Junta reclama al Gobierno un grupo de trabajo con las CCAA y el sector para elaborar una nueva Ley de Minas

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha reclamado este jueves al Gobierno central que cree un grupo de trabajo e inicie un proceso de diálogo con la comunidades autónomas y el sector minero sobre la nueva Ley de Minas que elabora el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Sánchez Maldonado ha explicado en comisión parlamentaria que el Ejecutivo central ha remitido a las comunidades autónomas un borrador del anteproyecto de esta normativa, cuya ley vigente data de 1973, "y sólo ha concedido una semana para hacer consideraciones, con la intención además de llevarla al Congreso antes de final de año". Para el consejero, este proceso resulta "inaceptable, porque no se puede resolver en un mes y de forma unilateral".

El consejero ha recordado que, en la última década, empresas y Administración autonómica han realizado "un importante esfuerzo para impulsar la modernización del sector minero", con nuevos procesos para la extracción y tratamiento del mineral y los residuos y medidas de la Junta, como la renovación del patrimonio cartográfico y el conocimiento sobre los recursos, la convocatoria de concursos de investigación, la actualización de las estrategias sectoriales regionales o la modernización de la administración minera.

Junto a este esfuerzo innovador, el Gobierno andaluz ha reclamado al Ejecutivo central una actualización de la normativa minera básica, "poniendo a disposición del Ministerio nuestra experiencia, necesidades y demandas y las del sector, para lograr una norma que reconozca la vertebración territorial del Estado, las competencias de las comunidades, la seguridad ambiental y laboral o la propia gestión del agua, cuestiones que no se contemplan en la Ley actual".

A pesar de ello, ha asegurado que dicho ofrecimiento "ha sido en vano", presentando el Gobierno un borrador "que es mejorable, que no va a responder a las necesidades del sector y, en muchos casos, puede actuar como elemento disuasorio de la inversión empresarial".

Considera que este asunto "requiere seriedad, y debemos poner todos nuestros esfuerzos en crear un texto sólido y duradero y que fije cuestiones de seguridad jurídica". Añade que la nueva Ley de Minería "no se puede cambiar de espaldas a Andalucía".

Como ejemplo, ha explicado que se propone la creación de un impuesto de explotación o 'royalty', del que emanaría un incentivo al que podrían tener acceso las comunidades autónomas y los municipios. Pero lamenta que "sin embargo, no se establecen los objetivos que se pretende cubrir con el impuesto e incentivo".

Frente a ello, el Gobierno andaluz cree que se debe crear una herramienta cuyo objetivo sea "contrarrestar los impactos negativos derivados de la actividad minera, generándose beneficios directos para administraciones y para ciudadanos, y mejorando el reparto de la renta minera, de forma que los beneficios de la actividad reviertan de forma especial en los territorios mineros, se compense el régimen fiscal, particularmente benévolo, del que gozan estas industrias y se facilite el cambio de la imagen social del sector extractivo".

En cuanto a la forma de canalizar esta contribución económica, los ingresos procedentes de la actividad minera deberían, a su juicio, "fomentar el desarrollo socioeconómico de las comarcas situadas en el entorno de las explotaciones, paliando las repercusiones sociales derivadas de la finalización de la actividad extractiva".

El consejero considera también que un Ley de bases como esta "debería dejar espacio al desarrollo normativo por parte de las comunidades autónomas, darles participación en el procedimiento de declaración de una reserva del Estado, y margen en las normas tributarias". También tendría que "dejar claros los desarrollos procedimentales que se pueden seguir en materia de seguridad minera".

Junto a ello, considera "importante" establecer "procedimientos competitivos, concursos públicos, para otorgar cualquier permiso de investigación y concesión directa de explotación, ofreciendo un periodo de información pública para la solicitud y facilitar el que se presenten proyectos en competencia".

Con este procedimiento, frente al vigente que otorga la relevancia en función del 'orden de solicitud', "no tendrían sentido los concurso derivados de las caducidades de derechos mineros, y sería más ágil la puesta en valor del dominio público minero", ha añadido.

El titular de Economía ha insistido en que para Andalucía "es fundamental contar con una buena Ley de Minas, porque es una normativa de amplia incidencia, pues regula la investigación, la explotación y el aprovechamiento de todos los recursos no renovables; porque en esta región hay presencia prácticamente de todos los recursos que a los que se refiere esta norma; y porque es la comunidad donde la minería tiene más relevancia".

Por eso, el consejero ha instado al Ministerio de Industria a crear un grupo de trabajo para la redacción de una nueva Ley de Bases de la Minería, "que dé una respuesta adecuada a las relaciones entre minería, organización del territorio, entidades locales y medio ambiente, que requieren sentarse con todas las partes y dialogar, hacer un texto sólido y duradero que fije la seguridad jurídica".

La Mesa de la Minería, en la que están representados sindicatos, empresarios de diversas áreas e ingenieros de minas, ha realizado también al Gobierno esta petición esta misma semana.

CRÍTICAS DEL PP-A

El diputado del PP Rafael Carmona, quien ha recordado que el sector minero es "estratégico", puesto que asegura "puestos de trabajo estables, pues Andalucía es referente de la minería metálica en España", espera que la nueva ley sea buena y exigirá respeto a las competencias autonómicas, toda vez que "debe suponer trasladar a la Ley de Minas la situación territorial del Estado".

Carmona, quien ha aludido a algunos "escándalos" por parte del PSOE-A en este asunto, de forma que considera que el PSOE "es poco fiable en esto", por lo que exige "transparencia, rigor y una defensa de verdad de los intereses generales".

Pide que en los concursos mineros que se convoquen "se elija al mejor proyecto y no nos dejemos llevar por la especulación ni por intereses particulares". En ese punto, el consejero posteriormente ha asegurado a Carmona que "el concurso internacional para Aznalcóllar va a ser exquisito, en ello está empeñado el Gobierno y yo personalmente". Maldonado le ha respondido además que "se va tomar en consideración al sector y el ánimo del Gobierno es ser lo más transparente y multilateral".

El diputado del PSOE José Juan Díaz Trillo ha resaltado la "recuperación del territorio" que suponen los proyectos mineros y ha abundado en la capacidad del sector minero, aunque reconoce que le preocupa "el marco en el que se desarrolle la actividad minera".

Ha resaltado la "actividad muy alentadora" por parte de la Junta "que ha efectuado mucho trabajo en poco tiempo" y ha rechazado esa posible "expropiación de competencias autonómicas" con la futura Ley, expresando además su temor de que el Gobierno quiera potenciar la actividad del 'fracking'.

El diputado de IU Ignacio García, quien considera que "para que cambie la imagen del sector es necesaria una buena gestión", lamenta las "prisas" del Gobierno con la tramitación de la nueva ley, tras lo que considera que el PP "quiere potenciar el llamado 'fracking', una explotación dañina para el medio ambiente" y quiere "excluir a las comunidades autónomas, dándole escasa participación, con los plazos tan cortos y anunciado que el proyecto estará antes de finales de año, no sabemos a qué responde esa celeridad".

Lamenta que la filosofía del anteproyecto del Gobierno "va en línea de recentralización de la actividad minera".