Los recursos de la Junta han permitido ejecutar más de 82.000 medidas judiciales con menores infractores en una década

Actualizado: martes, 22 marzo 2011 19:47

Gobernación y Justicia ha creado una guía con los centros y servicios existentes que dan trabajo directo a más de 1.350 personas

SEVILLA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los recursos de la Junta de Andalucía han permitido que se ejecuten un total de 82.010 medidas judiciales con menores infractores en una década, desde 2001 hasta finales de 2010, un plazo en que los recursos destinados a este ámbito se han incrementado en un 300 por ciento, pasando de 28,6 millones en 2000 a 93,8 millones de euros.

El consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, que ha presentado en comisión parlamentaria la Guía de Recursos de Justicia Juvenil en Andalucía, ha subrayado el "esfuerzo" realizado por Gobierno andaluz para crear los medios necesarios con el fin de "garantizar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor en las mejores condiciones de calidad y con las mayores garantías jurídicas".

En este sentido, ha recordado que "en estos diez años se ha completado de manera notable el mapa de recursos destinados a la atención de los jóvenes infractores, con el aumento de centros, servicios y programas, y también se ha avanzado notablemente en la calidad de los mismos". Entre otras cuestiones, se han incrementado las plazas pasando de las 242 del año 2000 a las 812 existentes en la actualidad.

La Guía de Recursos de Justicia Juvenil en Andalucía, que se ha editado recientemente, se ha distribuido por vía telemática entre los operadores jurídicos. Se trata de un catálogo en el que se reúnen todos los centros y servicios de los que dispone la comunidad autónoma, para dar respuesta a las distintas medidas judiciales posibles y que van desde el internamiento pasando por los tratamientos ambulatorios para la adicción de drogas o de trastornos psiquiátricos o psicológicos, o la libertad vigilada.

A ellas se suman la convivencia en grupo educativo, asistencia a centros de día, a talleres socio educativos o la permanencia de fin de semana. Así, el consejero ha destacado la utilidad de esta guía, dado el amplio número de agentes que participan en la ejecución de las medidas judiciales, como son jueces, fiscales, abogados, equipos técnicos y la Administración, que utiliza entidades para la gestión de centros y servicios específicos.

16 CENTROS DE INTERNAMIENTO CON 812 PLAZAS

La Junta cuenta con 16 centros de internamiento de menores infractores con 812 plazas, de las cuales 702 son para la población masculina y 44 para la población femenina, 24 se destinan a terapia de salud mental y 42 para terapias de drogodependencias. En medio abierto --aquellas medidas que se aplican sin privación de libertad-- se cuenta con 62 instalaciones y servicios con 128 plazas. En ellos, en la última década se ejecutaron 82.010 medidas judiciales, 68.978 en medio abierto y 13.032 en internamiento.

Las medidas judiciales son ejecutadas por equipos multidisciplinares formados por profesionales altamente cualificados. Así, tan sólo en los centros de internamiento de la comunidad autónoma se emplea a 1.351 trabajadores directos, en su mayoría relacionados con el ámbito educativo.

Los recursos, orientados desde la responsabilidad penal hacia la reinserción socioeducativa, se agrupan en cuatro grandes áreas, como son los educativos, que contribuyen al crecimiento personal del joven; los prelaborales, destinados a su cualificación profesional y los de inserción laboral, que se considera el medio idóneo para conseguir la reinserción social. A ellos hay que sumar los programas de intervención psicosocial, que tratan de lograr mejorar la capacidad de los menores para responder de manera adecuada ante situaciones de conflicto y reducir las conductas desajustadas.

Pizarro ha señalado que esta guía es un reflejo de la consolidación del sistema judicial en Andalucía en el ámbito de los menores, en el que hoy la Administración autonómica "se ha empeñado" en mantener la inversión, lo que a su juicio refleja su compromiso con los derechos esenciales de los ciudadanos.