SEVILLA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
El informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre el III Plan Integral para la Inmigración en Andalucía (2014-2016) ha apuntado la diferencia entre el presupuesto inicial y su ejecución presupuestaria por cuanto "el importe de gasto ejecutado presenta una desviación respecto al presupuesto estimado de 335.055.069,84 euros, que se obtiene por diferencia entre el gasto estimado inicial (1.257.275.102,05 euros) y el importe de gasto ejecutado corregido (922.220.032,21 euros)".
El informe de fiscalización del III Plan Integral para la Inmigración en Andalucía, ha indicado la Cámara de Cuentas a través de una nota, que "el 97,28% (897.172.312,64 euros) del gasto ejecutado responde a algún tipo de cálculo o estimación frente al 2,72% (25.047.719,57 euros) que se identifica con obligaciones reconocidas en los presupuestos (gasto presupuestario) de los respectivos centros gestores".
El propósito del informe ha sido evaluar si "el III PIPIA cumple con los principios de eficiencia, eficacia y economía" a través de una fiscalización operativa que ha sopesado su diseño y planificación, el sistema de seguimiento y control, el nivel de implantación y desarrollo y el nivel de ejecución presupuestaria y suficiencia de los recursos.
El informe de la Cámara de Cuentas ha puesto de manifiesto que "se ha verificado que la forma de calcular o estimar el gasto ejecutado no es homogénea, sino que se realiza por cada centro directivo de acuerdo a los datos disponibles. Así como que existe un grado de concentración muy elevado del gasto ejecutado, ya que tres medidas (3.1.1, 1.2.1 y 1.1.2) representan el 87,12% del gasto sobre el total".
"No existen datos y criterios consensuados que permitan estimar y cuantificar el importe total de gasto presupuestario que conlleva la ejecución del III PIPIA", ha sostenido la Cámara de Cuentas.
En cuanto al cumplimiento de los objetivos específicos previstos, el organismo fiscalizador ha argumentado que "se han alcanzado el 46,27% (93) en su totalidad y el 34,83% (70) de forma parcial. No se han cumplido el 18,91% (38). Se ha constatado que 30 (de los 163) objetivos ejecutados se han realizado con presupuesto nulo y, por tanto, con recursos de los propios centros gestores".
Prosigue el análisis del organismo fiscalizador para señalar que "el 63,57% (328) de las medidas se han ejecutado, el 2,33% (12) lo han hecho parcialmente y no se han realizado el 34,11% (176). Se han identificado 332 indicadores asociados a medidas ejecutadas que no presentan valores ya que los sistemas de información disponibles no permiten obtener la información necesaria para cumplimentarlos".
La Cámara de Cuentas ha indicado en su informe que "el 42,94% (146) de las medidas ejecutadas están dirigidas de manera específica a la población migrante", pero ha apuntado seguidamente que "el restante 57,06% (194) son medidas dirigidas a toda la población en la que los inmigrantes se convierten en receptores como el resto de colectivos".
El organismo fiscalizador externo señala que la población extranjera representa el 7,39% de la población empadronada en Andalucía en 2016 y ha señalado que el III Plan Integral para la Inmigración en Andalucía se aprobó por el decreto 124/2014, así como que tomaba el relevo del I Plan Integral para la Inmigración en Andalucía (periodo 2001-2004) y el 'II Plan Integral para la Inmigración en Andalucía 2006-2009'.
El informe pone de maniifesto que el presupuesto estimado para ese escenario temporal alcanza los 1.257.275.102,05 euros, que se distribuye en 11 áreas de intervención. La metodología de intervención incluida en el plan desagrega las áreas de intervención en 67 objetivos específicos, 172 medidas de actuación y 524 indicadores para cada uno de los ejercicios que abarca.
La Cámara de Cuentas ha señalado sobre el diseño y planificación del plan que "se ha constatado que los diferentes centros gestores y directivos no disponen de un adecuado conocimiento del conjunto de las áreas y objetivos, y su participación se concreta en la gestión de aquellos en los que son responsables, por lo que a pesar de tratarse de un plan de carácter transversal no hay un conocimiento generalizado en la organización".
El organismo fiscalizador ha apreciado en su análisis, sobre la estructuración y vertebración del plan, "deficiencias en las características, y una falta de unidad y homogeneidad en la formulación de los objetivos, medidas de actuación e indicadores que conforman la metodología de intervención, con ausencia de unos criterios previos en la enunciación, falta de claridad y se han detectado duplicidades y solapamientos".
En relación con los indicadores, ha apuntado la Cámara de Cuentas que "no reflejan la consecución de los objetivos y sólo captan realizaciones y no resultados, a veces engloban en un solo indicador varios parámetros como el número, tipología y gasto de las acciones".
Sobre los indicadores, ha sostenido la Cámara de Cuentas que "aunque mayoritariamente los indicadores están relacionados con los objetivos específicos y las medidas de actuación del plan, existe un elevado volumen de indicadores que presentan incidencias en algunas de las características individuales que afectan a la cualidad del objetivo que pretenden medir y que no proporcionan información o la que muestran no es relevante", por lo que ha concluido que "la ausencia de criterios e indicadores de resultados dificultan el análisis y seguimiento permanente de la ejecución del plan".
"El sistema de control y seguimiento del Plan ha resultado ineficaz, se han identificado deficiencias en los valores presentados en los informes técnicos de seguimiento y en la evaluación externa final de los indicadores y de ejecución presupuestaria. No existe un procedimiento estandarizado en la organización, elaboración, mantenimiento y custodia de los datos que remiten los centros gestores de la información relativa al III PIPIA", ha argumentado la Cámara de Cuentas.
"La dispersión y amplitud de objetivos y medidas que contempla el plan reduce la eficacia del gasto", ha concluido la Cámara de Cuentas sobre el III Plan Integral de Inmigración de Andalucía, que ha sostenido que "la ausencia de una coordinación y participación conjunta a nivel de planificación y ejecución presupuestaria ha afectado a la asignación de los recursos y su uso eficiente".
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