Critica que "ésta es la forma de gobernar de la derecha, recortar los derechos de aquellos que más los necesitan"
SEVILLA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -
La consejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta, Micaela Navarro, ha asegurado que la decisión del Consejo de Ministros de posponer a 2013 la introducción de nuevas categorías de beneficiarios de la Ley de Dependencia, en concreto, de los 'dependientes moderados' (Grado 1, nivel 2), es "la crónica de una muerte anunciada"; pues, según recuerda, antes de las elecciones del pasado de 20 de noviembre, el ahora presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, señaló que esta Ley era "inviable".
Para la titular de Igualdad y Bienestar Social, las decisiones tomadas este viernes por el Ejecutivo de Mariano Rajoy es "la mejor muestra de cómo es un gobierno del PP, que sube impuestos y baja prestaciones a los sectores donde más se necesitan como son los jóvenes con la no prórroga de la Renta Básica de Emancipación (RBE) y a las personas dependientes".
Además, lamenta que la decisión del Consejo de Ministros de posponer a 2013 la introducción de nuevas categorías de beneficiarios de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia al Sistema Nacional de Dependencia (SAAD), se ha hecho "sin que se sepa qué pretenden hacer". Navarro, en declaraciones a Europa Press, ha indicado que "cuando dicen que no entran grados y niveles en el sistema hasta 2013, no se sabe a qué se refieren".
En este sentido, ha señalado que la paralización de las incorporaciones de usuarios al sistema de Grado 1 Nivel 2 "dejarían sin derechos a 300.000 personas en España este año 2012". "Esta es la forma de gobernar de la derecha, recortando los derechos de aquellos que más los necesitan", ha criticado la consejera para la Igualdad y Bienestar Social.
Además, advierte de que para aplicar esta medida, el Gobierno de Mariano Rajoy tendrá que "modificar la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, porque es una Ley que reconoce un derecho".
Igualmente, ha lamentado que "por primera vez" se ha tomado una decisión en torno a la Ley de Dependencia "sin consenso con las comunidades autónomas", lo que supone, a juicio de Navarro, "una muestra de cómo es un gobierno de derecha, despreciando las opiniones de las administraciones públicas, en este caso las comunidades, que también forman parte del desarrollo y financiación de la misma".
Además de las personas que perderán su derecho, según la consejera, esta decisión repercute en un alto número de empleados que existen en torno al desarrollo de la Ley de Dependencia y que genere "bastantes retornos al Estado".
Para Navarro esta medida es "la crónica de una muerte anunciada", pues ya antes de las elecciones generales "Rajoy anuncio que la Ley era inviable y se ha demostrado este viernes". "Se suben los impuestos y bajan las prestaciones a los sectores más vulnerables", ha lamentado, cuestionando que "así no se ayudan a las familias".
EXPLICACIÓN DEL GOBIERNO
Según ha indicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, esta medida se debe a que el Ejecutivo no quiere reducir la cuantía de las prestaciones destinadas a las personas dependientes.
El calendario de aplicación de la ley, aprobada en 2006, establece en su disposición final primera la incorporación gradual de los dependientes al sistema a partir del 1 de enero de 2007. De esta forma, el primer año podían acogerse a los servicios y prestaciones de la ley los 'grandes dependientes' Grado III, niveles 2 y 1.
En el segundo y tercer año, entraron los 'dependientes severos', valorados en el Grado II, nivel 2; en el tercer y cuarto año, los 'dependientes severos' Grado II nivel 1; en el quinto y sexto (2011 y 2012) aquellos valorados con el Grado I nivel 2 de 'dependencia moderada'; y, por último, en el séptimo y octavo año, los 'moderados' Grado I nivel 1.
Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, a 1 de diciembre de 2011, existen 315.000 dependientes que todavía se encuentran a la espera de ser atendidos. De ellos, la mitad, unos 165.000, son 'dependientes moderados', que el 1 de enero de 2011 entraron en el Sistema de Dependencia.
