Creen "inadmisible" que las industrias "eviten costes en la seguridad de sus instalaciones a costa de la vida y la salud de la población"
MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
Con motivo del 30 aniversario del accidente industrial de Severo (Italia), que se celebra hoy, la ONG Ecologistas en Acción denuncia la "deficiente aplicación" de la Ley sobre Riesgos de Accidentes Mayores en la Industria y lamenta el "estado de desinformación" de la población acerca de los riesgos a que está expuesta. En España, el número total de instalaciones afectadas por esta normativa es de 545.
En un comunicado, EA recuerda que este accidente ocurrió en Italia el 10 de julio de 1976 en una fábrica de productos químicos que la multinacional Roche tenía en esta localidad. Aquel día se produjo la fuga de unos 2 kilogramos de una sustancia llamada 'tetracloro-p-dibenzodioxina', de extremada toxicidad y persistencia en el Medio Ambiente.
Las consecuencias inmediatas fueron, entre otras, daños permanentes a cientos de personas, el sacrificio de más de 75.000 animales afectados, y 18 hectáreas de terrenos contaminados. En el área de mayor peligro 700 personas tuvieron que ser evacuadas y en el área de riesgo intermedio, donde vivían 5.000 personas, se hubo de evacuar a los niños y mujeres gestantes.
Con motivo de la alarma social que se creó a raíz de este accidente, en la Unión Europea se adoptó la Directiva denominada 'Seveso', una normativa que en España se aplica, fundamentalmente, por el Real Decreto 1254/1999, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
Esta norma ha sido modificada recientemente por el RD 948/2005, de 29 de julio, entre otros motivos para incorporar la última modificación europea (Directiva 'Seveso III', que tiene en cuenta experiencias de accidentes como los de Doñana u otros como los vertidos de cianuro al Danubio o la explosión que tuvo lugar en una fábrica francesa de fertilizantes de Toulouse) y para trasponer algunas obligaciones contenidas en la Directiva 'Seveso II' que no habían sido recogidas correctamente.
Según la ONG, esta deficiente trasposición ocasionó un apercibimiento por escrito por parte de la Comisión Europea a las autoridades españolas. A juicio de la Comisión, la legislación española "no ofrecía la protección adecuada al público, ni al Medio Ambiente".
A su juicio, y a pesar de todo, sucesos como fugas y escapes, donde se han producido muertes entre la población, "ponen de manifiesto la falta de rigor de la normativa", pues permite que industrias que demuestran tener riesgos para la población "no tengan Plan de Emergencia Exterior, según lo establecido en la Ley Sobre Riesgos de Accidentes Mayores en la Industria".
En este sentido, Ecologistas en Acción califica así de "inadmisible" que las industrias "eviten costes en la seguridad de sus instalaciones a costa de la vida y la salud de la población" y considera responsables a las industrias peligrosas, a los órganos competentes de la Administración y a los órganos legislativos.
OBLIGACION DE INFORMAR
Por otro lado, Ecologistas en Acción considera además que la obligatoriedad de informar a la población que especifica la normativa vigente "es sistemáticamente incumplida". Según la normativa, la población "debe ser informada semestralmente sobre los posibles riesgos de las actividades industriales radicadas en su territorio y sobre las instrucciones a seguir en caso de una alarma por accidente en dichas industrias". Sin embargo, dicha información "no llega a la población, la cual ignora que está expuesta a riesgos de accidentes industriales y cómo reaccionar en caso de éste".
Según el Informe Técnico 'Seveso' de la Dirección General de Protección Civil la mayoría de los accidentes registrados en España en industrias afectadas por la normativa se produce en la industria petroquímica y de refinado, y en la fabricación de productos químicos.
De los accidentes analizados en ese Informe, Andalucía, País Vasco y Cataluña registran el mayor número de casos, con un 12, 16 y 36% de los mismos respectivamente. En España, el número total de instalaciones afectadas por esta normativa es de 545.
Por Comunidades Autónomas, destaca Cataluña con 143 instalaciones, seguida por Andalucía (55), Madrid (53), Castilla y León (47), País Vasco (44). Las comunidades con menos industrias peligrosas afectadas por esta normativa son Cantabria (8), Canarias (7), Baleares (5) y la Rioja, con dos.
Para Ecologistas en Acción estos datos "demuestran con claridad que no son necesarias industrias contaminantes y peligrosas para el desarrollo de una región" y vuelve a pedir que se prescinda ellas.
En caso de existir, las industrias y los organismos competentes "deben cumplir con las obligaciones que les impone la legislación vigente" y que se deben tomar medidas preventivas en la construcción de nuevas instalaciones y en la implantación de nuevas tecnologías que eviten la posibilidad de accidentes.
Asimismo, creen que es necesario que se informe adecuadamente a la población de los riesgos a que está sometida por las actividades industriales ejercidas en su entorno y que los Planes de Emergencia Exterior de las industrias con riesgo de accidentes mayores estén suficientemente dotados de medios para actuar y que sean dados a conocer a los ciudadanos.
Además, apuestan por que "se aplique todo el rigor sancionador contra las industrias que incumplen las obligaciones y plazos que les impone la legislación vigente" y se revise la legislación vigente obligando a la existencia de Planes de Emergencia con límites más estrictos que el mínimo exigido por la Directiva Europea y que su aplicación suponga además la aplicación de medidas preventivas que eviten accidentes.
Finalmente, piden que se elabore un Plan Nacional de revisión de tecnologías destinado a la sustitución de las tecnologías con riesgos industriales por tecnologías limpias sin riesgos y respetuosas con el Medio Ambiente.
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