Asevera en un auto que "sólo tiene copias de las actas desde el año 2001 hasta el primer trimestre de 2011"
SEVILLA, 5 May. (EUROPA PRESS) -
La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha acordado enviar al Tribunal Supremo copia de una decena de actas del Consejo de Gobierno de la Junta Andalucía en las que fueron aprobadas modificaciones presupuestarias con destino al pago de ayudas sociolaborales o a empresas.
De este modo, la magistrada ha dado cumplimiento a la petición realizada el pasado 7 de abril por el magistrado que instruye la causa de los ERE en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, que solicitó estas actas al no constar las mismas en la documentación remitida en su día al alto tribunal por la juez de Instrucción número 6 de Sevilla.
En un auto fechado el 29 de abril, al que ha tenido acceso Europa Press, la instructora señala que, tras la petición del Supremo, "se ha procedido a la búsqueda de las actas de Consejo de Gobierno donde se hubieren aprobado modificaciones presupuestarias con destino al pago de ayudas sociolaborales o a empresas".
No obstante, la juez advierte de que, "dada la escasa redacción del contenido de los diferentes puntos en las actas examinadas, en algunos casos ha sido imposible deducir si las modificaciones presupuestarias a las que se refiere serían para el abono de ayudas sociolaborales o a empresas", por lo que "se han cotejado con aquellos expedientes que constan unidos a las actuaciones y con los informes de la Intervención General del Estado".
Tras señalar que el juzgado "sólo tiene copias de las actas desde el año 2001 hasta el primer trimestre de 2011", Alaya informa de que se han localizado hasta diez actas de las reuniones del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía relativas a las modificaciones presupuestarias del programa 31L --antes 22E-- de la Consejería de Empleo.
Estas actas abarcan desde el 29 de mayo de 2001, cuando se aprobó una transferencia de créditos de 81,3 millones de euros, hasta el 28 de diciembre de 2010, cuando se aprobó una transferencia de créditos por importe de 20 millones de euros.
La juez dice en el auto notificado este martes a las partes que, examinadas las actuaciones, constan copias de expedientes de modificaciones presupuestarias del programa 22E de la Consejería de Empleo, aprobadas por Consejo de Gobierno durante el ejercicio 2000, de las cuales también remite copia al Supremo.
RECLAMA DOCUMENTACIÓN A LA JUNTA
Por último, Alaya señala que también constan tres actas --fechadas entre el 18 de noviembre de 2003 y el 16 de noviembre de 2004-- por las que se aprueban otras modificaciones presupuestarias que afectan al programa 31L, aunque no constan en la causa, "salvo error", los expedientes relativos a las mismas, "por lo que no queda acreditado si fueron destinadas al pago de ayudas sociolaborales o a empresas".
Al hilo, la juez reclama a la Junta que remita una copia de estos tres expedientes "con el fin de conocer si dichas modificaciones presupuestarias estaban destinadas también al pago de subvenciones sociolaborales y a empresas", copias que se unirán al Anexo V formado en su día con documentación recibida de la Consejería de Empleo y de Innovación sobre modificaciones presupuestarias.
Con el mismo fin, es decir, ir incorporando a la causa y a sus anexos todos los particulares y documentación que sustentan las diligencias previas que se tramitan, reclama a la Agencia Estatal de Administración Tributaria que entregue en el juzgado "toda aquella información entregada" a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en virtud del auxilio jurisdiccional que presta la AEAT y la colaboración entre ambos.
LAS AYUDAS A UNA EMPRESA DE LINARES (JAÉN)
En el mismo auto, la juez da cuenta de que ha recibido un oficio en el que la Guardia Civil de Jaén pone de manifiesto que, durante el estudio de la documentación relativa a la empresa Industria Auxiliar Para Maquinaria y Automoción (Iamasa) de Linares, beneficiaria de ayudas sociolaborales por importe de 2.318.478,44 euros procedentes de los fondos públicos andaluces, habría detectado que 924.691,20 euros de la ayuda habrían sido ingresados en una cuenta bancaria cuyos titulares serían dos extrabajadores de la empresa que se encuentran entre los posibles beneficiarios de una póliza.
Alaya asevera que "se hace absolutamente necesario" conocer los movimientos bancarios realizados en dicha cuenta desde su apertura hasta su cierre, así como los titulares y autorizados de la misma que hubieren podido realizar dichos movimientos, "con objeto de determinar si el dinero recibido de la Junta de Andalucía fue finalmente destinado para hacer frente a las primas de la póliza".
Para ello, libra mandamiento al director de la sucursal bancaria "para que a la mayor brevedad posible" informe sobre titulares y autorizados de la cuenta bancaria, y de los movimientos bancarios desde la apertura de dicha cuenta hasta su cierre, en su caso.
