SEVILLA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -
La ex directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto ha comenzado su declaración como imputada ante la juez de Sevilla que investiga la adjudicación a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar, en detrimento de Emerita Resources España.
La declaración de María José Asensio, a quien la instructora imputa un presunto delito de prevaricación, ha comenzado a las 9,50 horas de este jueves --estaba citada a las 9,30 horas-- y no se está desarrollando en el despacho de la juez de Instrucción número 3 de Sevilla, sino en una sala de vistas ubicada en la misma planta.
Tras la exdirectora general de Minas, la juez tomará declaración como imputados a la letrada de la Junta de Andalucía Pastora Sánchez de la Cuesta y al interventor delegado en la Consejería de Hacienda y Administración Pública José Marcos, a los que también atribuye un presunto delito de prevaricación.
De igual modo, la juez ha citado como imputados el día 25 a Julio Ramos Zavala, miembro de la mesa de contratación en representación de la Consejería de Hacienda; Alberto Fernández Bueno, miembro de la comisión técnica en calidad de jefe de área de Minas; Juan José García Bartolomé, miembro de la comisión técnica y gerente de Inversiones en Invercaria, y a Pilar Orche, funcionaria del Cuerpo Superior Facultativo de Ingenieros de Minas de la Junta y asesora técnica de Ordenación Minera.
La juez ha citado a los tres primeros imputados después de que, el pasado lunes, tomara declaración a tres testigos, en concreto dos trabajadores de la mina y el experto ornitólogo del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Juan José Negro Balmaseda, quien ratificó que el proyecto de Minorbis contenía "errores aritméticos", aunque admitió haber analizado únicamente seis folios de los casi 3.000 que conforman dicho proyecto.
El pasado mes de agosto, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el cese de la directora general de Minas --plaza que no será cubierta hasta que finalice el proceso judicial-- y, por boca del vicepresidente andaluz, Manuel Jiménez Barrios, confió en que pueda volver a ocupar esta responsabilidad "si todo se aclara" y deja de estar imputada tras prestar declaración judicial.
Jiménez Barrios, que quiso dejar claro que "no se está investigando un caso de corrupción", señaló también que el Gobierno andaluz cumple con este cese con "la palabra dada" de que no haya ningún alto cargo de la administración andaluza imputado, un compromiso adquirido por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en su discurso de investidura, y señaló que el Gobierno andaluz tiene la confianza de que todo el proceso de adjudicación de la mina se ha hecho con "transparencia y claridad" y cumpliendo con la legalidad.
En el auto de imputación, dictado el pasado 31 de julio, la juez consideraba "necesario" citar como imputada a la ex directora general de Industria, Energía y Minas "como responsable del procedimiento seguido a efectos de resolver sobre la adjudicación de la explotación de los terrenos mineros de Aznalcóllar y firmante del decreto por el que se resuelve el concurso".
