Economía/Fiscal.- CiU pide al Gobierno mejoras fiscales en IRPF para los empleados que reciben pensión de viudedad

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de CiU ha presentado en el Congreso una proposición de Ley en la que insta al Gobierno a modificar la Ley del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) para que las personas que reciben una pensión de viudedad y trabajan estén exentas de la obligación de declarar si no superan el límite legal establecido (22.000 euros brutos anuales) y evitar, en el caso que exista la obligación de declarar, que se acumulen en la escala de gravamen de ambos ingresos.

Con esta iniciativa parlamentaria, el grupo nacionalista catalán pretende evitar que se discrimine a las personas que compatibilizan los dos ingresos al ser perceptor de una pensión de viudedad y, simultáneamente, una retribución salarial.

El portavoz de Asuntos Sociales y Trabajo de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, señala que en el caso de las personas viudas que deben seguir trabajando la regulación del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) produce unos "efectos contradictorios" respecto a la propia protección que pretende otorgar la normativa.

En este sentido, explica que las personas que compatibilizan una pensión de viudedad con el trabajo quedan sometidas a unos tipos impositivos crecientes por el hecho de acumularles ambos ingresos, reduciendo drásticamente el importe de la pensión, situación que se "agrava" a causa de la obligatoriedad de declarar.

En este caso, apunta el diputado nacionalista catalán, una persona que obtenga rendimientos del trabajo y una pensión de viudedad, aún cuando no sobrepase en cómputo total los 22.000 euros, debe declarar porque sus ingresos proceden de más de un pagador. Esto es, agrega Campuzano, porque la regulación del IRPF no tiene en cuenta que el pagador es el propio Estado y que la prestación que le otorga por cumplir los requisitos está destinada a compensar su pérdida de capacidad económica por unas circunstancias que en absoluto dependen de su voluntad.

Para Campuzano esta situación es "discriminatoria" hacia personas que perciben menos de 22.000 euros brutos anuales y que se les obliga a declarar, cuando el Estado ya conoce sus ingresos y la retención practicada, como vía para que deban pagar una parte importante de la propia pensión percibida.