El PSOE rechaza la Ley de Rehabilitación porque teme que condene a muchos ciudadanos a perder su vivienda

Rehabilitación del antiguo Teatre Arnau de Barcelona
EUROPA PRESS
Actualizado: viernes, 3 mayo 2013 21:25


MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha presentado una enmienda de totalidad contra el proyecto de ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana al creer que genera "confusión" normativa, que no tiene en cuenta el impacto de género de este tipo de políticas, y porque teme que pueda condenar a muchos ciudadanos a la pérdida de su vivienda así como expulsar a quienes tienen menores rentas de los centros urbanos.

Así consta en el texto, que recoge Europa Press, con el que los socialistas piden la devolución al Gobierno del proyecto de ley. Según la enmienda, que será debatida el próximo jueves en el Pleno del Congreso, en lugar de conseguir el objetivo de "englobar y sistematizar la normativa vigente" en materia de rehabilitación urbana, este proyecto de ley "constituye una maraña de modificaciones legislativas que empeora el marco jurídico actual y genera confusión e inseguridad jurídica".

Además, los socialistas señalan que la contribución de esta nueva normativa a la reactivación del sector de la vivienda será "nula" al haber "renunciado" el Gobierno a "las políticas inversoras imprescindibles para articular y desarrollar una política de vivienda coherente". "La ausencia de recursos económicos que puedan hacer efectivas estas medidas, el proyecto se convierte en un desiderátum de escaso impacto transformador", insisten.

NORMATIVA ANTICONSTITUCIONAL

Pero el PSOE va más allá, al afirmar en su enmienda que el proyecto vulnera "frontalmente" el artículo 47 de la Constitución al "incorporar como suelo urbanizado suelos que no disponen de servicios ni infraestructuras urbanas, lo que posibilitará su valoración especulativa a los efectos de determinación de eventuales justiprecios".

Además, a juicio de los socialistas el proyecto no tiene en cuenta las viviendas aisladas, ya que centra sus medidas en la rehabilitación de edificios destinados a vivienda colectiva y en la regeneración y renovación urbanas. Y, en este punto, considera incluso que "en muchas disposiciones se aleja del pretendido objetivo básico de fomentar la regeneración y la renovación e introduce modificaciones normativas que, de aplicarse, pueden expulsar a los ciudadanos de menores rentas de los centros urbanos".

Y es que, al obligarse a los propietarios a acometer obras de rehabilitación en sus edificios, se puede provocar que quienes carecen de recursos económicos "lleguen a perder su vivienda, al no poder hacerse cargo de los costes", con lo que el proyecto "contribuiría a nuevas formas de exclusión social, de pérdida de la vivienda, añadidas a las provocadas por la crisis económica".

CAMBIO DE PARADIGMA ECONÓMICO

El PSOE argumenta asimismo que esta ley no servirá para afrontar el "reto fundamental" de cambio de paradigma económico en materia de crecimiento y desarrollo, al olvidar el "enfoque cohesivo socialmente e igualitario desde el punto de vista de género". "Si no se cambia ese proceso de concebir los espacios habitables desde una perspectiva exclusivamente economicista el impacto sobre la ciudadanía y, específicamente, sobre las mujeres, resultará singularmente negativo", pronostican.

En concreto, se refieren a los aspectos del urbanismo que impactan en ciertos grupos sociales, tipos de familia o en el colectivo femenino, tales como las necesidades de transporte, accesibilidad, seguridad en los espacios públicos, diseño y configuración de las viviendas o localización de equipamientos. Aspectos que "influyen de forma determinante en las condiciones sociales y económicas" de estos grupos y que son "un atributo esencial de un espacio que pueda ser considerado inteligente y adecuado a criterios de calidad, eficacia y eficiencia".

Finalmente, los socialistas rechazan el proyecto porque "desregula" el sector sin incorporar "mayor racionalidad técnica, claridad normativa y seguridad jurídica". Así, no se garantiza que la actividad urbanística esté controlada "social y democráticamente" por las administraciones mediante "una dirección eficaz y transparente" y "procedimientos ágiles y sistemas de concertación público-privados al servicio del interés general y la optimización de los recursos".