Cree que la votación del PP en el Parlamento dependerá de la postura que gane en el "debate interno que se abrirá en esta formación"
SEVILLA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Salud, María Jesús Montero, explicó hoy que el proyecto de Ley de Muerte Digna de Andalucía "no contempla la objeción de conciencia" que un profesional sanitario pueda mostrar a la hora de limitar el esfuerzo terapéutico a un paciente en situación terminal que así lo pidiese, ya que, según aclaró, desde el Gobierno andaluz "entendemos que tiene que ser un ámbito estatal el que regule este apartado de forma general".
En una entrevista concedida a Punto Radio recogida por Europa Press, Montero opinó que "probáblemente éste es el ámbito en el que la objeción de conciencia tiene que tener una regulación más clara, al igual que ocurre con las técnicas del aborto".
"Tengamos en cuenta que las prácticas que se regulan en esta ley son consideradas buenas prácticas clínicas, incluida la sedación paliativa terminal que, aunque acorte la vida del individuo, lo que persigue es disminuir el dolor y por tanto aliviar sus síntomas", argumentó.
Por ello, Montero dijo entender que "sería muy excepcional que cupiera la objeción de conciencia". Sea como fuere, consideró que "por estas razones se tendría que regular en ese nivel más general".
Con todo, quiso dejar claro que el proyecto de ley "si recoge la garantía de que, ocurra lo que ocurra y ante cualquier imprevisto en la relación profesional médico-paciente, el centro donde se encuentre tiene que ser garante de que el paciente recibirá el tratamiento que ha expresado para que no nos ocurra como en el caso de Inmaculada Echeverría, que tuvo que ser trasladada de un centro religioso de Granada a otro público para retirarle el respirador que la mantenía con vida", recordó.
NO ES EUTANASIA
Pregunta acerca de la existencia de voces que sostienen que el proyecto de ley andaluz supone en la práctica ejercer la eutanasia, la titular del ramo recordó que "ni la eutanasia y el suicido asistido" se contemplan en la futura norma andaluza, entre otra razones, porque la comunidad "no tiene competencias" para legislar esta materia y "está tipificado como delito en el Código Penal".
Recordó que esta ley lo que recoge es la "garantía" de hacer valer la voluntad del paciente en el tramo final de la vida, además de "el derecho a tener cuidados paliativos en el domicilio del paciente si así lo desea, la sedación paliativa terminal o el rechazo al tratamiento".
Según dijo, todas estas prácticas se contemplan desde la categoría de la "buena práctica clínica", toda vez que aprovechó para defender que este proyecto de ley "también otorga una seguridad jurídica a los profesionales que están desarrollando estas técnicas a diario en los centros sanitarios".
Al hilo de ello, argumentó que la ley evitará "que no ocurran situaciones como la que pasó en el Hospital de Leganés" --en el Severo Ochoa--, ya que el procedimiento "estará perfectamente recogido en la historia clínica del paciente".
POSTURA DEL PP Y SU "DEBATE INTERNO"
En cuanto a la postura del PP, formación ya ha expresado que sólo apoyará esta ley durante su votación en el Parlamento andaluz siempre que se respetan las creencias de los pacientes, sus familias y los médicos, Montero afirmó que con esta norma "lo que se hace es justamente garantizar estas creencias".
"Creo que en el PP siempre se abre un debate interno, ya que hay una parte más moderada que podría votar a favor de dicho proyecto de Ley y un ala más dura que se opone a cualquier avance en este sentido", declaró Montero, quien opinó que "tendremos que asistir a ese debate interno" para que, "dependiendo de cual sea la postura dominante --en el seno del PP-- apoyen o no finalmente este proyecto".
En cuanto a la existencia de otras voces que dicen que este proyecto de ley es innecesario por cuanto que los conceptos que en el se regula ya vienen recogidos en diversas leyes ya existentes, admitió que la existencia de un "referente estatal en el que nos fundamentamos y un mandato del Estatuto de Autonomía del Paciente en el que se dice que los poderes públicos deberían de regular los apartados de muerte digna".
Pese a ello, señaló que la comunidad autónoma andaluza, "vista la experiencia, ha pretendido dejar constancia de que es necesario garantizar que esa voluntad del paciente se va a cumplir en cualquier caso y que, por otra parte, los profesionales que la hacen no sólo no incurren en ilegalidad sino que además hacen lo que tienen que hacer", zanjó.
