MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
La nueva ley energética que supondrá la trasposición de la segunda Directiva Europea de Gas y que actualmente está pendiente de ser aprobada por las Cortes introducirá la llamada "tarifa de último recurso" (TUR), con el objetivo de fomentar la liberalización del mercado gasista, anunció el presidente de Sedigas, Antonio Peris, en rueda de prensa.
Esta tarifa supondrá una "precio máximo garantizado", es decir, una referencia o 'valor refugio' a la que se podrán acoger los clientes que, colgados de una red de distribución de media presión, tengan un consumo limitado. Además, la TUR eliminará la volatilidad ya que, al fijar un precio máximo, elimina los efectos estacionales.
"La TUR será limitante pero no excluyente, ya que podrán solicitarla aquellos clientes que cumplan unos requisitos", señaló Peris, quien añadió que "lo ideal es que el mercado esté liberalizado y que exista esta tarifa a la que los usuarios se pueden acoger o no".
Peris explicó que aún se desconoce la periodicidad con la que se revisará el precio máximo de esta tarifa, que se hará previsiblemente cada año, aunque indicó que "lo normal es que se fije como la tarifa normal". El valor máximo se podrá modificar en caso de que los componentes de la fórmula superen un determinado valor.
Actualmente, un 86% del gas que se consume en España se vende a través del mercado liberalizado, frente al 14% restante que forma parte del mercado regulado. Dentro del mercado liberalizado, un 40% corresponde al mercado residencial.
En la misma línea, se creará la "Oficina de cambios de suministrador", con el fin de garantizar la transparencia y efectividad del mecanismo de traspaso de los clientes. Dicha oficina no dispondrá de una base propia de clientes, sino que podrá acceder a las bases de datos de consumidores y puntos de suministro de gas y electricidad de las empresas.
Según Peris, la función de esta oficina será "definir los criterios y evaluar cómo está funcionando el mecanismo de cambio de suministradores en el mercado eléctrico español".
La oficina estará constituida por un grupo de suministradores y comercializadores de gas y electricidad que estarán repartidos de la siguiente manera: un 70% quedará en manos de los comercializadores y un 30% controlado por los suministradores, ambas proporciones repartidas a partes iguales entre el gas y la electricidad.
Por otra parte, se producirá una separación de actividades, de manera que las compañías que desarrollen actividades reguladas como la regasificación, el almacenamiento básico, el transporte o la distribución no podrán realizar actividades de comercialización ni tomar participaciones en empresas que realicen dichas actividades.
Además, la nueva normativa pretende reforzar la independencia del gestor técnico del sistema gasista, de forma que Enagás dejará de suministrar gas y tendrá que separar las actividades que realiza como gestor, de aquellas que desempeña como transportista.
Enagás deberá crear una unidad específica encargada de la gestión técnica del sistema, que estará dirigida por una persona designada por el consejo de administración de la compañía, con el consiguiente visto bueno del Ministerio de Industria.
Por otra parte, se creará un Comité de seguimiento de la gestión técnica del sistema", que estará formado por representantes del Ministerio de Industria, de Enagás, del gestor del sistema eléctrico, Red Eléctrica Española (REE), de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, y de la Comisión Nacional de la Energía (CNE).
