Exigen mayor transparencia que permita el seguimiento por parte de la sociedad del estado de la seguridad de las instalaciones nucleares
MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
Ecologistas en Acción pidió hoy la reforma del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para su democratización así como la actualización de las sanciones previstas en la legislación, y el incremento de la responsabilidad civil para las empresas que gestionan las centrales nucleares en caso de producirse imprevistos en su funcionamiento o accidentes.
Con motivo de la celebración esta mañana de una mesa de diálogo social monográfica sobre el tema de la energía nuclear y su legislación, la ONG recuerda en un comunicado que la legislación nuclear española data de 1967 en que se promulgó la Ley de Energía Nuclear.
Además, en 1980 se promulga la Ley de Creación del CSN y, con posterioridad el Reglamento de Instalaciones Radiactivas, un conjunto de leyes que a su juicio, "resultan hoy insuficientes para garantizar un funcionamiento de las centrales nucleares transparente y seguro".
Asimismo, señalan, el CSN se ha revelado como un organismo "poco eficaz" para ejercer un control fuerte sobre las centrales nucleares y los Consejeros se han mostrado a menudo "demasiado tolerantes con los incumplimientos" y han otorgado con mucha frecuencia exenciones al cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento.
Existen numerosos ejemplos de este hecho. En mayo de 2003 el CSN decidió eximir a los responsables de la central nuclear de Almaraz del cumplimiento de una de sus Especificaciones Técnicas de Funcionamiento y autorizar la puesta en marcha de la central sin haber reparado totalmente el generador diesel de emergencia número 4, que sufrió un incendio, y vital para garantizar su seguridad.
También aluden como ejemplo de esta ineficacia a la autorización de las reparaciones de las centrales de Zorita (Guadalajara) o de Garoña (Burgos) y, más recientemente, los "escandalosos problemas" de seguridad que ha sufrido la central de Vandellós II (Tarragona) por el mal control del CSN y la dejadez de sus explotadores.
"Se hace necesaria, por tanto, una regulación del CSN que le obligue a una mayor transparencia y que permita el seguimiento por parte de la sociedad del estado de la seguridad de las instalaciones nucleares", insiste Ecologistas.
PUNTOS A MEJORAR
Entre los puntos que deben ser mejorados en la legislación, Ecologistas señala el de la responsabilidad civil de las centrales nucleares. En caso de accidente con daños a terceros, el explotador de la central sólo está obligado por ley a indemnizar por un valor de 120 millones de euros. "Esta cantidad puede parecer abultada pero no lo es en absoluto si tenemos en cuenta la cuantía de los daños a que puede llegar un accidente nuclear", afirman.
Los daños del accidente de Chernobil en 1986 en Ucrania fueron valorados en unos 240.000 millones de euros. Si se actualizan por la inflación, esta cantidad podría suponer unos 320.000 millones de euros actuales. "Si bien un accidente como éste es improbable, no es imposible puesto que ya ha ocurrido", afirman, y "no parece justo ni sensato que el límite de la responsabilidad civil esté en una cifra tan baja". En caso daños que superen los 120 millones de euros, debería ser el Estado quien se hiciera cargo de las indemnizaciones, lo que resulta "manifiestamente injusto".
Otro aspecto señalado por la ONG son las sanciones que el CSN puede imponer en caos de irregularidad, que ascienden a unos máximos de 60.000 euros en caso de falta leve, de 600.000 euros en caso de falta grave y de 3 millones de euros en caso de falta muy grave.
"Si tenemos en cuenta que una gran central pude facturar unos 2 millones de euros diarios, las anteriores sanciones son claramente insuficientes para resultar disuasorias para los explotadores de las centrales nucleares", defienden.
A las centrales "les resulta más rentable operar en malas condiciones, violando las reglas, que parar para reparar las averías", como demuestra lo ocurrido en la central de Almaraz, que fue sancionada a pagar dos multas de 200.000 y 300.500 euros en marzo de 2001 por no comunicar un sobrecalentamiento de las aguas de refrigeración que hubiesen obligado a una parada preventiva ya que hacía peligrar la seguridad.
Este incumplimiento "fue rentable para los responsables de la central que tuvieron que pagar estas cantidades comparativamente ridículas si tenemos en cuenta que ambos reactores entonces facturaban al día unos 2,4 millones de euros y el cumplimiento de la normas les hubiese obligado a tener que dejar de funcionar varios días". "Por suerte, este caso no tuvo consecuencias fatales", pero desde Ecologistas en Acción temen que la próxima vez "pueda tenerlas", de ahí su petición de que estos aspectos se retoquen en una nueva legislación nuclear.
