SEVILLA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Consejo Económico y Social de Andalucía ha emitido un documento con consideraciones y propuestas complementarias al Informe sobre la Situación Socioeconómica de Andalucía 2014, donde entre otras demandas, pide a la Junta de Andalucía una Ley de Participación Institucional y el establecimiento de un sistema de evaluación de políticas públicas.
Dicho documento, consultado por Europa Press y que supone una novedad al informe, presentado este jueves, y recoge una serie de consideraciones y propuestas relacionadas con la situación social y económica de la Comunidad con el objeto de ofrecerlas al Gobierno y al Parlamento, al tiempo que a toda la sociedad andaluza.
Entre esas consideraciones y propuestas, el CES-A destaca el "imprescindible" cambio de política monetaria del Banco Central Europeo,
anunciado a finales de 2014, y su alineación definitiva con la del resto
de bancos centrales, que supone "una política monetaria expansiva que
favorece la recuperación económica de Europa y por supuesto de España y
de Andalucía".
Asimismo, tras reconocer que la crisis económica "ha implicado una
pérdida de actividad económica y de empleo y un incremento de la desigualdad", ha insistido en que el objetivo de todas las administraciones sea "la generación de actividad económica y la
creación de empleo estable y de calidad para los trabajadores, y reducir la desigualdad y erradicar la pobreza en todas sus vertientes", algo que "debe construirse mediante el diálogo entre las fuerzas políticas y entre las administraciones, fomentando el consenso, la colaboración
institucional y la participación de los agentes económicos y sociales".
Este documento ha recordado que la crisis económica también ha supuesto "una reducción de derechos sociales y laborales", por lo que ve "imprescindible" la articulación de "un marco legal laboral con un
compromiso de permanencia a largo plazo y con una orientación favorable
a la negociación colectiva y al equilibrio de poder en las relaciones".
"La política económica, social y laboral debe ser consensuada,
dialogada y generada con la participación de las organizaciones", ha indicado el CES-A, que ha recordado el ejemplo en Andalucía de la Concertación, por lo que pide "seguir avanzando" mediante el reforzamiento del CARL "como instrumento de promoción de la
negociación colectiva y de la gestión de las relaciones laborales con el consenso de quienes las protagonizan", así como mediante la potenciación del Sercla como sistema autónomo de resolución extrajudicial de los conflictos laborales.
El CES-A ha pedido "un marco institucional que garantice el
ejercicio de la política autonómica", toda vez que "se ha registrado una reducción de la autonomía y de la capacidad financiera de la Junta y de nuestras administraciones locales". Por ello, cree que "se deben eliminar las medidas legales excepcionales y mejorar la financiación de las entidades locales y la Junta".
Considera que "el actual modelo de financiación autonómica no ha cumplido sus objetivos y ha hecho que Andalucía reciba una financiación muy inferior a la media, por lo que es indispensable su reforma para garantizar la igualdad en el acceso y prestación de servicios, asignando a las comunidades recursos en proporción a su población, ajustada por las necesidades de gasto y para un esfuerzo fiscal similar de sus ciudadanos", ha añadido.
El CES-A pie "reenfocar el modelo productivo, apoyando a los
sectores estratégicos emergentes (TIC, biotecnología, renovables, contenidos, cultura o dependencia, entre otros), que generan nuevas oportunidades de empleo, y recuperar actividad en sectores tradicionales
como la construcción, la obra civil o la minería".
Considera que "se debe promover la modernización de sectores tradicionales como el turismo y la agroindustria, reduciendo la estacionalidad, e incrementando nuestro atractivo para la nueva inversión productiva, que haga posible que ganemos peso industrial".
En este aspecto, ve necesario "fomentar la implantación en Andalucía de grandes industrias o empresas tractoras y la promoción de sinergias con las industrias auxiliares y complementarias, como ha ocurrido en
el sector aeronáutico".
SISTEMA DE INCENTIVOS
El Consejo ha apuntado que en materia empresarial "se debe perseguir
la creación de más y mejores empresas y hacer más competitivas a
las empresas existentes". Cree que el desarrollo empresarial "debe focalizarse en el aumento del tamaño de las empresas a fin de conseguir un mayor empleo de calidad y una dimensión adecuada para afrontar los procesos de inversión, en especial de I+D+i".
Considera que los sistemas de incentivos "deben ir orientados a la
promoción y mejora de las posibilidades de financiación tanto privada como pública, a través, en otros, del Ente Público de Crédito de Andalucía, y a favorecer la promoción internacional de las pymes". Cree que "para facilitar la creación de empresas, así como el desarrollo
de su actividad, deben eliminarse las duplicidades administrativas y agilizar los trámites que burocratizan la actividad empresarial". Ve importante el fomento del cooperativismo y del emprendimiento autónomo.
Aboga por "promover la investigación, el desarrollo y la innovación de manera transversal en todo el sistema productivo" y en ese sentido considera que "habría que vincular el desarrollo tecnológico, la investigación y la innovación con nuestras industrias y empresas, ya que es la mejor manera de crear empleo de calidad y ganar en productividad y estabilidad sectorial y laboral a largo plazo", por lo que pide "colaboración estrecha entre el tejido productivo y nuestras universidades y la concreción de una política de incentivos que garantice el retorno social de la inversión".
El CES-A cree que "se debe garantizar por Ley la financiación y el mantenimiento de los servicios públicos de sanidad y educación en Andalucía" y pide fortalecer el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía (SAAD) y promover una Ley de Servicios Sociales que consolide y amplíe el conjunto de derechos. Asimismo, se deben aplicar y desarrollar el contenido de la Ley reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, especialmente sus instrumentos
de planificación.
Asimismo, a fin de "dotar de mayor transparencia y participación a las políticas públicas de la Junta y de las administraciones locales", se hace necesario que Andalucía "disponga de un sistema de evaluación de políticas públicas que permita proporcionar mayor pertinencia a la planificación de las actuaciones".
En el ámbito socioeconómico, el Consejo ve necesario "reforzar el papel del CES como institución de autogobierno de la comunidad autónoma, dotándolo de los recursos adecuados para cumplir con las funciones". Además, pide una Ley de Participación Institucional en Andalucía "que garantice y promueva el ejercicio del derecho a la participación y
aporte un mayor nivel de transparencia, eficacia e independencia a esa labor".
"Es responsabilidad de la Junta y de todas las instituciones
públicas y privadas difundir el valor de nuestra tierra, nuestro capital humano y nuestro nivel de desarrollo económico y social, y proyectar hacia el exterior una imagen de Andalucía moderna, emprendedora,
innovadora y con capacidades productivas, fiel a nuestra realidad", concluye este documento, donde pide "implicar a todos los territorios andaluces para sumar fortalezas, esfuerzos y compromisos, huyendo de localismos y protagonismos estériles".
