Publicado 27/06/2022 18:54

La AIReF advierte de que las pensiones suponen el 86% del aumento del gasto recomendado por Bruselas para 2023

La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso
La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso - CONGRESO

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha advertido de que el mayor gasto previsto en pensiones supone 13.000 millones de euros del máximo de 15.000 millones de euros que, según las orientaciones de la Comisión Europea, debería aumentar el gasto corriente España el próximo año.

Según ha explicado en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso, la recomendación específica propuesta para España es que el gasto primario corriente financiado con recursos propios no crezca más que su PIB potencial.

Eso, ha explicado Herrero, supone respecto a 2022 un ratio de déficit respecto a PIB de medio punto inferior, y eso excluyendo del cómputo las medidas de carácter temporal y selectivo que se han aprobado para afrontar la crisis energética, según "la interpretación más favorable" que ha realizado la AIReF.

"Esto no significa que pidan recortes", ha puntualizando, señalando que, al contrario, "permite un aumento de gasto corriente de 15.000 millones de euros".

"El problema es que de esos 15.000 millones, 13.000 millones ya están cubiertos por el crecimiento previsto por pensiones", ha manifestado la presidenta de la AIReF, que ha cifrado en el entorno de 0,5 puntos de PIB el margen que queda para gasto corriente ajena al sistema público de pensiones, según esta recomendación.

Durante su comparecencia para presentar el Informe sobre la actualización del programa de Estabilidad 2022-2025, Herrero ha expuesto otras dos nuevas recomendaciones al Ministerio de Hacienda contenidos en este documento.

"HOLGURA" EN LAS PREVISIONES PARA CUMPLIR GASTANDO DE MÁS

Una de ellas está dirigida a que todo ingreso por encima de lo previsto y aquellos de carácter temporal se dirijan a acelerar la reducción de déficit estrucutral y huir de aumentos de gasto o reducciones de ingresos de carácter estructural sin aumentos de ingresos estructurales que los respalden.

En este sentido, ha lamentado la "holgura" de las tasas de referencia, y los objetivos planteados para los próximos años pese a haber cerrado con un déficit 1,5 puntos mejor de lo esperado el pasado año, algo que influye en el comportamiento de las Administraciones.

Es el caso de las comunidades autónomas, donde detecta un exceso de endeudamiento de 8.000 millones de euros "no vinculado en necesidades reales de financiación", pese a que además no son las administraciones que han asumido el mayor coste de la pandemia, con las transferencias a cargo de la Administración central.

"Hay un comportamiento estratégico de todas las administraciones en poner tasas de referencia que luego se van a cumplir holgadamente, aunque no son objetivos y no pasaría nada por incumplirlas", ha explicado Herrero, que cree que se fijan objetivos con "cierto margen" pues "permite luego decir que se está cumpliendo con el objetivo de reducción el déficit, pese a la necesidad de adoptar medidas".

LA PRÓRROGA DEL DECRETO ANTICRISIS NO ESTABA PREVISTA

La presidenta de la AIReF ha puesto el ejemplo de las comunidades autónomas, pero también la previsión infravalorada de los ingresos por parte del Ministerio de Hacienda. Este departamento, ha señalado Herrero, va a cumplir "ampliamente" sus previsiones de déficit pese a que no preveía la prórroga de las medidas anticrisis.

"Explícitamente se decía que no se contemplaba la prórroga de las medidas", ha dicho Herrero, que ha cifrado en 7.000 millones de euros la factura del último decreto ley aprobado por el Gobierno, cifra inferior a la de 9.000 millones anunciada por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Herrero ha hilado esta cuestión con la segunda de sus nuevas recomendaciones, que pide evaluar el impacto de las medidas adoptadas en términos de eficiencia, eficacia e impacto redistributivo antes de decidir su eventual prórroga, diseñar las nuevas medidas atendiendo a estos criterios y, en caso de que supongan um aumento estructural del déficit, identificar su fuente de financiación.