CCOO defiende que la prórroga extraordinaria de los alquileres es "jurídicamente viable" y pide solicitarla

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras (CCOO) ha defendido que el Real Decreto-ley 8/2026 de prórroga extraordinaria de contratos de alquiler que finalicen entre 2026 y 2027 es "jurídicamente viable" y ha llamado a los inquilinos a solicitarla, incluso ante la posibilidad de que determinados propietarios o fondos de inversión impulsen litigios con el objetivo de dificultar su aplicación.

El Real Decreto-ley de prórroga extraordinaria de los alquileres, aprobado por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias del conflicto bélico de Irán, permite prorrogar hasta dos años los contratos de alquiler de vivienda habitual que finalicen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, manteniendo las condiciones vigentes.

Para el sindicato esta medida se adopta en un contexto de fuerte incremento de precios, que en algunos casos alcanza el 40%, expulsando a miles de familias de sus hogares, por lo que es una acción "legítima" para defender el derecho a la vivienda frente a prácticas especulativas, incluso en un escenario de posible litigiosidad.

Según CCOO, el decreto ley no es "una opción negociada, sino de un derecho subjetivo de carácter legal, ejercitable de forma unilateral por la persona arrendataria y de obligado cumplimiento para la parte arrendadora, salvo en supuestos muy tasados".

Por tanto, basta con que la persona inquilina comunique de forma fehaciente, por ejemplo, mediante burofax, su voluntad de acogerse a la prórroga para activar sus efectos jurídicos.

Desde el sindicato han insistido en que este derecho está plenamente vigente desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley y puede ejercerse sin necesidad de esperar a su convalidación. En consecuencia, las solicitudes realizadas durante este periodo constituyen actos jurídicos válidos y eficaces, que generan una posición jurídica sólida y defendible.

Aunque CCOO ha reconocido que la aplicación de esta medida puede dar lugar a conflictos judiciales impulsados por algunos propietarios o fondos, especialmente porque el decreto ley puede decaer en su convalidación en el Congreso al no contar con los apoyos parlamentarios suficientes, ha pedido que esto no disuada a las personas inquilinas de ejercer su derecho y solicitarla.

En este sentido, el sindicato ha apuntado que los eventuales litigios podrían prolongarse en el tiempo, lo que, en la práctica, favorecería la permanencia de las personas inquilinas en sus viviendas mientras se resuelven los procedimientos.