MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal han solicitado el archivo de las imputaciones por presunta prevaricación formuladas contra el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura, y el presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC), José Antonio González Angulo, en la causa abierta por las irregularidades contables de La Seda, según fuentes del TSJM.
De esta forma, el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ha suspendido las declaraciones que estaban señaladas para mañana hasta la resolución de estas peticiones, según las mismas fuentes.
El juez imputó a ambos un presunto delito de prevaricación al considerar que podrían haber eludido sus obligaciones de investigación y control sobre las irregularidades contables que presuntamente han cometido algunos ex gestores de la empresa química catalana.
La causa está motivada por la denuncia presentada por la Asociación Unidos por La Seda, que reúne a cerca de 400 accionistas minoritarios, que representan cerca del 2% de la empresa, y que también mantienen varias causas abiertas en los juzgados contra los antiguos gestores de la compañía.
Por su parte, el pasado mes de mayo, el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional concluyó que existían indicios en la actuación de Segura y Gonzalo que "hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", y remitió la denuncia a los juzgados de Plaza Castilla.
Además, la Fiscalía de Delitos Económicos de Cataluña remitió el pasado mes de noviembre a la Audiencia Nacional su escrito de denuncia contra el ex presidente de La Seda, Rafael Español; el ex director general, Aurelio González-Isla, y una decena de personas por presuntos delitos de apropiación indebida y contra la Hacienda pública durante la etapa en que estuvieron al frente de la compañía.
El fiscal considera que las presuntas irregularidades llevadas a cabo en la gestión de la compañía química superan los 200 millones de euros y afectan a las cuentas de 2006 y 2007. En junio de 2009, la CNMV suspendió la cotización de la compañía al detectar las supuestas falsedades contables y levantó la suspensión al mes siguiente.
Los minoritarios también piden a la Audiencia Nacional que se investigue si la anterior cúpula de gestores, encabezada por Rafael Español, es responsable de cuantiosas irregularidades contables y falseamiento de cuentas realizadas con el objetivo de descapitalizar el grupo.
Estos procesos judiciales avanzan en paralelo a otra causa abierta en los juzgados penales de Barcelona y de El Prat de LLobregat, sede social de la empresa, en la que están imputados Español y González-Isla por presuntos delitos de apropiación indebida cometidos durante la etapa en que estuvieron al frente de la compañía catalana.
