Junta rechaza una "discusión de solidaridad" sobre reparto de menores migrantes y tiene "dudas de su constitucionalidad"

SEVILLA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha sostenido este lunes, jornada en la que se cumple el plazo que dio el Gobierno para el cumplimiento voluntario por las comunidades autónomas de la acogida de menores migrantes procedentes de Canarias, que "Andalucía es una tierra solidaria" y por ello ha inferido que "no tenemos que demostrar nada", por cuanto ha esgrimido que "somos un territorio de llegada" y, en consecuencia, "no estamos en una discusión de solidaridad con nadie".

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla tras visitar la sede de la consultora Deloitte, y tras precisar que será "la consejera competente en esta materia", en referencia a la titular de Inclusión Social, Loles López, quien informará de la petición del Gobierno sobre la cuota de menores migrantes que le correspondería a Andalucía, ha afirmado que "estamos estudiando, a través de nuestros servicios jurídicos, la respuesta que pudiéramos plantear ante esta decisión porque hay dudas de su constitucionalidad".

Ha advertido que "no es positivo, en una materia como esta, en la que las comunidades autónomas tenemos competencia, es tener que acatar imposiciones, sin diálogo" y ha reclamado entonces "trabajar con cooperación, con lealtad".

Tras subrayar el argumento de "ese carácter de imposición que recibimos", el consejero de la Presidencia ha apostado por "una inmigración ordenada y regulada", con la idea de que "los inmigrantes son personas, no son un paquete de Amazon que te los mandan", de manera que la actitud hacia las comunidades autónomas es "ahí tiene usted, le mando tantos", antes de advertir que "eso no es así".

Sanz ha avisado sobre "privilegios" en la recepción de los menores migrantes procedentes de Canarias y se ha remitido aquí a la gestación del acuerdo, fruto de "un acuerdo con los independentistas" y que la premisa de reparto ha sido "nosotros no acogemos inmigrantes y los demás sí", por lo que se ha quejado de que "con nosotros no ha hablado nadie".

Ha deducido que esta distribución de los menores migrantes entraña que "un gobierno de España ceda a un nuevo chantaje del independentismo y nos obligue al resto del país a imponernos unos criterios".

Ha esgrimido que cada comunidad "asuma una responsabilidad", al tiempo que ha apuntado que "la competencia es del Estado en esta materia", que "se lo han dicho los tribunales", y por esto ha considerado que "lo que no puede pretender el Gobierno es que nosotros aceptemos imposiciones y no haya recursos para hacer frente", mientras ha considerado que "la situación es insostenible para todos, por lo menos, para los que llevan muchos años acogiendo emigrantes".

El consejero de la Presidencia ha apuntado una frontera para ese acuerdo en el reparto de menores migrantes, que sería "a partir del 100% de cobertura de las capacidades que tiene cada comunidad autónoma", momento en que ha sostenido que debería apelarse a "la responsabilidad por parte del Gobierno de España", y dentro de ella, "una financiación y soporte para dar solución a este asunto".

Sanz ha apelado de fondo a "una labor de control de frontera, de reforzamiento de control de frontera, de una labor diplomática fundamental", ante la idea de que "estamos en el momento más bajo de retorno de inmigrantes de la historia", hecho que ha atribuido a que "no se ha trabajado", convencido de que "hay una dejación de responsabilidades por parte del Gobierno de España muy clara".

Ha augurado, entonces, de que si "no se complementa" con el papel del Gobierno la distribución de menores migrantes entre las comunidades, "dentro de dos meses volveremos a tener este problema".