SEVILLA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
Incide en que los informes reconocen "riesgo de menoscabo de fondos", pero no menoscabo en sí
SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)
El ex interventor general de la Junta Adolfo García Fernández ha defendido este martes que la administración andaluza ha desarrollado una actuación "contundente e inmediata, fuera de lo habitual", ante las irregularidades en las ayudas a la formación, "detectadas por los propios mecanismos de la Junta". "Tenemos que vanagloriarnos de eso", ha añadido.
García Fernández ha cerrado la primera ronda de comparecientes de la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz relativa a las concesiones de las subvenciones otorgadas por la administración de la Junta en materia de formación profesional para el empleo desde 2002 a la actualidad, después de que ya lo hayan todos los interventores provinciales.
Como se recordará, Adolfo García fue llamado a comparecer en la comisión de investigación siendo interventor general de la Junta. Días después de conocerse el acuerdo de los grupos para su declaración en este órgano se conocía su dimisión del cargo.
El ex interventor general, que ha querido dejar claro que su dimisión del cargo no tuvo nada que ver con este asunto, sino que responde a motivos "meramente personales", ha dicho estar "muy satisfecho" del trabajo realizado por la Intervención General de la Junta de Andalucía, afirmando que es "una de las más eficientes del país" aunque asume que "todo es mejorable".
Durante su intervención, ha advertido de "deficiencias" en distintas áreas de gestión y ha insistido en que se ha actuado con la "diligencia debida" para que las irregularidades detectadas no supongan "perjuicio económico" a la hacienda pública, toda vez que ha insistido que lo que reflejaban los informes, tanto provinciales como el consolidado, era "riesgo de menoscabo de fondos", y no menoscabo en sí, para lo que tendría que ser un daño individualizado y contabilizado.
Y es que, como ha explicado, si hubiera tenido constancia de menoscabo de fondos lo hubiera trasladado al Ministerio fiscal o al Tribunal de Cuentas. En la misma línea, ha explicado que llevaron los informes a las autoridades judiciales a petición de éstas, y que este es un procedimiento habitual en su actividad, toda vez que ha explicado que en el último año han respondido a más de 40 requerimientos judiciales. "Es mi hábitat", ha agregado.
Dada la coincidencia en todas las provincias de las mismas irregularidades en las subvenciones de formación, García Fernández ha defendido que "es impensable" que la normativa estuviera diseñada para el fraude, puesto que son normas "especialmente exigentes", y es que, según ha advertido, "quizás hayamos subido tanto el listón que hemos tenido dificultades en cumplirlo".
García Fernández ha argumentado que la elaboración de los informes especiales en todas las provincias responde a cuestiones "preventivas" una vez que el interventor de Huelva alertó de ciertas irregularidades, con quien ha dicho no compartir sus apreciaciones en cuanto a que ya se haya producido menoscabo de fondos públicos.
Según los datos aportados por el exinterventor, los informes especiales, que han supuesto un trabajo "de amplio alcance", se han hecho en base a un muestreo de 527 expedientes, que representan el 12,5 por ciento de la población total, con más de 119 millones comprometidos, de los que se habían pagado 78 millones.
Asimismo, el exinterventor ha advertido de las "las grandes limitaciones de trabajo" que han tenido las intervenciones y que era "difícil acceder a la información" que también, ha denunciado, estaba "desordenada", un extremo que ha achacado en varios momentos de su intervención a la traspaso de competencias de unos departamentos a otros, "en la mudanza se pueden traspapelar o desaparecer algunos expedientes".
Según ha dicho, dentro de la misma administración, se reconoce coloquialmente que "un cambio de competencia con movilidad de expedientes conlleva un pequeño incendio", a lo que la representante de IU en la comisión, Elena Cortés, ha replicado que "esto era el coloso en llamas".
Sobre el mismo asunto, la diputada del PP-A Teresa Ruiz-Sillero ha afirmado que "con dos traspaso de competencias, a Educación y Empleo, se han causado graves incendios en la formación profesional", aprobados, uno por el expresidente de la Junta José Antonio Griñán y otro por la actual jefa del Ejecutivo andaluz, Susana Díaz, "en su afán de tapar las irregularidades y para provocar un incendio de pérdida de documentación".
Así las cosas, preguntado por varios grupos sobre la coincidencia de que en todas las provincias se hayan detectado las mismas irregularidades, García Fernández ha dicho que le "cuesta pensar que funcionarios de todas las provincias de Andalucía se hayan puesto de acuerdo para firmar o proponer a la dirección provincial la firma de certificados ilegales, me parece impensable".
DESCONOCE EL ORIGEN DE LAS IRREGULARIDADES
El ex interventor general de la Junta ha dicho desconocer el origen de las irregularidades y también el responsable político de las mismas, a preguntas de la diputada del PP-A, que le ha acusado de ser "tibio" y de no "mojarse como otros interventores provinciales" en su comparecencia a la hora de identificar "al responsable de incumplir la Ley". "Los políticos dirán que las responsabilidades son de los funcionarios y no queremos que haya cabezas de turco", ha apostillado Ruiz-Sillero.
A este respecto, García Fernández ha dicho que si tuviera que señalar al "hipotético" responsable sería "temerario" y no tibio, puesto que, como ha explicado, que no es de su competencia dar opiniones "sin evidencia suficiente" puesto que no puede "hablar sobre corazonadas".
Asimismo, en otro momento de su comparecencia, ha defendido las exoneraciones como "una figura garantista propia de nuestra administración" y ha explicado que es el gestor el que determina "en qué casos esa barrera que se ha establecido se debe levantar".
PSOE-A: EL EX INTERVENTOR "CONTESTA CON RIGOR"
La parlamentaria del PSOE-A Marisa Bustinduy ha alabado el "rigor" con el que, a su juicio, García Fernández ha contestado a todas las preguntas y ha censurado que "algunos partidos hayan intentado distorsionar el papel de la Intervención General como si fuera una actuación contra la Junta y que la Junta no habría controlado nada".
Juan Ignacio Moreno Yagüe, de Podemos, ha insistido en los motivos por los que el exinterventor dimitió del cargo, mientras ha considerado que se hicieron algunas "chapucillas", a lo que García Fernández se ha referido como "mala praxis".
Por parte de Ciudadanos, Marta Bosquet, ha preguntado a García Fernández si "los andaluces deben hacer un acto de fe" sobre que los expedientes no van a prescribir, mientras le ha interpelado sobre la posibilidad de que existiera un registro de los expedientes prescritos, a lo que el exinterventor se ha limitado a decir que no existe. También se ha interesado por si ha conocido alguna situación "tan grave" como ésta, y García Fernández ha recordado un caso "más grave" que además "acabó en vía penal" a finales de los 90, cuando desapareció el modelo de FP.
La representante de IU en la comisión, Elena Cortés, ha incidido en que el objetivo del órgano parlamentario es dirimir responsabilidades políticas "y no parece que los interventores lo sean" dado que "son el cuerpo de prevención ante pirómanos que nos han traído a la situación que describen en los informes".
