El PSOE-A pedirá a la Junta en el Parlamento una "auditoría independiente" sobre el impacto de las rebajas fiscales

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha registrado una proposición no de ley para su debate en el Pleno del Parlamento andaluz en la que se pide a la Junta que encargue una "auditoría independiente, evitando los vínculos entre altos cargos del gobierno y consultoras privadas, sobre del impacto de las rebajas fiscales aplicadas desde 2019", incluyendo la supresión del impuesto de patrimonio, la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones y la reducción del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, "con especial referencia a sus efectos sobre la desigualdad social y la financiación de servicios públicos esenciales".

Éste es uno de los puntos recogido en la iniciativa del PSOE-A, que lleva como título "defensa de la transparencia para frenar el tráfico de influencias y el beneficio de intereses privados en Andalucía". En la proposición no de ley se pide a la Junta que a elabore, en el plazo de tres meses, un informe detallado sobre el impacto económico y social de las deducciones y rebajas fiscales aprobadas desde 2019, con especial referencia a "su repercusión en la financiación de los servicios públicos esenciales y en el deterioro del estado del bienestar" y que sea remitido al Parlamento y publicado en el Portal de Transparencia.

Se le demanda además revertir "las bonificaciones fiscales aplicadas a las empresas del juego privado, reponiendo los niveles impositivos anteriores a 2019, y a destinar los ingresos recuperados a reforzar los programas de prevención de la ludopatía y atención a personas afectadas, especialmente entre la juventud".

Asimismo, se pide a la Junta que encargue una evaluación integral e independiente del impacto real de los decretos leyes de simplificación administrativa, "con especial atención a las garantías ambientales, urbanísticas, económicas y sociales que hayan podido verse debilitadas", que presente, en el plazo máximo de seis meses, una propuesta de reforma que revierta "las disposiciones más lesivas para el interés general, garantizando procesos de consulta pública previa y mecanismos de control y transparencia en la tramitación de futuros proyectos estratégicos".

Otra reclamación a la Junta es que, en el plazo máximo de dos meses, remita al Parlamento y publique en el Portal de Transparencia todos los informes, estudios o auditorías, tanto públicos como encargados a consultoras privadas, que hayan servido de base para la aprobación de los decretos leyes de simplificación administrativa y para la adopción de las deducciones y rebajas fiscales desde 2019.

Se pide a la Junta que impulse, en el plazo máximo de tres meses, un marco normativo que prohíba "la contratación de auditorías, informes, asesorías o cualquier otro servicio de consultoría con empresas o entidades privadas vinculadas directa o indirectamente a exaltos cargos" de la administración autonómica, durante un período mínimo de cinco años tras su cese, al objeto de "evitar conflictos de interés y prácticas de puertas giratorias". Se plantea que ese marco incluya un registro público de consultoras contratadas, mecanismos de verificación de incompatibilidades y sanciones en caso de incumplimiento.

Otra petición del PSOE-A al Ejecutivo andaluz es que impulse la creación de un registro público de grupos de interés de ámbito autonómico, de carácter obligatorio para toda entidad, organización o persona que pretenda influir en la elaboración de normas, planes o políticas públicas en Andalucía, garantizando su publicidad, la actualización periódica de la información y el acceso libre por parte de la ciudadanía y del Parlamento.

De igual manera, se reclama al Ejecutivo andaluz que promueva la modificación de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses, incorporando un nuevo artículo que establezca un "código de conducta obligatorio para todos los grupos de interés inscritos en el registro autonómico, que garantice su actuación con transparencia, integridad, honestidad y pleno respeto al ordenamiento jurídico, así como la existencia de protocolos de relación pública con los cargos autonómicos".

También se pide un nuevo precepto que obligue a que toda iniciativa normativa, reglamentaria o política aprobada por la Junta acumule un "informe de huella normativa", en el que se reflejen de forma clara y detallada las aportaciones, contactos o influencias recibidas por parte de los grupos de interés inscritos en el registro autonómico.