Sevilla.- Tribunales.- El alcalde de Villaverde del Río sostiene que no tuvo intención de dañar a nadie

SEVILLA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Villaverde del Río (Sevilla), Rufino Campos Cabeza (PSOE), defendió hoy que no tuvo intención de dañar a nadie ante el Juzgado de lo Penal número 7 de Sevilla donde se celebró esta mañana la vista oral contra el edil, para el que el fiscal pide nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público en relación con un presunto delito de prevaricación, por la supuesta no adjudicación oficial de una vivienda a una vecina de nacionalidad argentina, según informaron a Europa Press fuentes del caso.

Según indicó a Europa Press el propio alcalde, durante el juicio "no he tenido que hacer prácticamente ningún tipo de defensa porque la gente me conoce y sabe cómo actúo. No soy capaz de hacer daño a nadie y se me acusa de prevaricación aún a sabiendas de que se me está haciendo daño".

Así, aseguró encontrarse "tranquilo" y subrayó que "creo en la Justicia y se trataba de demostrar que no había ningún tipo de intención de hacer daño a nadie, ni a la denunciante ni a nadie". Además, destacó que en el municipio hispalense "hay muchos colectivos y todos están perfectamente integrados allí y, cuando van a los Servicios Sociales del Ayuntamiento, se les trata perfectamente, como a todo el mundo".

Tras resaltar que "en ningún momento ha habido mala fe por mi parte" y que su abogado "ha hecho una exposición afinada, bastante clara y demostrando con actas de pleno y acuerdos de comisiones de gobierno y asuntos sociales que no ha habido ningún problema". Con todo, reseñó que "en un momento no se actuó con un procedimiento administrativo que no fue correcto --por otro asunto aportado como prueba-- porque las circunstancias eran extraordinarias".

Asimismo, el alcalde puntualizó que sólo se limita a "presidir las comisiones, no hago las propuestas, sino que elevo a pleno los distintos acuerdos. Se ha tratado de inculparme diciendo que era el máximo responsable de todo y se preguntó si yo en algún momento había dicho algo en contra de esta señora o había coaccionado a los servicios, pero en ningún momento, y ha quedado suficientemente claro".

Campos se vio arropado por unos 200 vecinos del municipio que se concentraron en la puerta de los juzgados del Prado y algunos accedieron a la sala de vistas para mostrarle su apoyo. En declaraciones a Europa Press, los vecinos dijeron que viajaron en cuatro autobuses y vehículos particulares "porque creemos que no ha cometido ilegalidad alguna. Villaverde acoge a todo el mundo y hemos venido simpatizantes de todos los partidos porque apoyamos al alcalde como persona".

Por su parte, el abogado del edil, Miguel Angel Martínez, informó de que el fiscal elevó a definitivas sus conclusiones provisionales, mientras que la defensa pidió la libre absolución.

INICIO DEL PROCESO

El Juzgado de Instrucción número 1 de Lora del Río y la Audiencia Provincial de Sevilla, en sucesivas decisiones, ya rechazaron la petición de nulidad de las actuaciones expuesta por el regidor. Así, el Ministerio Fiscal y la acusación particular solicitaron a dicho Juzgado la apertura de juicio oral contra Campos Cabeza por el citado delito.

El escrito presentado ante el Juzgado por la acusación particular, ejercida por la denunciante P.S.T., señala que esta mujer ha venido requiriendo una vivienda digna desde el año 1992, motivo por el cual existe desde septiembre de 1995 un "esclarecedor" informe de los Servicios Sociales en el que se recoge la situación de "extrema gravedad" que padecen ella y su familia.

Esta situación, según continúa el escrito, al que tuvo acceso Europa Press, "se degradó" hasta el extremo de que en julio de 2001 P.S.T. fue "desahuciada y lanzada" de su domicilio, viéndose obligada a ocupar "de forma violenta" otra vivienda, sufriendo incluso "manifestaciones xenófobas" contra ella y su familia por tal actuación.

Añade que desde la corporación municipal "se ha hecho todo lo posible" por evitar que esta vecina obtenga su "merecida" vivienda, apuntando que en julio de 1997 y, "consciente de la irregularidad de la situación", el alcalde ordenó entregar las llaves de ésta a otra persona "sin abrir concurso público de adjudicación y al margen de las vías legales".

Este hecho se llevó a cabo además, agrega el escrito, "sin que constasen" sus ocupantes como familia desfavorecida en la lista de los Servicios Sociales del municipio, donde "sí constaba" la denunciante, cuestión en la que se hizo mención en el Pleno del Ayuntamiento del 3 de julio de aquel año cuando se propuso, a iniciativa de IU, la adjudicación de dicha vivienda a P.S.T., si bien tal propuesta fue finalmente desestimada.

Dice el escrito de la acusación particular que las "justificadas" quejas por tales hechos se levantaron ante el Defensor del Pueblo Andaluz, "al que ignora" el regidor de Villaverde "hasta el punto" de que éste incluyera la queja de P.S.T. en el Informe Anual del Parlamento Andaluz, declarando asimismo su "actitud entorpecedora".

El abogado de la parte demandante incluye entre sus conclusiones provisionales una indemnización de 50.000 euros a favor de P.S.T. por los daños morales que le han sido causados en este caso.