VALENCIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -
La sección novena de la Audiencia de Valencia ha condenado a la antigua Caja Rural de Valencia, actual Ruralcaja, a devolver medio millón de euros a 32 afectados que iniciaron un procedimiento judicial en el año 2004 por una serie de depósitos de alta rentabilidad y las órdenes de compra de acciones que iban vinculadas. El resultado para los clientes de lo que suscribían fue de pérdidas de hasta el 75% del capital invertido.
Según informó hoy en un comunicado la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros Adicae, que defendió a los afectados, la sala establece en la sentencia que Ruralcaja debe devolver "los 350.000 euros de pérdidas que ocasionaron estos depósitos estructurados más los intereses generados desde el año 2000 hasta la actualidad", que la entidad calcula que alcanzarían los 150.000 euros más.
Estos 32 demandantes se suman a los 237 que ya obtuvieron una sentencia similar en la Audiencia Provincial, por lo que la cantidad total que Ruralcaja tendría que devolver a los clientes a los que vendió un producto de alto riesgo como si fueran imposiciones a plazo fijo, ascendería a más de 3,5 millones de euros, según los cálculos de Adicae.
Esta organización subrayó que la entidad financiera "llegaba a denominarlos como tales en los contratos y libretas", aunque los clientes "realmente invertían en acciones extranjeras de alto riesgo y vinculadas a un contrato de opción put con Banco Cooperativo de Crédito (entidad bancaria vinculada a las cajas rurales españolas)". En una escala de riesgo de 0 a 10, los clientes "asumían sin saberlo una cota de riesgo de un 9", explicó Adicae, quien añadió que el producto "fue comercializado hasta en 23 paquetes a lo largo de más de 12 meses sin que ningún cliente pudiera sospechar el riesgo que soportaban".
No obstante, "sólo en las cuatro últimas ediciones se generaron pérdidas por el funcionamiento de los mercados, circunstancia que trasladaron a los clientes, que levantaron la voz de alarma". Entonces, según la asociación, "muchos volvieron a ser de nuevo engañados por la Caja ya que desde ella se les instó a contratar esas propias acciones a sabiendas de que no iban a revalorizarse, con la falsa esperanza de que era la única manera de poder recuperar el dinero".
PLATAFORMA DE AFECTADOS
La organización de consumidores organizó en 2002 una Plataforma de Afectados que logró reunir inicialmente a 237 personas y, en una segunda tanda, a otras 32. Adicae presentó una demanda civil colectiva en al que pidió la restitución de las cantidades invertidas, "circunstancia que finalmente ha sido reconocida por la Audiencia Provincial".
Posteriormente, indicó, otras 150 personas le han remitido sus contratos "con la esperanza de poder presentar un requerimiento de extensión de efectos o una nueva demanda judicial colectiva". No obstante, señaló que por "determinados plazos de prescripción", los afectados "no podrán reclamar todos los contratos" ya que algunos clientes "tenían hasta cuatro relacionados con el mismo producto".
La asociación añadió que alrededor de otros 700 valencianos "no han presentado ningún tipo de reclamación o no han tenido constancia de estas sentencias", por lo que calcula que "más de 1.000 clientes se han visto afectados por este producto que tendrían 'enganchados' más de 12 millones de euros en pérdidas".
La sentencia de la Audiencia, según la entidad de consumidores, "reitera la obligación de las entidades de actuar con la debida diligencia profesional en pro de sus clientes, defendiendo los intereses de éstos como si fueran los suyos propios". Además, señaló que destaca "lo incorrecto de la comercialización indiscriminada de productos sin tener en cuenta si el cliente dispone o no de unos mínimos conocimientos financieros, algo que establece la legislación actual".
De esta forma, la sentencia confirma la nulidad de una cláusula del contrato de Ruralcaja, que establecía la aplicación de una comisión mayor a la rentabilidad mínima ofrecida y la del anexo que firmaron muchos clientes y que "les llevó a nuevas pérdidas", así como la de los contratos de compraventa directa de acciones relacionadas en estos depósitos (Deustche Telekom, KPN o Sonera, entre otras. Adicae calcula que un tercio de los bancos y cajas que operan en España comercializaron entre 2000 y 2003 este tipo de productos.
