La Junta exige al Gobierno que retire el reglamento de costas por ir "en contra" de Andalucía y sus sectores productivos

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MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha exigido este miércoles al Gobierno que retire el borrador de reforma del reglamento de costas por ir "en contra" de Andalucía y sus sectores productivos. "No se ha hecho una valoración económica de lo que va a suponer esta modificación".

Así se ha manifestado la consejera antes de intervenir en la comisión general de las comunidades autónomas del Senado para exponer la posición del Gobierno andaluz sobre la reforma del reglamento. Catalina García ha afeado al Ejecutivo que "no se ha leído las alegaciones" presentadas. "No se han tenido en cuenta porque no ha dado tiempo material. Se ha publicado directamente el borrador y tienen que escucharnos".

La titular de Sostenibilidad ha apuntado a los sectores andaluces afectados por esta modificación, como es el caso de la pesca, la hostelería --chiringuitos-- e incluso viviendas. "Con esta modificación, hay expedientes que ahora están en trámite que se quedarían totalmente afectados porque les estamos cambiando las reglas del juego en medio de la tramitación", ha lamentado.

El PP y varias comunidades autónomas gobernadas por los 'populares' han defendido este miércoles desde el Senado una iniciativa que, entre otras cosas, plantea una moratoria para todos los procedimientos de deslinde del dominio marítimo terrestre, suspendiendo "cuantas acciones de reversión, ocupación, caducidad o demolición".

Así consta en uno de los puntos de la iniciativa que ha presentado el PP este miércoles en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, con la que buscan elevar al Pleno la suspensión de la demolición de los edificios afectados por la Ley de Costas. En la defensa de este punto estarán presentes también los consejeros de Galicia, Andalucía, Cantabria, Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha explicado que se plantea una moratoria para el derrumbe de todas las edificaciones afectadas por la Ley de Costas, "que puedan implicar cualquier tipo de limitación o pérdida de los derechos de propiedad privada o concesionales de los ciudadanos que se encuentren afectados por los procedimientos antes citados".

La iniciativa de los 'populares' consta de diez medidas y, entre otras cosas, reclama "una revisión ordenada, seria y consensuada" de la Ley de Costas y de toda la normativa del litoral, así como solicita "la convocatoria de manera urgente" de la Conferencia Sectorial. El PP hará uso de su mayoría absoluta en el Senado para sacar esta iniciativa adelante en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, pero se elevará al Pleno para su convalidación definitiva.

El Gobierno aseguraba hace unos días que garantizaría la participación de todas las comunidades autónomas litorales en la modificación del Reglamento General de Costas solicitando expresamente su informe. El Ejecutivo ya había llevado a cabo una reforma del Reglamento de Costas en 2022 que, sin embargo, fue anulado en 2024 por el Tribunal Supremo por un defecto de forma, al omitirse el trámite preceptivo de consulta pública.

Además, recalcaba que el objetivo principal de la reforma es adaptar la normativa a las exigencias de la Comisión Europea en materia de transparencia y concurrencia competitiva, sin alterar los criterios técnicos de deslinde ni afectar a las concesiones de carácter no económico. "El Gobierno considera que estas medidas garantizan la seguridad jurídica y la gestión integrada del litoral conforme al marco comunitario", resaltaba.

Asimismo, señalaba que la modificación del Reglamento General de Costas no contempla una reducción de los plazos de concesión vigentes en el dominio público marítimo-terrestre, sino que prevé ampliar a 75 años el periodo para cultivos marinos, desde los 50 años aprobados en la legislación de 2014.

Por otra parte, indicaba que se han respetado los plazos establecidos en la normativa vigente durante lo que lleva de tramitación de esta modificación de este Reglamento y no se han reducido respecto a lo contemplado en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Gobierno. De esta manera, explicaba que la intención del Ejecutivo de cambiar el Reglamento se ha sometido a consulta previa desde el 4 hasta el 19 de febrero de este año. Una vez recabadas las observaciones se ha elaborado un borrador de texto, que ha sido sometido a audiencia e información pública desde el 9 de marzo hasta el 1 de abril de 2026.

El dictamen del Consejo de Estado se solicita en un momento posterior de la tramitación y según dice el Gobierno se recabará de acuerdo con lo establecido en la normativa. Por último, ha señalado que la propuesta normativa no coincide con el texto del Real Decreto por el que se modifica el Reglamento General de Costas que fue declarado nulo por el Tribunal Supremo (TS) en enero de 2024 debido a la falta de consulta pública durante su elaboración.