Archivo - Bandera negra en el Guadalquivir en el punto de vertido contaminante "previsto" por una mina de Aznalcóllar. - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN - Archivo
SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -
Ecologistas en Acción ha advertido de que la Junta de Andalucía estaría "ocultando" documentación relativa a los vertidos tóxicos de la mina de Aznalcóllar en el Guadalquivir, en concreto un informe técnico sobre posibles incumplimientos ambientales y distribución de metales contaminantes, realizado por encargo de la Dirección General de Recurso Hídricos, si bien la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha desmentido esta información y ha asegurado que "no existe actuación de mala fe por parte de la Administración".
Según consta en la petición dirigida en nombre de Ecologistas en Acción al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), consultada por Europa Press, solicita el documento referente al contrato de asistencia técnica realizado por la Junta de Andalucía con la empresa Sitra S.L.U, en el que se recojan los términos del mismo.
Además, pide el informe completo de evaluación realizado por la referida empresa de los efectos del vertido sobre los objetivos ambientales de la masa de agua afectada, que incluya la simulación de los efectos del vertido en el cauce. Este último "debería estar incluido en el expediente, no solo un resumen del mismo", han considerado.
De esta forma, el grupo detalla que el expediente administrativo de la Autorización Ambiental Unificada no estaría completo y que "faltan imprescindibles antecedentes del mismo para poder formular la demanda", por lo que mediante el referido escrito ha solicitado "nuevamente que el mismo se complete". Asimismo, han apostillado que se trata de "documentos que se refieren a cuestiones determinantes en el análisis de la legalidad de la autorización ambiental otorgada".
Por su parte, en un comunicado, la Consejería de Sostenibilidad ha expresado que, tras una diligencia de ordenación del TSJA en el que ha requerido los documentos reclamados por Ecologistas en Acción, efectuado el 27 de abril, ha llevado a cabo una respuesta en la que ha solicitado que sea el propio tribunal y de manera "precisa" el que aclare "qué documentación adicional debía ser remitida, al no quedar suficientemente determinado en el requerimiento judicial el alcance exacto de la información solicitada".
Asimismo, ha defendido que ha remitido "en todo momento el expediente administrativo correspondiente en los términos legalmente exigibles". Por ello, ha rechazado la referida acusación de ocultación deliberada de informes técnicos.
"La Administración actuará, como ha venido haciendo hasta ahora, en estricto cumplimiento de las resoluciones del TSJA, facilitando cuanta documentación sea requerida de forma expresa y concreta por el órgano judicial", ha incidido, misma vez que ha reiterado su "respeto absoluto a los procedimientos judiciales en curso y su compromiso con la protección ambiental".