El fiscal mantiene la acusación contra el ex inspector Pernas, Gómez Molina y Aznar y pide la absolución de Valera

BARCELONA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Anticorrupción y el abogado del Estado mantuvieron esta

tarde las acusaciones y las peticiones de cárcel para el ex inspector

de Hacienda Alvaro Pernas, su ayudante, Fabián Gómez Molina, y el

propietario de la empresa inmobiliaria Metro 3, Baltasar Aznar,

aunque pidieron la absolución para el ex asesor de la empresa Ricardo

Valera Escolano, para quien el fiscal solicitaba inicialmente una

pena de dos años de prisión.

El juicio, que es una pieza separada de la presunta trama de

corrupción en la Delegación de Hacienda en Catalunya que investiga

una juez de Barcelona, quedará esta tarde visto para sentencia

después de que el fiscal, el abogado del Estado y las defensas

formulen sus conclusiones finales. Las acusaciones mantuvieron todas

las imputaciones para los tres primeros acusados, menos para Valera,

que sufrió hace un año aproximadamente un "hematoma intercerebral" y

ya aseguró durante su declaración ante el tribunal que no sabía "muy

bien" por qué estaba sentado en el banquillo de los acusados.

Al inicio del juicio, su abogado ya solicitó el archivo de las

diligencias para su defendido por cuanto no estaba en condiciones de

"de ser juzgado". Además, Valera no asistió a ninguna de las sesiones

del juicio, a excepción de los escasos minutos que prestó

declaración.

La Audiencia de Barcelona inició el pasado miércoles el juicio por el

"caso Hacienda", trama que investiga la titular del Juzgado

Instrucción número 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, desde que la

Fiscalía Anticorrupción presentó una querella en marzo de 2000 contra

siete miembros de la Delegación de Hacienda en Catalunya en los años

90. El fiscal solicitó 14 años de cárcel, 34 años de inhabilitación y

una multa de 480.809 euros por delitos de cohecho y prevaricación,

entre otros.

Alvaro Pernas fue responsable de la Unidad Regional de Inspección de

Catalunya dedicada a "la comprobación de las autoliquidaciones

tributarias de los contribuyentes relacionados con el sector

inmobiliario" desde 1992 hasta que, a comienzos de 1999, fue

suspendido de sus funciones.

Durante el juicio, Pernas negó que ofreciera a Aznar "arreglarle" la

inspección a cambio de 60 millones de pesetas, aunque el empresario

explicó que un "intermediario" le realizó esta propuesta. Para

Baltasar Aznar, el fiscal solicitó siete años de cárcel, 20 de

inhabilitación y multa de 360.607 euros. Pernas justificó los errores

en las actas alegando errores informáticos. "Yo no manejo muy bien el

ordenador", señaló el ex inspector, que añadió que en aquella época

se acababa de estrenar un programa informático para realizar las

inspecciones.

El fiscal pidió además ocho años de prisión para el subinspector de

Hacienda y colaborador de Pernas en la Agencia Tributaria, Fabián

Gómez, mientras que solicitó la absolución para el ex asesor fiscal

externo de Metro 3. Los hechos se produjeron en 1992, cuando el ex

inspector regional de Catalunya, Josep Huguet, imputado en la causa

principal de la trama, incluyó a la empresa Metro 3 en un plan de

inspección, después de que Pernas se lo hubiera propuesto. Según la

Fiscalía, ni Pernas ni su colaborador Fabián Gómez inspeccionaron la

empresa.

No obstante, en 1997 se inició la investigación del estado de las

cuentas de Metro 3 y, tras recabar información, se descubrió que la

deuda de la empresa podía ser "de cuantioso importe", después de que

fueran detectadas irregularidades. En noviembre de 1998, un

intermediario del propietario de Metro 3, Enrique V.T., que declaró

como testigo en el juicio, se reunió con Pernas y éste último le

comunicó que "estaba dispuesto a levantar actas por un importe

reducido si se le abonaba" la cantidad de 360.607 euros.

Así, el fiscal acusa a Pernas y a Gómez de destruir y ocultar

documentos que formaban parte de la inspección de Metro 3 y que

fueron descubiertos por "su superior jerárquico", el inspector

Regional José Luis Prada Larrea, que en diciembre de 1998 anuló las

actas extendidas a Metro 3. Según la acusación pública, "como

consecuencia de la conducta de los acusados" la Hacienda Pública

resultó perjudicada en la cantidad de 2,7 millones de euros

"defraudados en su día por Metro 3" por "Impuesto sobre Sociedades y

sobre Valor Añadido" correspondientes a ejercicios de diversos años.

Según el fiscal, el fraude fue fruto del "acuerdo crimnal" de los

acusados. La pieza principal de la presunta trama de corrupción de

Hacienda apunta a los miembros de una trama de inspectores que

supuestamente levantaban actas "a medida" a cambio de dinero. Las

investigaciones de la juez apuntan a los ex altos cargos de Hacienda

en Catalunya Josep Huguet y Ernesto Aguiar como los cabecillas de la

trama. La juez imputó recientemente, en otra pieza separada de la

principal, al ex presidente del FC Barcelona, Josep Lluís Núñez

Clemente.

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05-Jul-2002 20:45:02

(EUROPA PRESS)

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