Organizaciones sociales registran en el Parlamento una ILP para "garantizar el derecho efectivo a la vivienda"

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SEVILLA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones sociales como Facua Andalucía, CCOO-A, UGT-A, la Red Vecinal Andaluza, la PAH y la Plataforma por la Ley Integral de Barrios Vulnerables han registrado en el Parlamento de Andalucía una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para promover el derecho a una vivienda diga y asequible en la comunidad y "garatizar el derecho efectivo".

De esta manera, desde Facua han subrayado que la Iniciativa Legislativa Popular se configura como una "respuesta de la sociedad civil frente a la situación de emergencia habitacional" que sufre la comunidad autónoma de Andalucía y de la urgencia de que se configuren políticas públicas para lograr que la vivienda vuelva a cumplir una función social que actualmente no tiene. Así, se ha generado una brecha entre su precio y la capacidad económica de los ciudadanos.

En Andalucía, los datos señalan que las familias deben destinar cerca del 40% de sus ingresos para poder acceder a una vivienda. En este marco, la ILP plantea el reconocimiento de la vivienda como un derecho subjetivo exigible y un servicio de interés general alejado de las dinámicas del mercado y la especulación, para "revertir así un modelo que ha convertido este derecho en un mecanismo de extracción de rentas".

En esta línea, el texto incide en la necesidad de intervenir de forma directa el mercado con la finalidad de frenar la escalada de precios. Así, introduce la declaración obligatoria de zonas tensionadas, la limitación de los precios del alquilar y la compra en función de la capacidad económica de los hogares y el establecimiento de mecanismos específicos para controlar la actuación de los grandes tenedores de vivienda.

La ILP también recoge medidas destinadas frenar la proliferación de las viviendas de usos turísticos o la acumulación de viviendas vacías, como la limitación de licencias turísticas, la creación de registros de vivienda desocupada, la imposición de un canon específico para incentivar la movilización del parque inmobiliario y el impulso de la vivienda protegida y un parque público de vivienda.

Por su parte, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha explicado que el objetivo primordial de la propuesta es "romper con la inercia de las políticas que benefician a las grandes constructoras y fondos buitre para centrarse en las necesidades de la mayoría social".

"Esta ILP ha sido diseñada para atender a la ciudadanía y resolver los conflictos habitacionales en el corto, medio y largo plazo", ha indicado.

Asimismo, la dirigente sindical ha detallado que la propuesta incluye "un paquete de ayudas inmediatas para la juventud y los colectivos más vulnerables, además de un plan estructural para ampliar, proteger y blindar el parque público de vivienda protegida frente a la especulación inmobiliaria".

"Exigimos que se mire a la cara a los andaluces y las andaluzas para solucionar su problema de acceso a la vivienda construyendo en nuestra tierra un derecho real y efectivo para las familias trabajadoras y para muchos jóvenes de nuestra tierra", ha añadido.

López ha ratificado que la ILP cuenta con una memoria económica sólida para asegurar su cumplimiento efectivo por parte del Gobierno andaluz.

Al respecto, ha indicado que "la norma propone la creación de un fondo de recursos públicos que se nutrirá de los presupuestos de la Comunidad Autónoma y de la recaudación de los impuestos generados por la actividad de la vivienda en la región, gravando especialmente a los grandes propietarios".

López ha criticado también los efectos de la masificación turística y la turistificación, que según ha advertido, "están provocando el desahucio de los vecinos de sus propios barrios y dificultando el acceso de los jóvenes a un hogar digno. Para paliar esta situación, reclamamos la implantación de una tasa turística autonómica que garantice que quienes visitan Andalucía contribuyan a sufragar el derecho a la vivienda de las familias".

López ha instado a los grandes operadores turísticos a comprender que el modelo actual es insostenible para quienes residen en las ciudades andaluzas y ha añadido que "es fundamental que los visitantes entiendan que tienen que pagar para que las personas que estamos aquí, para que nuestros hijos e hijas puedan tener una vivienda y puedan vivir con dignidad".

En ese sentido, la dirigente sindical ha exigido un compromiso real con las personas trabajadoras frente a los intereses especulativos.

Finalmente, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha animado a toda la ciudadanía andaluza a participar activamente en la recogida de firmas para que esta propuesta llegue al Parlamento autonómico.

Finalmente, la secretaria de Políticas Sociales de UGT Andalucía, Maribel Román, ha subrayado la necesidad de "equilibrar la situación actual del mercado de la vivienda", enmarcando que, aunque se trata de un bien patrimonial, "es fundamental dar un giro de 180 grados para situar la vivienda como un elemento esencial para cualquier proyecto de vida".

Román ha advertido de que muchas familias destinan actualmente más del 30% e incluso del 40% de sus ingresos al pago de la vivienda, lo que compromete seriamente su estabilidad económica. En este sentido, ha defendido que "es imprescindible una intervención integral de las administraciones públicas para construir más vivienda, pero, sobre todo, que sea accesible", garantizando que las unidades familiares no tengan que dedicar más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler o la hipoteca.

Asimismo, ha incidido en la necesidad de actuar sobre los factores que tensionan el mercado, apostando por "poner límites a la proliferación de viviendas turísticas, movilizar las viviendas vacías y dotar de instrumentos financieros eficaces, como el Fondo Andaluz de Garantía Habitacional, que permita equilibrar la situación actual".

Por ello, tal y como ha subrayado, la ILP plantea un cambio de paradigma en las políticas de vivienda al considerar este derecho como un servicio de interés general y no como un mero bien de mercado. Desde esta perspectiva, la propuesta sitúa el derecho a la vivienda en el centro de la acción pública y establece como objetivo prioritario garantizar que su coste no supere el 30% de los ingresos familiares.

Entre las principales medidas recogidas en la iniciativa se encuentra el refuerzo de la función social de la propiedad, priorizando el interés general frente a dinámicas especulativas, así como la declaración de zonas tensionadas donde sea necesario para intervenir en el mercado y contener los precios.

Asimismo, la ILP contempla el impulso decidido del parque público de vivienda, el incremento de la reserva de suelo para vivienda protegida y la puesta en marcha de mecanismos para movilizar viviendas vacías, favoreciendo su incorporación al mercado con fines sociales.

La propuesta también incluye la regulación del uso turístico de la vivienda, con el objetivo de evitar la expulsión de vecinos y vecinas de sus barrios, así como el desarrollo de medidas de protección frente a los desahucios, garantizando alternativas habitacionales para las personas afectadas.

Como "elemento clave", la iniciativa plantea la creación de un Fondo Andaluz de Garantía Habitacional que permita dotar de financiación estable a las políticas públicas de vivienda y asegurar su eficacia a medio y largo plazo.

Las organizaciones promotoras han destacado que esta ILP pretende dar una respuesta estructural a la crisis habitacional que atraviesa Andalucía, reforzando el papel de las administraciones públicas y garantizando el acceso a una vivienda digna como un derecho efectivo.