El bono social se renovará cada dos años y quienes pierdan los requsitos para beneficiarse estarán obligados a notificarlo
MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio está preparando un convenio con el Instituto Nacional de Estadística (INE) que permitirá a las comercializadoras preguntar al organismo si los usuarios de la tarifa social --menos de 3 kilovatios (kW)-- cumplen la condición de empadronados en la vivienda, lo que indica que es su primera residencia, o si, por el contrario, están cometiendo un fraude al disfrutar de la ayuda en una segunda residencia.
Esta tarifa social se puso en marcha el año pasado y, junto al bono social, ayudará a aliviar los efectos para los colectivos más desfavorecidos del proceso de liberalización de tarifas, que comenzará a partir del próximo 1 de julio. Si bien Industria reitera su deseo de que pueda asociarse el bono social a la renta, su implantación inicial beneficiará a familias con todos los miembros en paro, pensiones mínimas, familias numerosas y usuarios de tarifa social.
El bono social, vigente en principio hasta 2012, se renovará cada dos años y será tramitado por las nuevas comercializadoras de tarifa de último recurso. Quienes pierdan los requisitos para acogerse al mismo, estarán obligados a notificarlo. El Gobierno cree que hay cinco millones de potenciales usuarios de esto bono, que se aplicará automáticamente a las tarifas sociales y que deberá ser solicitado por el resto de los colectivos beneficiados.
DATOS PARA LAS COMERCIALIZADORAS.
Industria se encuentra ultimando otras medidas para afinar el arranque en julio de la nueva Tarifa de Último Recurso (TUR). Para los usuarios de más de 10 kW, que pasarán al mercado libre, diseña un real decreto que permitirá a las comercializadoras acceder a su nombre, dirección y datos de consumo y, así, poder hacer ofertas atractivas. La medida respetará los derechos de los usuarios, que podrán renunciar a aparecer en estas bases de datos.
Estos 1,2 millones de usuarios que saldrán de la tarifa --700.000 de ellos tienen entre 10 y 15 kW-- sufrirán a partir de julio recargos trimestrales del 5% durante nueve meses que, al final del periodo, encarecerán hasta un 20% el recibo y les disuadirán durante esos meses de continuar acogidos a la tarifa.
Para los 25 millones de usuarios con tarifa, Industria estudia una norma que obligue a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a publicar todas las ofertas de las comercializadoras liberalizadas para que este colectivo tenga información contrastada y pueda elegir entre seguir en la TUR o pasar al mercado.
Si bien las comercializadoras manejarán los datos del bono social, Industria ha puesto en marcha la Oficina de Cambio de Suministrador para que las bases de datos estén custodiadas y todos los comercializadores partan de las mismas condiciones a la hora de acceder a esta información.
REVISIÓN SEMESTRAL.
Las tarifas reguladas se revisarán en principio cada seis meses --el objetivo es que más adelante haya revisión trimestral--, deberán ser analizadas por la CNE --el regulador ya no hará propuestas-- y se fijarán en función del coste de la energía en las subastas Cesur para comercializadoras y en función de los costes de peajes, entre los que se incluye el déficit de tarifa.
La fórmula de revisión es automática, pero Industria podrá subir o bajar de forma discrecional la influencia de los peajes sobre el resultado final, de modo que la correlación entre el coste de la energía y el recibo de la luz seguirá sin ser directa.
El Gobierno quiere fijar tarifas suficientemente bajas como para que la TUR tenga sentido, pero no tanto como para impedir que las comercializadoras puedan hacer ofertas y llevarse clientes al mercado libre. En todo caso, la tarifa deberá ser lo más aditiva posible, ya que las comercializadoras de último recurso entrarían en suspensión de pagos si ingresasen menos de sus clientes de lo que les cuesta comprar la energía en el mercado.
Por otro lado, la nueva TUR será única para todos sus usuarios, y no incluirá varios tramos, como la actual tarifa. En todo caso, siempre que se disponga de contador apropiado, existirá la opción de acogerse a la discriminación horaria, que permitirá gestionar el consumo y ahorrar hasta un 10%.
PROBLEMAS CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
El departamento dirigido por Miguel Sebastián no está recibiendo la colaboración deseada por parte de varias comunidades autónomas. La Oficina de Defensa del Consumidor, cuyo objetivo era complementar las oficinas regionales creando un canal de interlocución con asociaciones de consumidores, no se puso finalmente en marcha después de que comunidades como la de Madrid interpretasen que transgredía sus competencias.
Industria pide a las comunidades que, como responsables de las oficinas del consumidor, muestren en la defensa de los mismos el mismo celo que en el rechazo a la Oficina de Defensa del Consumidor. También les invitó por carta, sin obligarlas, a que colaboren con el bono social, ya que deben ser ellas, con competencias en materia de empleo, las que acrediten que las familias tienen todos los miembros en paro y pueden disfrutar de la medida.
En cuanto a la polémica sobre los problemas de la facturación mensual, el Ministerio entiende que hubo demasiado ruido para su escasa gravedad, a la vista de que ninguna comunidad autónoma ha incoado actos sancionadores.
PEQUEÑOS DISTRIBUIDORES.
Por otro lado, Industria argumenta que el suministro de la TUR correrá a cargo de cinco grandes comercializadoras porque los pequeños distribuidores no tienen dimensión para comprar energía a precios competitivos en el mercado y, de haber sido obligados a suministrar la nueva tarifa, podrían correr el riesgo de entrar en suspensión de pagos.
Esta medida, asegura, ha sido adoptada por el bien de los pequeños distribuidores y, si se demuestra en dos años que estas empresas podrían gestionar la TUR, no se descarta permitirles suministrar a sus clientes la tarifa regulada.
