ESPARTINAS (SEVILLA), 26 Sep. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Espartinas (Sevilla), José María Fernández (Ciudadanos), ha descartado que las incidencias detectadas en la selección de trabajadores para los contratos municipales con cargo al Programa de Ayudas a la Contratación de la Junta de Andalucía sean fruto de un caso de corrupción. Fernández, en declaraciones a Europa Press, alega que se trata de "anomalías administrativas" que ya están siendo subsanadas por el Consistorio.
Hablamos del caso despertado por la vecina de Espartinas que se había declarado "en huelga de hambre", al considerarse "injustamente discriminada" en las contrataciones temporales promovidas por el Ayuntamiento, con cargo al Programa de Ayudas a la Contratación de personas en situación de exclusión social, impulsado por la Junta de Andalucía pero canalizado mediante los consistorios.
Según manifestaba esta vecina a Europa Press, en la selección de personas beneficiadas por los contratos, realizada por los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento, "ha podido haber alguna irregularidad", porque ella "siempre" había estado "en los cinco primeros puestos" a la hora de la clasificación de las personas más necesitadas del municipio, si bien en esta ocasión había quedado "fuera" de la selección. El Gobierno municipal, según ella, "ha reconocido que no se ha seguido todo el protocolo" en el procedimiento de selección, defendiendo el Equipo de Gobierno, de su lado, que las contrataciones fueron fruto de la selección de los servicios sociales municipales sin "intromisión" alguna.
"RETROTRAER" EL PROCEDIMIENTO
Tras revisar el procedimiento de selección, no obstante, el Ayuntamiento acordó "retrotraer" dicho proceso "hasta el momento en el cual debería haber sido abierto un periodo de alegaciones". Dado el caso, las 18 contrataciones ya formalizadas quedaron "canceladas hasta que no se resuelvan las posibles alegaciones", toda vez que merced a tales alegaciones, "el resultado final del proceso de priorización de las solicitudes podría verse alterado".
El Ayuntamiento, en ese sentido, se ha puesto en contacto con la Junta de Andalucía, "para que preste asesoramiento técnico al Departamento de Servicios Sociales para la correcta aplicación del procedimiento de prioridades a la hora de contratar personal dentro de los programas de ayuda a la contratación".
El PP, de su lado, ha señalado "la gravedad de las declaraciones del concejal de Servicios Sociales, el socialista Ignacio Rubio, recogidas en una grabación y reconocidas expresamente por él en un medio de comunicación, inculpando asimismo al alcalde, José María Fernández, de Ciudadanos". El PP, en ese sentido, atisba "un presunto delito de prevaricación, pues el alcalde firma 18 contratos a sabiendas de las irregularidades", elevando el asunto a los juzgados.
"ANOMALÍAS ADMINISTRATIVAS"
Pero el alcalde, de su lado, expone que el asunto "para nada" está relacionado con la corrupción, argumentando que se trata de "anomalías administrativas" que ya están siendo subsanadas. "De un lado, donde debería haber un plazo de subsanación no lo hubo, lo que constituye un defecto de forma, y de otro, la baremación no estaba correctamente realizada porque no se ajustaba a lo que marcaba el decreto" autonómico que regula el citado programa, explica el alcalde.
José María Fernández, en ese sentido, expone que "las incidencias en el proceso de baremación" sí son aspectos "más graves", pero se trata de una labor que estaba en manos de "los técnicos" de asuntos sociales. De cualquier modo, descarta un caso de corrupción aunque el PP "esté intentando vender que son contratos irregulares y hacer una bola de nieve".
