MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha apelado este jueves en el Pleno del Congreso a la "responsabilidad y sentido de Estado" para la convalidación del Real Decreto Ley que traspone la normativa europea de MiFID II para dar total transparencia y protección al inversor.
"Estamos poniendo todo de nuestra parte para dar seguridad y certidumbre a los agentes económicos, y así honrar a nuestros compromisos europeos, evitar sanciones a nuestro país y para reforzar la protección de los ciudadanos e inversores", ha subrayado la titular de la cartera económica del Gobierno.
El Pleno del Congreso vota hoy la convalidación de esta normativa que modifica el texto refundido de la Ley de Mercado de Valores, con el objetivo de adaptarla a la complejidad de los mercados tras la reciente crisis económica.
"Esto es una muestra de la importancia que tiene el hecho de que España se ponga al día en el calendario de trasposición de directivas. El Gobierno está poniendo todo su empeño en ello", ha indicado.
MiFID II, que se tramitará como proyecto de ley para que los grupos parlamentarios puedan introducir enmiendas, nace con el objetivo múltiple de impulsar que la negociación de instrumentos financieros se haga en centros sujetos a regulación, en aras de garantizar la transparencia y seguridad, así como la de reforzar la protección de los inversores en el marco de las empresas de servicios de inversión.
"La directiva MiFID II es una de las más relevantes en términos de regulación financiera que está en vigor en la Unión Europea. Su trasposición es urgente. Tanto es así que en paralelo a la adopción de este real decreto ley, el Gobierno ha comenzado ya a tramitar el desarrollo de las disposiciones aprobadas como rango de ley", ha precisado Calviño.
En este sentido, ha añadido que el Ejecutivo ha solicitado que se le aplique la vía administrativa de urgencia con vistas a que la trasposición quede completada antes de final de año.
Calviño ha explicado que una parte de esta regulación ya está traspuesta en el ordenamiento español, a través de un decreto ley que se aprobó en 2017 y que la Comisión del Congreso está tramitando como proyecto de ley.
La parte ya traspuesta es la relacionada con los centros de negociación y régimen sancionador, pero aun queda pendiente una parte del contenido que debía haber entrado en vigor en julio de 2017, hace ya 15 meses. De hecho, la Comisión europea ya interpuso una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por incumplimiento, con propuesta de sanción.
Según Calviño, esta propuesta de sanción es la que ha llevado al Gobierno a traer este jueves al Pleno del Congreso la convalidación de MiFID II, para "cumplir con las obligaciones y evitar que la Comisión interponga dicha demanda".
También ha subrayado que resulta "acuciante" evitar la incertidumbre regulatoria que puede acarrear a las empresas de servicios de inversión españolas este retraso. "Queremos tener un marco regulatorio cierto, completo y estable, y posicionarnos entre los Estados más atractivos en el ámbito de la unión de mercados de capitales", ha dicho.
"MiFID II es una pieza esencial para el establecimiento de un mercado único de instrumentos financieros y evitar reglas discriminatorias en la prestación de los servicios de inversión", ha aseverado la ministra.
RETRASO EN LA TRASPOSICIÓN
Todos los grupos parlamentarios de la oposición han criticado la tardanza en la trasposición de la normativa europea al ordenamiento jurídico español, a la vez que han añadido la relevancia de aplicación de la misma por la seguridad y certidumbre que conlleva para los mercados.
Los portavoces del Grupo Parlamentario Mixto, Isidro Manuel Martínez Oblanca y Lourdes Ciuró, han subrayado el "considerable retraso" con el que llega el Estado español, hecho que conlleva, además de las sanciones correspondientes, un coste reputacional "importante".
En este sentido, han recalcado, junto a Idoia Sagastizabal, portavoz parlamentaria del PNV, su intención de apoyar la solicitud de que se trate como proyecto de ley para poder introducir "algunas" modificaciones.
Por otro lado, el portavoz de Esquerra Republicana, Joan Capdevila, ha hecho hincapié en el hecho de que la trasposición de esta normativa "viene de oficio y de obligado cumplimiento", a la vez que ha cuestionado la suposición de que si una normativa llega de Europa es buena. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), por ejemplo, pierde control de entrada con su aplicación. "Aprobar esta trasposición apurando el límite de calendario no hace más que aumentar las dudas", ha apuntado.
Francisco de la Torre, portavoz de Ciudadanos, ha señalado que "no queda más remedio al estar al límite de la campana", por lo que el partido que representa votará a favor por una cuestión de responsabilidad.
"Está muy bien, pero hay cuestiones de fondo y de calado que deberían estar presentes en este decreto ley, por lo que nos abstendremos", ha asegurado Alberto Montero, del grupo parlamentario de Unidos Podemosos-En Comú Podem-En Mare.
PÉRDIDA DE ATRACTIVO ANTE EL BREXIT
El portavoz del PSOE, Gonzalo Palacín, ha mencionado que, además de perturbar el funcionamiento del mercado único, el retraso de esta normativa, provoca inseguridad jurídica y una incertidumbre regulatoria que afecta consecuentemente a la competitividad, perdiendo una importante capacidad de atracción en un momento en el que las empresas se están deslocalizando por el Brexit.
Por último, Teresa Palmer Tous, del Partido Popular, ha pedido que se reflexione para entender la "gravedad" de la situación, asegurando que el grupo que representa votará a favor de la convalidación del real decreto para interponer los intereses de los españoles.
