COAG-A alerta de que Ebro "quiere saltarse lo acordado" para la contratación de remolacha de la campaña 2009-2010

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria COAG-A alertó de que la industria azucarera Ebro pretende "saltarse los criterios del acuerdo marco interprofesional (AMI)" a la hora de plantear los criterios para la contratación de remolacha correspondiente a la campaña 2009/2010, por lo que pidió la intervención de la Consejería de Agricultura, para "garantizar que tanto la cuota y sus posibles ampliaciones se repartan atendiendo a los criterios sociales y de reparto justo".

En una nota, la organización agraria anunció que "defenderá a los remolacheros que han apostado por el cultivo frente a los intereses de la industria" y advirtió de que si esto no ocurre, no descarta convocar movilizaciones.

COAG-A explicó que Ebro en la reunión de la Mesa de la Zona Sur, que debate la contratación de la próxima campaña y se celebró el pasado martes en Jerez de la Frontera (Cádiz), planteó unos criterios que rompían el Acuerdo Marco Interprofesional (AMI), "poniendo en serio peligro el tejido social y productivo".

Añadió que en ese encuentro, los representantes de la industria presentaron una propuesta "precipitada", que COAG rechazó, por la necesidad de hacer una valoración más profunda. Tras realizar ese análisis, esta organización agraria se reafirma en su postura, ya que la citada propuesta "perjudica de manera notable a los agricultores que han apostado por el cultivo".

Recordó que hace una semana, COAG-A presentaba su balance de la campaña recién concluida, mostrando su satisfacción porque, "a pesar de las dificultades que ha atravesado el sector (por el proceso de reestructuración al que se ha visto sometido y por las circunstancias meteorológicas), se ha conseguido que los remolacheros reciban una remuneración digna y en los parámetros de rentabilidad, gracias a la profesionalidad de los propios agricultores y también al esfuerzo conjunto realizado por la Consejería de Agricultura y la industria".

Por ello, mostró su "sorpresa" después de que el pasado martes dicha industria "plantea una serie de cuestiones que rompen ese esfuerzo conjunto" y que "ponen en serio peligro al sector".

De esta forma, según COAG-A, para la próxima campaña, la zona sur deberá ajustarse a la cuota que le corresponde según la OCM, es decir, 563.000 toneladas, y a la reducción que esto supone, hay que sumarle las penalizaciones que recibirán todos aquellos productores que no han cubierto la cuota que tenían contratada, y que asciende a 45.000 toneladas.

Explicó que, una vez realizadas las penalizaciones, esas 45.000 toneladas que los penalizados dejarían de entregar, "deben repartirse entre los productores", y, según COAG, en ese punto "es donde la propuesta de Ebro dinamita los términos del acuerdo marco interprofesional", puesto que, según este acuerdo, el reparto "debe realizarse dando prioridad a los agricultores que han cumplido sus contratos y también a todos aquellos que, independientemente de las circunstancias de la campaña concluida, han apostado por el cultivo, comprometiéndose durante cinco años en el régimen de producción integrada, con el consenso de todos la Mesa de Zona".

COAG-A consideró que esos términos "son los que deben aplicarse para el reparto de las 45.000 toneladas, sin embargo, lo que Ebro planteó en la pasada reunión de la Mesa de la Zona Sur, es que dicho reparto se realice de forma arbitraria y según los criterios de la propia industria".

Ante este panorama, COAG-A solicitó la intervención de la Consejería de Agricultura, para "garantizar que tanto las 45.000 toneladas como las posibles ampliaciones de cuota que pueda haber en el futuro, se repartan atendiendo a los criterios sociales y de reparto justo". Asimismo, esta organización agraria manifestó su disposición a seguir dialogando y negociando en el seno de la Mesa, para que se retome el consenso, pero alertó de que "si esto no ocurre, no descarta convocar movilizaciones".

En la campaña recién concluida, se han recogido 695.000 toneladas, de las cuales en torno a 535.000 correspondieron a la provincia de Sevilla y casi 150.000 a la de Cádiz.