Gescartera.- La CNMV confió en la conformidad de los clientes y en la información dada por los responsables de la firma

Actualizado: martes, 16 octubre 2007 15:58


MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ex jefe de la unidad de Vigilancia de los Mercados de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y último supervisor de Gescartera -de julio de 1999 hasta la intervención-, Antonio Botella, afirmó hoy durante su declaración como testigo en el juicio oral que los inspectores de la CNMV confiaron en la "conformidad" de los clientes y en la documentación bancaria aportada por los responsables de Gescartera durante las inspecciones realizadas a partir de 1998.

Botella explicó que el "primer conocimiento" para verificar el desfase patrimonial de los 42 millones de euros que gestionaba Gescartera y para proceder a la intervención tuvo lugar el 11 de junio de 2001, tres días antes de la misma, cuando el banco Santander corroboró la falsificación de un certificado con el que trataron de justificar alrededor de 15 millones de euros de los fondos de los clientes depositados supuestamente en dicha entidad. "No había procedimientos establecidos para la comprobación, dependía de la habilidad de los técnicos", afirmó el testigo.

La primera circularización de clientes realizada por la CNMV durante el año 1998, bajo la supervisión de Carlos Vives, mostró unas respuestas "preparadas" y "peculiares" donde todos los inversores dieron su "conformidad", explicó Botella. En el informe elaborado por Vives se detectó que el Arzobispado de Valladolid había recibido más de 6 millones de euros cuando en las cuentas de Gescartera figuraba una inversión de 30 millones. "Eso me torturaba", afirmó el testigo.

27 MILLONES EN EL EXTRANJERO.

Al hacerse cargo de la supervisión en julio de 1999, Botella procedió a actualizar la situación de Gescartera a fecha de 30 de junio de 2001. El supervisor comprobó que la agencia de valores poseía 77 millones de euros repartidos en valores (alrededor de 42 millones de euros), otra parte en efectivo y alrededor de 27 millones de euros depositados en el extranjero para la constitución de una sicav en Luxemburgo a través de la entidad HSBC.

A finales de septiembre de 2001, el HSBC comunicó a la CNMV que desistían de la constitución de la sicav a raíz de las investigaciones del organismo regulador sobre Gescartera. Botella informó a Camacho y Ruiz de la Serna de que la situación era "límite" y que la "única" forma de justificar la presencia de fondos era su repatriación a España.

Para justificar la presencia de los fondos, los responsables de Gescartera aportaron cinco documentos: la apertura de una cuenta en 'La Caixa', tres talones por valor de 27 millones de euros librados por la sociedad Hari 2000 y un extracto de cuenta corriente que demostraba que los talones habían sido abonados y asignados a una lista de clientes, extracto que resultó ser falso.

Esta documentación llevó a los inspectores a "la conclusión de que no había agujero patrimonial, aunque no cotejamos con 'La Caixa'", explicó Botella. La CNMV advirtió que seguían operando irregularmente con una cuenta "ómnibus".

FALSEDAD DOCUMENTAL.

En febrero de 2001 y tras aceptar la conversión de Gescartera de sociedad de carteras a agencia de valores, la entonces presidenta de la CNMV, Pilar Valiente, solicitó a Botella que comprobara si Gescartera había subsanado las irregularidades detectadas. Camacho y Ruiz de la Serna, aportaron en los días previos a la intervención un certificado de Caja Madrid por valor de unos 78.000 euros, un extracto de cuenta de 'La Caixa' donde figuraba una saldo de 27 millones de euros adjudicados a un listado de clientes y, en última instancia, un certificado del banco Santander por valor de 15 millones de euros.

"Llamamos al Santander y nos dijeron que allí no había dinero de Gescartera", afirmó Botella, quien posteriormente también comprobó la falsedad del certificado de 'La Caixa'. El organismo regulador tuvo así la certeza de la existencia del agujero patrimonial y procedió a la intervención del 14 de junio de 2001, el mismo día en el que Camacho trató de justificar la presencia de 27 millones de euros depositados en la sociedad Martin Investments domiciliada en el paraíso fiscal de Delaware (Estados Unidos).