SEVILLA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los letrados del PP-A y Manos Limpias, acusaciones populares del juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla contra los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos por el procedimiento específico por el que se concedían ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, han mostrado su adhesión a las cuestiones previas planteadas por la Fiscalía, entre las que resalta la petición a la Sala de un pronunciamiento sobre la "delimitación" del objeto de enjuiciamiento de este proceso.
En concreto, la Fiscalía, en sus cuestiones previas presentadas la semana pasada en esta causa, solicitó un "previo y expreso" pronunciamiento de la Sala que confirme la delimitación objetiva de la causa realizada en el auto de incoación de procedimiento abreviado, planteando "devolver las actuaciones al Juzgado de Instrucción" para "acomodar" el procedimiento abreviado a los pronunciamientos de la Sección Séptima para que los encausados no puedan ser juzgados doblemente.
De otro lado, y con el fin de evitar la "indefensión" de los acusados, pedía aclarar que el presente enjuiciamiento "sólo se refiere al diseño del denominado procedimiento específico" sin que se someta a este juicio cada ayuda sociolaboral o a empresa de forma individualizada, pues, de ser así, se tendrían que incorporar el testimonio íntegro de todas y cada una de las piezas separadas ya incoadas --104-- y las otras 170 ayudas que no cuentan con pieza incoada a día de hoy, así como la testifical de todas las personas que ya han prestado declaración en las mismas.
A este respecto, el abogado del PP-A, Luis García Navarro, ha comenzado su intervención este lunes, cuando se han retomado las sesiones para que las partes presentadas en la causa respondan a todas las cuestiones previas planteadas, solicitando al tribunal, presidido por el magistrado Juan Antonio Calle Peña, que se admitan todas las cuestiones previas planteadas por el Ministerio Fiscal, mostrando la adhesión de esta acusación popular a las mismas.
A su juicio, está "en mano" de la Sala la responsabilidad "histórica" de resolver conforme a derecho "la inseguridad jurídica en la que nos encontramos". En este sentido, García Navarro ha apuntado "las distintas y contradictorias" posiciones en los pronunciamientos de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial resolviendo autos de apelación, en línea a lo expuesto por el Ministerio Público.
Éste, en su escrito de cuestiones previas, indica que en estos autos se "interpreta" que la causa del procedimiento específico "engloba el enjuiciamiento también de ayudas singulares", lo que para el fiscal es una interpretación "no uniforme en el tiempo y contradictoria" con resoluciones previas dictadas por la propia Sección Séptima y que "supone de hecho una ampliación del objeto del proceso que produce cierta y evidente indefensión a la acusación pública y al resto de partes".
Para el letrado del PP-A, esto "impide que conozcamos cuál es la delimitación del objeto de enjuiciamiento", pues el auto de procedimiento abreviado "se refiere al mal llamado procedimiento específico".
En este sentido, García Navarro ha indicado que, con posterioridad al auto de procedimiento abreviado, la Sección Séptima, "la misma que validó la división de las piezas", se ha "reinventado" una delimitación jurídica, no por acusados, sino por delitos", estableciendo que "quien esté acusado en este procedimiento no puede ser acusado en las piezas separadas, atribuyendo a este procedimiento el enjuiciamiento de los hechos propios de las piezas separadas".
Por ello, la representación del PP-A ha concluido que la redefinición del objeto de la causa "no es una cuestión cerrada, sino que con posterioridad al mismo --objeto de la causa-- se ha ido modificando desde fuera, en concreto, desde el Juzgado de Instrucción número 6 y la Sección Séptima de la Audiencia".
En este sentido, García Navarro ha hecho referencia al último auto del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, dictado el 10 de enero de 2018, referido a las ayudas a los extrabajadores de la Faja Pirítica de Huelva, donde "se vuelven a excluir" a los ex directores generales de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera, los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández y el exviceconsejero Agustín Barberá, todo "sobre la base de la interpretación de la Sección de la Séptima, si se juzga aquí --en esta causa-- no se puede hacer en la piezas separadas".
"NO ESTAMOS LEGÍTIMADOS" PARA PEDIR LA RESPONSABILIDAD CIVIL
Por otro lado, el PP-A ha hecho referencia en su intervención al recurso de amparo presentado al Tribunal Constitucional por la Junta de Andalucía, "la gran perjudicada por la actuación de los acusados", por "la indefensión sufrida porque después de pedir el sobreseimiento de la causa, se le impide pedir la acción civil".
Además, por este hecho, "la acusación pública como la particular renunciamos a pedir la reclamación de la responsabilidad civil de los acusados, ya que no estamos legitimados".
De otro lado, el abogado Rafael Prieto Tenor, representación del sindicato Manos Limpias, ha mostrado igualmente su adhesión a las cuestiones previas planteadas por el Ministerio Público.
