La presión fiscal de una vivienda puede alcanzar el 62% de su precio de adquisición, según un estudio

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presión fiscal que soporta una vivienda en España a lo largo de todo su ciclo económico --desde la adquisición hasta la tenencia y la transmisión-- puede superar el 62% del precio de compra cuando se considera el conjunto de tributos que inciden sobre el inmueble a lo largo del tiempo, según un estudio de Fedea, la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona y la Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana y Asociaciones de Propietarios de Fincas Urbanas.

El trabajo, titulado 'Análisis económico de la fiscalidad de la vivienda en España', defiende una reorientación de la fiscalidad para aumentar la oferta de vivienda y facilitar la demanda, racionalizando la fragmentación normativa entre administraciones y diseñando incentivos que favorezcan especialmente el alquiler asequible y la rehabilitación energética.

No obstante, el estudio subraya que la fiscalidad no es el único ni el principal instrumento para resolver el problema de la vivienda en España y atribuye el déficit de oferta a factores como la escasez de suelo finalista, los cambios regulatorios, la gestión de las licencias administrativas, los costes de construcción, la falta de mano de obra y la baja productividad del sector.

El autor del informe, Jaume Menéndez, ha advertido de que "la vivienda soporta en España una presión fiscal elevada a lo largo de todo su ciclo económico", pudiendo superar el 62% del precio de adquisición cuando se tienen en cuenta los impuestos que gravan la adquisición, la tenencia y la transmisión del inmueble.

SE PROPONEN REBAJAS FISCALES

Entre las medidas propuestas, el estudio plantea la creación de un IVA del 0% para la promoción de vivienda destinada al alquiler asequible, la aplicación de un tipo reducido del 4% o el 5% para la primera adquisición de vivienda y un tipo cero temporal para las obras de mejora y eficiencia energética.

Asimismo, propone corregir el efecto cascada del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), suprimir el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) y establecer una definición homogénea del concepto de gran tenedor vinculada al número de viviendas en alquiler o vacías.

También plantea elevar el mínimo exento del Impuesto sobre el Patrimonio hasta aproximadamente un millón de euros, incrementar la exención aplicable a la vivienda habitual desde los actuales 300.000 hasta unos 600.000 euros y sustituir la estructura vigente del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por una tarifa progresiva única, con tipos de entre el 5% y el 15%.

El director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, ha señalado durante la presentación del estudio que "las grandes restricciones que padece la oferta de vivienda se deben a una desatinada normativa del suelo y planificación urbana, que genera inseguridad jurídica y alarga innecesariamente los plazos de construcción".

Por su parte, el presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, Julián Salcedo, ha puesto el foco en las diferencias existentes entre comunidades autónomas en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), que oscila entre el 6% aplicado en Madrid y Navarra y tipos de hasta el 20% en comunidades como Cataluña, Baleares o la Comunidad Valenciana. A su juicio, esta disparidad normativa "castiga la movilidad laboral y encarece de forma artificial el acceso a la vivienda usada".

En relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el economista Valentí Pich ha defendido sustituir la estructura vigente por una tarifa progresiva única, con tipos de entre el 5% y el 15%, acompañada de un mínimo exento, así como eliminar los grupos de parentesco como criterio central del impuesto.

Por último, el presidente de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Joan Ràfols, ha recordado que España ocupa una posición destacada entre los países de la OCDE por presión fiscal sobre la vivienda y ha defendido revisar a la baja el IVA soportado y no deducible en la promoción de alquiler asequible.

Ràfols ha lamentado además la "asfixiante fragmentación normativa" en España y ha asegurado que "la política fiscal actual no incentiva la inversión ni la salida de vivienda al mercado", sino que actúa como "un castigo regulatorio que frena la creación de un parque residencial asequible".