MAIRENA DEL ALJARAFE, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla), gobernado por Antonio Conde (PSOE), ha aprobado en su última sesión el documento provisional de una innovación de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que incluye una regulación destinada a impedir la creación de nuevas estaciones de servicio en zonas urbanas pobladas de viviendas.
Recordemos que el pasado mes de septiembre, el pleno de Mairena aprobaba inicialmente la innovación undécima del PGOU del municipio, uno de cuyos tres aspectos aborda "la regulación del uso de gasolineras en solares calificados como urbanos o urbanizables", según explicaba la portavoz del Gobierno local socialista, Marta Alonso Lappi, quien tras las protestas protagonizadas por vecinos de la urbanización Calahoya a cuenta de un proyecto de nueva estación de servicio junto a sus viviendas aseguraba que la idea es "actualizar y desarrollar con precisión la regulación de las gasolineras, haciendo compatible el desarrollo de la actividad mercantil con una respuesta a las peticiones ciudadanas".
Aquel documento inicial contó con el apoyo de todos los grupos salvo en el caso de Vox, cuyo edil, Juan Miguel Espinar, avisaba de que la nueva regulación podría derivar en peticiones de indemnización al Ayuntamiento por los proyectos de gasolineras de servicio en marcha, si bien el popular Ricardo Tarno defendía que esta regulación "viene a resolver una situación de inseguridad" que sufrían los vecinos y "no impide las licencias o proyectos de gasolinera", sino que las circunscribe a "las zonas urbanas consolidadas".
EL CONFLICTO DE CALAHOYA
Desde las filas de Adelante, Laura Pérez definía esta nueva regulación como "un avance importante" al "establecer compatibilidades e incompatibilidades" y "criterios objetivos" en los proyectos de nuevas estaciones de servicio, rememorando el conflicto surgido en la urbanización Calahoya.
Ya durante el pleno telemático celebrado este pasado jueves, Marta Alonso Lappi ha explicado que el mencionado documento de aprobación inicial de la nueva regulación fue sometido al preceptivo trámite de información pública, cosechando "una serie de alegaciones", algunas de ellas en representación de las empresas Económica de Gasolineras Sociedad Limitada, Rasir y Spaingrupo Astrong Costa del Sol.
Tales alegaciones, según la edil socialista, avisaban de una "afección directa y económica" de esta regulación a sus intereses, al "evitar" nuevas estaciones de servicio en zonas urbanas, siendo "todas desestimadas" merced a los informes técnicos emitidos al respecto, salvo una de ellas en lo concerniente a la "oportunidad de corregir determinados criterios muy muy técnicos de las medidas de las parcelas y su capacidad de edificabilidad".
APROBADO EL DOCUMENTO PROVISIONAL
Una vez "desestimadas" estas alegaciones, el pleno ha debatido el documento provisional de la citada innovación del PGOU, finalmente aprobada con el voto a favor del PSOE, el PP, Adelante y Cs y de nuevo el voto contrario de Vox. Al respecto, Juan Miguel Espinar (Vox) ha avisado de que la regulación responde a un criterio meramente "político", insistiendo en que las empresas afectadas "van a demandar al Ayuntamiento" y el mismo afrontará "indemnizaciones importantes".
Ricardo Tarno, de su lado, ha defendido que "hay cuestiones en la vida en las que lo económico no es lo más importante", mientras Marta Alonso ha recordado que el Ayuntamiento goza de "legitimidad y competencias" para acometer esta regulación municipal, esgrimiendo "el beneficio social que reporta no tener gasolineras cerca" de las viviendas, "como preveían las empresas alegantes".
