carlos Hernández, que ha expresado su respeto a la sentencia del TSJA, ha indicado que no pone en duda que el plan puede ser muy positivo para proteger el litoral, pero el tribunal ha señalado "la gravedad de aprobar con un defecto de forma" este instrumento. "No se trata del contenido, sino de la forma en que se ha aprobado el plan", según ha señalado, apuntando que es "realmente grave que un Gobierno en funciones" tome una decisión de ese tipo.
El diputado de IULV-CA José Antonio Castro ha señalado que Andalucía tiene la necesidad de que se protejan los valores ambientales de todos los terrenos próximos a la costa y de que preserven sectores costeros que aún no han sido urbanizados. A su juicio, se necesita un plan de protección del litoral en manos de la Junta que ponga freno al "deterioro" que ha sufrido la costa andaluza por la especulación urbanística y ha lamentado que haya ayuntamientos, "sobre todo del PP, que haya celebrado" la sentencia del TSJA, frotándose las manos ante la recuperación de proyectos urbanísticos.
El parlamentario del PSOE-A Julio Millán ha defendido la decisión "valiente y responsable" de la Junta de aprobar ese plan en mayo de 2015. Su aprobación, según ha señalado, respondió al "interés general" por la necesidad de proteger cientos de hectáreas del litoral de la comunidad. Ha lamentado que se haya "alegrado" de la sentencia del TSJA.
