SEVILLA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
La consejera para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, informó hoy de que las dos personas detenidas hoy dentro de la operación 'Yayo' por presunto maltrato a 14 ancianos en una residencia de Carmona (Sevilla) ya habían sido sancionados por la Administración en el pasado debido a su implicación en un caso similar.
Según indicó Navarro en declaraciones a los periodistas en Sevilla, "no es la primera vez" que los servicios de inspección de la Junta de Andalucía intervienen a esta pareja, responsable en esta ocasión de una residencia "ilegal" en Carmona, aunque sí es la primera vez que se les detiene.
Tal y como afirmó, los implicados, M.R.S., de 59 años, y a su pareja sentimental, R.B.N., ambos residentes en Carmona, ya habían estado vinculados en el pasado a otras residencias "piratas", es decir, que no cumplían con la legalidad exigida, las cuales terminaron cerradas y con la apertura de un expediente administrativo por parte de la Junta.
La consejera insistió en todo momento en que se trataba de una residencia "totalmente ilegal", por lo que hizo un llamamiento a la ciudadanía para que "antes de dejar a un familiar en alguna residencia se cercioren de que posee acreditación de la Junta y que cumple con los requisitos exigidos".
En este sentido, apuntó que la Fiscalía puede imputar algún tipo de responsabilidad subsidiaria a los familiares de los residentes, ya que, admitió, "es difícil que un padre denuncie a sus hijos por desatención".
Navarro subrayó que "si el centro residencial no cuenta con acreditación, nadie puede garantizar que se cumple con los servicios que tienen que prestar a los mayores", subrayó, recordando que en Andalucía existen 50.000 plazas residenciales que cumplen con los requisitos exigidos por ley y que atienden "perfectamente" a los mayores.
La titular del ramo explicó que los hechos se desencadenaron a raíz de dos llamadas, una a finales de noviembre y otra a principios de diciembre de 2009, anónimas al Teléfono de Atención a las Personas Mayores de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social que alertaban de supuesta falta de atención y malos tratos a los ancianos internos en la residencia de Carmona.
IMPIDIERON ENTRAR A LA INSPECCIÓN
Como consecuencia de ello, los servicios de Inspección de la Junta intentaron realizar una visita al centro en febrero de 2010, la cual se saldó sin éxito ante la "rotunda negativa" de los responsables, motivo por el cual la Junta comunicó el asunto a la Fiscalía y ésta traslado la información a la Guardia Civil.
Señaló que ha sido una investigación "larga y complicada", ya que, durante la misma, los responsables trasladaron "en varias ocasiones tanto su domicilio como a los ancianos a diferentes puntos de Sevilla". Además, apuntó que en la residencia trabajaban más personas, pero no pudo precisar si éstas están siendo investigadas.
La consejera destacó que esta actuación ha demostrado que los servicios de inspección de la Junta "funcionan" y pidió una vez más la colaboración ciudadana para que, "en cualquier caso que tengan la más mínima sospecha se pongan en contacto con las autoridades o llamen al Teléfono de Atención a los Mayores de la Junta".
Resaltó que lo fundamental es que los ancianos "están siendo perfectamente atendidos" y han sido trasladados a diferentes centros, en concreto uno al Hospital Macarena; siete a la residencia de ancianos de Montequinto, y seis a la de Heliópolis, ambas dependientes de la Junta de Andalucía.
Agentes de la Guardia Civil del Equipo Mujer-Menor (Emume) de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil han detenido dentro de la operación 'Yayo' a dos responsables de una residencia ubicada en la localidad sevillana de Carmona por presunto maltrato a 14 ancianos.
En un comunicado, la Benemérita informó de que estos malos tratos consistirían en falta de cuidados higiénico-sanitarios; mala alimentación sin ningún tipo de control de nutrición; tratamiento médico inadecuado con administración "abusiva" de fármacos; trato "abusivo" a los ancianos, "al ser tratados como cosas y no como personas", así como control económico "irregular" de los residentes.
