SEVILLA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -
El 75,3 por ciento de los alquileres existentes en Andalucía no están declarados a la administración tributaria y están dentro de la economía sumergida, según un estudio realizado por los Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha), lo que supone casi 15 puntos por encima de la media nacional, cifrada en un 60,53 por ciento, y sitúa a la comunidad andaluza como la quinta región con mayor porcentaje de arrendamientos no declarados.
Según indicó Gestha en una nota, el importe de los arrendamientos no declarados supera los 278,2 millones de euros anuales en Andalucía, que es la tercera comunidad por volumen económico de dichas rentas.
En la actualidad, se calcula que existen alrededor de 167.380 alquileres sumergidos en Andalucía, lo que representa el 17 por ciento del total del parque de viviendas alquiladas en nuestro país. En España, el número de alquileres sumergidos supera los 977.306, lo que supone el 60,5 por ciento del total de viviendas arrendadas.
El informe de Gestha --elaborado a partir del cruce de los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF)-- cifra en 278,2 millones de euros anuales, las rentas "sumergidas" en Andalucía derivadas del arrendamiento de vivienda, excluyendo de este cómputo los alquileres relacionados con garajes, locales, solares, oficinas y otros inmuebles similares. En España, la cifra asciende a un total de 1.800 millones de euros.
Según Gestha, otros arrendamientos más propensos a registrar irregularidades son los alquileres 'de temporada', especialmente los situados en las localidades costeras y aquellos protagonizados por los sectores socioeconómicos menos favorecidos, como son los inmigrantes o los estudiantes, cuyo domicilio suele ser provisional.
Asimismo, otros arrendamientos susceptibles de irregularidades, aunque en menor medida, son los relacionados con el alquiler de segundas residencias o de fines de semana, viviendas aparentemente desocupadas pero que, en realidad, esconden alquileres no declarados.
Por zonas geográficas, el informe de Gestha señala que el 82 por ciento del fraude por alquileres no declarados se concentra en Cataluña, Madrid, Andalucía, Islas Canarias, Valencia y Baleares, mientras que las comunidades autónomas de La Rioja y Cantabria son las que menos arrendamientos ilegales presentan.
TERCERA POR VOLUMEN DE RENTAS NO DECLARADAS
Cataluña lidera, con más de 542 millones de euros anuales, las rentas no declaradas por arrendamiento de vivienda, seguida de Madrid y Andalucía, con 325,7 y 278,2 millones, respectivamente. En la Comunidad Valenciana el fraude estimado en alquileres de vivienda es de 111,8 millones, mientras que en Canarias y Baleares asciende a 144 y 96,3 millones de euros cada año, respectivamente.
Por otro lado, según el estudio, los propietarios de inmuebles que defraudan en mayor medida a la Hacienda Pública se localizan principalmente en Extremadura, donde casi el 78 por ciento de las viviendas alquiladas no están declaradas oficialmente. A continuación le siguen Murcia (76,69 por ciento), Andalucía (75,31 por ciento) y Canarias (69,84 por ciento), aunque son las plazas de Ceuta y Melilla las que concentran, con un 82 por ciento, el mayor porcentaje de pisos alquilados sumergidos.
Por el contrario, el comportamiento fiscal más "ejemplar" se localiza en Aragón, donde sólo el 32,2 por ciento de los alquileres escapan del control de Hacienda. Asimismo, La Rioja y Castilla y León presentan una conciencia fiscal "menos laxa" que el resto de España ya que la mitad de los alquileres se declaran legalmente.
PETICIONES DE GESTHA
Ante esta situación, el informe de los Técnicos de Hacienda considera "prioritario" que los esfuerzos de la Agencia Tributaria a corto y medio plazo se centren fundamentalmente en combatir el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales, a través de la adopción de una serie de medidas organizativas, fiscales e iniciativas legislativas más exigentes que las actuales.
En concreto, proponen que la Ley de Arrendamientos Urbanos recoja una delimitación legal mayor de los derechos y obligaciones de las partes, así como el establecimiento de un sistema de garantías para arrendador y arrendatario, en especial en lo referente a las obligaciones de ambos sobre la conservación de la vivienda, el pago de la renta y de los gastos generales y de servicios individuales.
En segundo lugar, plantean modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil, de manera que se reduzcan a quince días los cuatro meses de antelación que en la actualidad se necesitan para presentar la demanda de desahucio por falta de pago de las rentas. Este colectivo propone que en este caso, la orden de lanzamiento se expida junto con la sentencia.
