MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Anticorrupción solicitó hoy ante la Audiencia Nacional la reapertura del caso de las 'cuentas secretas' del BBV al considerar que los 225 millones de euros extracontables, propiedad del banco y domiciliados en dos paraísos fiscales, suponían un "peligro" al estar fuera de control y sometidos a "la eventualidad de su desaparición".
La defensas de los cuatro ejecutivos del BBV, entre los que se encuentra el ex presidente del banco, Emilio Ybarra, defendieron el archivo de la causa acordado en la sentencia dictada por el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional el pasado 12 de marzo. La sentencia estimó el sobreseimiento por ausencia de perjudicados y de perjuicio para el banco.
Ambas partes expusieron sus argumentos hoy en una vista pública de revisión del recurso de apelación al dictamen presentado por la Fiscalía Anticorrupción que se celebró ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional presidida por el ponente Julio de Diego junto a los magistrados Ángel Luis Hurtado y Ricardo Rodríguez. Éstos decidirán en las próximas semanas si estiman el recurso del Ministerio Fiscal o si archivan definitivamente la causa.
Durante la vista, el fiscal Juan Pavía argumentó que "unos pocos" pudieron disponer de unos fondos extracontables propiedad del BBV que escaparon al control provocando así un posible "riesgo abstracto" para los "intereses generales", que estarían representados por los casi 500.000 inversores de la entidad, los accionistas e incluso, para el consejo de administración.
Por su parte, la defensa recordó la "ausencia de denuncias de perjudicados" y el requisito de acreditarlas antes de la apertura del juicio, ambas condiciones necesarias para la existencia de una "delito concreto" que diera lugar a la apertura del juicio oral. Los fondos no estaban contabilizados en los balances, "pero sí que estuvieron sometidos a las auditorias", argumentaron.
Los 225 millones de euros, domiciliados en dos sociedades 'trust' en la Isla de Jersey y en la Fundación Amelan en Liechtenstein, que fueron disueltas, se contabilizaron como beneficios en el balance del año 2000. Esta operación se fraguó entre enero y febrero de 2001 tras la fusión del BBV con Argentaria, que dio lugar a la presidencia conjunta de Emilio Ybarra y Francisco González, quienes le comunicaron al Banco de España la regularización y se abrió el correspondiente expediente sancionador.
ACCIONES ESTABLES
Según relataron las defensas, el BBVA pagó "78,1 millones de euros en impuestos de regularización" en concepto de Impuesto de Sucesiones y quedó probado que antes y después de esta operación la acción de BBVA "ni bajó ni subió". Asimismo, la cantidad regularizada suponía el 0,13% del activo del banco, cuya omisión en la contabilidad era "escasamente significativa" para el inversor.
El fiscal recordó que dichos fondos se utilizaron para la apertura en Estados Unidos de los fondos de pensiones para antiguos ejecutivos del banco en American Life Company (Alico) por valor de 20 millones de dólares y para el pago de 1,5 millones de euros destinados a financiar la campaña electoral del presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
Por su parte las defensas rebatieron estos argumentos recordando la sentencia del Tribunal Supremo sobre la investigación de los fondos Alico que absolvió a Ybarra y a otros directivos del BBVA de un delito de apropiación indebida.
El fiscal explicó que los fondos quedaron "sin rastro para el Banco de España" y sometido a las decisiones de un "número reducido de personas" hasta la fusión con Argentaria. Esta situación provocó una "falta de información" para los inversores de BBVA que no pudieron advertir un posible riesgo de "inestabilidad financiera".
Pavía recordó una comparecencia en 2002 del entonces gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, en la que explicó que dada la antigüedad de los hechos, el carácter opaco de las operaciones y su localización en paraísos fiscales no habían podido "llegar a toda la información".
Las defensas repasaron sentencias como las de el 'caso Atlético' o la del 'caso Abengoa' para demostrar los antecedentes judiciales en los que se archivaron las causas al no existir denuncias de perjudicados y acusar al fiscal de "construir un nuevo tipo penal en el que los delitos societarios sean públicos".
El Ministerio Fiscal solicitaba para Ybarra dos años y medio de cárcel y multa de diez meses con cuota diaria de 250 euros, tres años de cárcel y multa de doce meses con cuota diaria de 250 euros para el ex consejero delegado Pedro Luis Uriarte Santamarina, el ex vicepresidente José Domingo Ampuero y el ex consejero Gervasio Collar, así como dos años y diez meses de prisión con cuota de 250 euros para Luis Javier Bastida, ex director general financiero de BBV.
La Fiscalía acusó a los directivos de BBV de un presunto delito continuado de falseamiento de cuentas anuales, iniciado en 1987, cuando el Banco de Vizcaya decidió abrir unas cuentas por valor de 224 millones de euros en la Isla de Jersey destinadas a financiar la recompra de acciones del banco que habían caído en manos del grupo kuwaití KIO a través de su filial española Torras Hostench. Estas cuentas se utilizaron posteriormente para realizar operaciones de ingeniería financiera que no quedaron registradas en las cuentas anuales del banco hasta el año 2000.
