MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los expertos jurídicos han destacado la dificultad que supondría acotar y definir las responsabilidades penales de los gestores públicos derivadas de elevar el gasto más allá de lo fijado en el presupuesto, dados los imprevistos que pueden surgir en la gestión pública, según varios abogados expertos en derecho penal consultados por Europa Press.
Los letrados coincidieron en afirmar que la regulación debería incluir un capítulo determinado de imprevistos, ya que, además de cubrir las necesidades básicas establecidas en los presupuestos, las distintas administraciones públicas pueden tener que hacer frente a urgencias medioambientales o sanitarias, entre otras.
De esta forma, los expertos explicaron que se puede responsabilizar a los gestores públicos a asumir obligaciones corrientes con un presupuesto determinado, pero destacaron la dificultad de definir los delitos de malversación de fondos públicos cuando surgen imprevistos.
Además, los abogados destacaron que establecer este tipo penal requeriría una reforma del Código Penal, mediante el desarrollo de una Ley Orgánica. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado este miércoles que se modificará la Ley de Transparencia del Gobierno para exigir responsabilidades penales a los gestores públicos que eleven el gasto más allá de lo fijado en el presupuesto.
Los expertos destacaron que la medida puede ser satisfactoria para controlar la legalidad de los contratos públicos y la fiscalización de comunidades autónomas y ayuntamientos. En este sentido, destacaron que las responsabilidades personales recaerían sobre los políticos, así como sobre los técnicos encargados de las licitaciones públicas y de las auditorías de cuentas de las administraciones públicas.
En este sentido, Montoro afirmó que "un gestor público, sea un político o un gestor nombrado por un político, no puede gastar más allá de los límites que tenga en su presupuesto", quien añadió que los gestores públicos que "falsean" la contabilidad deben afrontar las mismas responsabilidades penales que los gestores privados que cometen igual delito.
