GRANADA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Empleo ha impuesto una multa de 15.000 euros por una infracción grave a la empresa de telemarketing, con ramificaciones en Granada, Jaén y Málaga, que está siendo investigada por la Fiscalía Superior de Andalucía por la supuesta contratación fraudulenta de discapacitados para cobrar subvenciones públicas de la Junta.
Según han informado a Europa Press fuentes del Gobierno andaluz, esta empresa, un Centro Especial de Empleo llamado 'MKF Center Contact S.L', aún debe enfrentarse a tres sanciones menores, de unos 3.300 euros en total, por otras irregularidades cometidas en el ámbito laboral respecto a este mismo caso.
No obstante, la imposición de estas multas se encuentra a la espera de que los servicios jurídicos de la Delegación de Empleo de la Junta en Granada determinen si pueden ser resueltas por la titular de este departamento, Marina Martín, toda vez que la empresa ha interpuesto una querella contra ella y otros altos cargos de la Consejería de Empleo por el supuesto impago de las subvenciones que le fueron concedidas.
Concretamente, se debe determinar si esta denuncia hace incompatible que la delegada provincial de Empleo firme las resoluciones contra MKF, aunque las mismas fuentes aseguran que de ser así, se hará cargo otro organismo superior.
Fue el sindicato CCOO quien motivó, con su denuncia contra la empresa, que el Ministerio Público investigara los hechos después de que algunos trabajadores despedidos trasladaran a la Federación Granadina de Discapacitados Físicos y Orgánicos (Fegradi) las posibles irregularidades.
Según los datos que baraja el sindicato, la empresa se dedicaba a contratar a discapacitados de forma indefinida y a tiempo completo (requisitos necesarios para recibir las máximas subvenciones), pero después se les despedía sin razón aparente. Luego contrataba a nuevas personas que a su vez también eran despedidas.
Los trabajadores manifestaron que habían sido sometidos a condiciones laborales "vejatorias y contrarias a la legislación laboral y a las normas de prevención de riesgos laborales y que se habían sentido maltratados, humillados, acosados y estafados", por las prácticas de la empresa, que, entre otras cosas, según CCOO, hacía firmar a los empleados un contrato indefinido y nada más firmar se les obligaba a tomar vacaciones; les obligaba a firmar nóminas que luego no cobraban; no les facilitaban las adaptaciones del puesto de trabajo (subvencionadas por la Junta de Andalucía) necesarias para que las personas con discapacidad realicen su trabajo; o se les ofrecía nula información en prevención de riesgos laborales.
Asimismo, enviaba a personas con movilidad reducida a vender productos fuera de las instalaciones de la empresa sin facilitarles ningún medio de locomoción ni pagarles el desplazamiento; y en otros casos, personas con hipoacusia (pérdida parcial de la capacidad auditivia) eran destinadas a atender el teléfono.
CCOO ha cifrado en un millón de euros el posible fraude de esta empresa y calcula que puede haber más de 150 trabajadores afectados.
