MARCHENA (SEVILLA), 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional de Sevilla ha detenido a tres personas, dos en Écija y matrimonio entre sí, y otra en Santaella (Córdoba), como presuntos autores de delitos de cohecho, falsificación de documentos y blanqueo de capitales, siendo dos de los detenidos funcionarios de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir (CHG) y aprovechando dicha condición para incrementar de manera desorbitada su patrimonio, cobrando grandes cantidades de dinero a los terratenientes por la legalización fraudulenta de pozos de riego de Marchena (Sevilla), así como la paralización de expedientes y falsificación de documentos.
Según informa la Policía en un comunicado, la investigación se inició a principios del año pasado y se enfocó sobre unos trabajadores de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, especialmente sobre uno de ellos que había incrementado su patrimonio y el de su mujer, ambos detenidos, de manera desorbitada.
Concretamente, en el año 2012 afloró un millón de euros mediante una declaración tributaria especial, correspondiendo 500.000 euros a cada cónyuge, es decir, se acogieron a la amnistía fiscal declarando 500.000 euros cada consorte.
Una vez los investigadores determinaron el aumento completamente desproporcionado de capital del matrimonio, pues la única vía de actividad legal reconocida de ingreso de dinero era el sueldo del marido, trabajador de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se inició la investigación para determinar el origen del patrimonio.
LEGALIZACIONES FRAUDULENTAS
Las diligencias policiales, por parte del grupo especializado en fraude fiscal, permitieron vincular a uno de los ahora detenidos con una actividad ilícita que empezó en el año 1999 y que ha podido continuar hasta el año 2012. Respecto a esta actividad los agentes detectaron el cobro a dueños de tierras de Marchena y alrededores, así como agricultores de la zona, de dinero por retrasar la incoación de expedientes sancionadores de pozos de riego, así como la solicitud de grandes cantidades de dinero, de entre 50.000 y 60.000 euros por la legalización fraudulenta de pozos de riego, llevada a cabo mediante la aportación de documentación falsa que el cabecilla de este entramado realizaba aprovechándose de su trabajo como funcionario.
La citada investigación policial culminó el pasado martes con tres detenciones, entre ellas la del presunto cabecilla junto a su mujer, a la que se le imputan el delito de blanqueo de capitales. Matrimonio al que, además, se le ha embargado de manera preventiva un patrimonio superior al millón de euros.
Así las cosas, del tercer detenido, trabajador de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, los agentes han podido constatar que acompañaba en numerosas ocasiones al líder en sus visitas previas al cobro de dinero a los agricultores y dueños de las tierras, no descartándose nuevas detenciones de personas participantes en esta trama delictiva.
Por ello, los tres detenidos ya pasaron en el pasado jueves a disposición de la autoridad judicial, quien decretó prisión provisional sin fianza para el matrimonio, en una investigación llevada a cabo por el Grupo de Fraude Fiscal de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla y que ha sido posible gracias a la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, así como de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja).
